Protección
a Perpetuidad de Tierras Privadas en la Patagonia Argentina
Estudio
de Caso - Las Lagunas de Epulauquen - Provincia de Neuquén
Por Agnès Sibileau y Ezequiel Francisco
Santagada
Buenos Aires, enero de 2003. Fuente: Fundación Neuquén
Si bien el derecho real de servidumbre
analizado en este trabajo existe desde el derecho romano y fue posteriormente
incorporado a la legislación común argentina, su implementación para la
conservación de la diversidad biológica en tierras privadas es un fenómeno
reciente que conlleva una razonable incertidumbre. Por ello, este trabajo se
propone presentar el análisis de un proceso arbitral que puso en tela de juicio
a una servidumbre ambiental, con el fin de difundir los resultados obtenidos. El
caso que nos ocupa -un conflicto de intereses que involucró a la Fundación
Neuquén (la "Fundación") respecto de una servidumbre ambiental
constituida a su favor en las Lagunas de Epulauquen (provincia del Neuquén)-
dio lugar a un laudo arbitral que constituye un importante precedente
jurisprudencial en el ámbito del Derecho Ambiental.
Con este objeto, haremos en primer lugar
una breve exposición del funcionamiento de los procesos arbitrales en nuestro
país y detallaremos los antecedentes del caso. A continuación, realizaremos un
estudio de los alegatos de las partes, lo que muestra algunos de los problemas
jurídicos que pueden surgir en relación con la constitución de una
servidumbre de estas características. Finalmente, el laudo arbitral que se
analizará constituye una primera toma de posición por parte de un tribunal
argentino frente a una cuestión novedosa como lo es la participación privada
en la conservación del patrimonio natural.
En
el sistema federal de gobierno de la República la Argentina plasmado en el artículo
1 Constitución Nacional ("C.N")
coexisten el Estado Federal (Nación) y los distintos Estados Provinciales, cada
uno con competencias bien definidas en la Constitución Nacional. Dentro de la
órbita de atribuciones del Estado Nacional, se encuentra la de dictar, a través
del Congreso de la Nación -donde están representados los ciudadanos (Cámara
de Diputados) y las provincias (Cámara de Senadores)-, los Códigos de Fondo
(Art. 75 inc.12 C.N.): Código Civil, Comercial,
Laboral, Penal y de Minería, que se aplican en todo el territorio de la República.
Así, el Código Civil Argentino tiene validez en el territorio de la Nación
pero su interpretación judicial queda en manos del Poder Judicial de cada una
de las Provincias, cuyas decisiones tienen fuerza de cosa juzgada
en todo el país.
Entre
las atribuciones provinciales se encuentran la de organizar su sistema judicial
(Art. 5 y 123 C.N.)
y la de dictar sus propios Códigos de Procedimiento que se aplicarán ante los
respectivos Tribunales Provinciales. A su vez, cada uno de los Códigos
Procesales provinciales destina un Título a la regulación de los procesos
arbitrales. La jurisdicción arbitral está permitida en aquellas cuestiones
civiles y/o comerciales que puedan ser objeto de transacción. Todos los Códigos
reconocen calidad de cosa juzgada a las decisiones firmes emanadas de árbitros
elegidos conforme al procedimiento establecido en dichos códigos procesales y,
cuando corresponde, a las reglas de las instituciones arbitrales. Los Tribunales
Arbitrales sólo tienen jurisdicción sobre las cuestiones que las partes
expresamente les han conferido y -a diferencia de la jurisdicción judicial- no
tienen la facultad de ordenar la ejecución forzada de sus decisiones ni de
implementar medidas cautelares, sino que estas acciones deben ser solicitadas a
los tribunales de justicia ordinarios. En esos casos, tanto la ejecución de los
laudos arbitrales como las medidas cautelares deben interponerse ante los
tribunales locales competentes. Por otra parte, y a semejanza de las decisiones
de la jurisdicción judicial provincial, los laudos emitidos conforme a las
reglas de cada uno de los mencionados códigos provinciales tienen validez en
todo el país.
A
excepción de la legislación que creó el sistema de Parques Nacionales,
que ya tiene casi cien años, la Argentina no ha conocido otras políticas
eficaces de conservación de la diversidad biológica. Desde los comienzos de la
producción agrícola intensiva, la tala indiscriminada de bosques nativos ha
pasado, según el caso, desapercibida o justificada. En el último siglo se
perdieron más de setenta millones de hectáreas de la masa boscosa nativa,
generándose, por este y otros motivos, procesos de desertificación en enormes
áreas del territorio nacional.
Ahora bien, la expansión de la frontera agropecuaria ha tenido lugar,
esencialmente, en tierras del dominio privado. Este proceso muestra claramente
que ninguna política de conservación de la diversidad biológica puede tener
eficacia si no contempla claros objetivos de conservación para estas tierras.
Además,
la conservación de la biodiversidad estuvo hasta ahora asociada con la
necesidad de proteger el valor escénico de los grandes espacios naturales, y
esencialmente relacionada con la propiedad estatal, sin atender a la importancia
de la preservación de otros sistemas con recursos naturales valiosos,
existentes en tierras privadas.
A
modo de ejemplo, se puede observar que las políticas y los programas de
forestación que se ejecutaron en el país a partir de la década del 50
tampoco tuvieron en cuenta el problema de conservar la biodiversidad y las
grandes masas boscosas nativas. Ello, sin considerar los nuevos problemas que
trae aparejados la reciente legislación forestal argentina con el
desdoblamiento del derecho de superficie.
En
este estado, la incorporación de nuevos instrumentos jurídicos a la problemática
ambiental intenta llenar el vacío existente en el difícil diseño de políticas
destinadas a la conservación de tierras privadas, sin pretender sustituir en
absoluto la potestad del Estado en la materia.
Si
bien la mayoría de los países latinoamericanos ya utilizaban el instrumento
jurídico de la servidumbre ambiental o ecológica para la conservación de
tierras privadas, en la Argentina no había registro de su aplicación hasta el
caso en cuestión.
La servidumbre ambiental no aparece explícitamente designada en el Código
Civil, pero es factible pues es inherente al marco legal genérico de las
servidumbres: desmembramiento del dominio de un inmueble (fundo sirviente) que
beneficia a otro inmueble (fundo dominante). Específicamente, puede incluirse
dentro de las servidumbres atípicas descriptas en el artículo 3000 del Código
Civil.
Como
en todas las legislaciones civiles originadas en el derecho continental de raíz
romana, para que estas servidumbres puedan constituirse se requiere de dos
propiedades que tengan algún nexo relevante entre sí, de tal modo que la
propiedad sirviente proporcione alguna ventaja a la propiedad dominante. En la
servidumbre ambiental, el beneficio que un inmueble le proporciona al otro es la
permanencia de ciertos atributos ecológicos presentes en el fundo sirviente en
beneficio del fundo dominante, por motivos diversos, entre otros, la preservación
del paisaje que se disfruta de un inmueble a otro, de fuentes o de cursos de
agua comunes; el mantenimiento de microecosistemas compartidos; la prevención
de procesos de desertificación; el mantenimiento de hábitats de especies
diversas; etcétera.
En 1999, la Fundación comenzó a investigar la posibilidad de constituir una
servidumbre ambiental en la Patagonia, más precisamente en el Noroeste de la
Provincia del Neuquén, a pocos kilómetros de la frontera con Chile, en la zona
denominada Las Lagunas de Epulauquen. Esta región conforma el límite
septentrional de la delgada franja de los bosques andino-patagónicos, también
conocidos como bosques subantárticos, que se extiende hasta el extremo sur de
la Cordillera de los Andes.
Los
terrenos seleccionados para la realización de este proyecto fueron, por un
lado, una propiedad de 50 hectáreas situada dentro de la Reserva Provincial Turístico-Forestal
"Las Lagunas de Epulauquen" (La "Reserva")",
única propiedad privada dentro de la reserva, donde se encuentra parte del último
relicto norte de bosque andino-patagónico (fundo dominante). Por el otro, una
propiedad de 144 hectáreas lindera a la Reserva, formada por una extensión
totalmente plana de bañados o humedales
surcados por un curso de agua que nace y muere en la propiedad, y une dos lagos
de origen glaciario, que conforman la cabecera de aguas de uno de los
principales afluentes de la cuenca del Río Neuquén (Río Nahueve) (fundo
sirviente).
El
fundo dominante, por razones de negociación con los antiguos propietarios,
herederos de una sucesión, fue adquirido por una persona física designada por
la Fundación para su posterior transferencia a esta última. En julio 2001 se
constituyó la servidumbre ambiental en beneficio del fundo dominante. El precio
pagado por ella consistió en una suma de dinero más el compromiso de elaboración
e implementación de un plan de manejo cada diez años, a cargo del fundo
dominante. Su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de la
Provincia fue aceptada bajo la denominación de "servidumbre real ambiental
a perpetuidad".
El
carácter real de una servidumbre tiene su fundamento en el Código Civil
Argentino donde se estipula que, para que este derecho real pueda constituirse a
perpetuidad, debe recibir la clasificación de servidumbre real, definida como
aquella que procura una utilidad al fundo dominante (Arts. 2971, 3003, 3009 CC). Las servidumbres
personales, en cambio, son definidas como aquellas que procuran una utilidad al
propietario de la heredad que hace las veces de fundo dominante y se extinguen
cuando se transfiere la propiedad o con la muerte de éste. En el caso de las
personas jurídicas, el plazo máximo de duración es de 20 años. En
consecuencia, las servidumbres personales, a diferencia de las reales, no pueden
establecerse a perpetuidad (Arts. 2972, 3003, 3004 CC).
En
la servidumbre real el factor relevante es la relación entre los dos fundos y
el beneficio que surge de la misma, aunque el beneficiario (persona) sea quien
siempre disfruta de éste. El beneficio de la servidumbre debe traducirse en una
ventaja objetiva que incremente el potencial de uso del inmueble beneficiado y
no ser simplemente una ventaja que sólo sea útil para fines personales.
En
el caso en cuestión, a los dos meses de constituida la servidumbre, es decir en
el mes de septiembre de 2001, el propietario del fundo sirviente vendió la
propiedad a un tercero y notificó la venta al titular del fundo dominante. Al
mes siguiente (octubre 2001) el fundo dominante fue transferido a la Fundación.
En
ejercicio de la titularidad del dominio, la Fundación se puso en contacto con
el nuevo dueño de la propiedad gravada para coordinar el cumplimiento del
contrato de servidumbre, a través de la carta documento de fecha 17/10/01. Sin embargo, el nuevo
dueño del fundo sirviente contestó la carta documento desconociendo el carácter
real de la servidumbre y expresando que su propiedad había soportado una
servidumbre personal y no real a favor del antiguo propietario del fundo
dominante y que, consecuentemente, con la transmisión del dominio a la Fundación,
la servidumbre se había extinguido.
Ese fue el comienzo del litigio objeto del proceso arbitral que aquí
comentamos.
El contrato de constitución de servidumbre
contenía una cláusula denominada "cláusula compromisoria", en la
que se acordaba la forma en que debían resolverse los eventuales conflictos.
Se estipulaba que, si ocurría algún "incumplimiento total o parcial de
los términos contractuales debido a diferencias sobre su validez, interpretación,
aplicación, ejecución o cumplimiento, la resolución de dicha controversia debía
someterse obligatoriamente a mediación (…)". Además, se pactó que,
ante la eventual imposibilidad de las partes de ponerse de acuerdo sobre la
elección del mediador o en caso de fracaso de la mediación, la disputa se
resolvería ante el Tribunal de Arbitraje General y Mediación del Colegio de
Escribanos de la Capital Federal (Ciudad de Buenos Aires) (el
"Tribunal").
En este caso, las partes, de común
acuerdo, decidieron recurrir directamente al Tribunal. Para ello, y en virtud de
que el conflicto ya estaba definido, se redactó el compromiso arbitral (el
"compromiso), presupuesto ineludible para recurrir a un tribunal de estas
características. Este compromiso puede asimilarse a un convenio en donde se
determinan las partes intervinientes y el objeto materia del litigio.
Si se hubiera planteado un desacuerdo en cuanto a la jurisdicción del Tribunal,
el Código de Procedimientos aplicable a esta situación (Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación) establece que la cláusula compromisoria resulta
suficiente para solicitar la constitución por vía judicial del tribunal
arbitral (artículo 742 CPCCN). Esto es, por haberse firmado dicha cláusula en
el contrato constitutivo de la servidumbre ambiental, cualquiera de las partes
habría podido compeler judicialmente a la otra a suscribir el compromiso
arbitral, bajo apercibimiento de que el Tribunal se constituyera por orden
judicial (Esto, por otra parte, es una consecuencia lógica del hecho de
equiparar la juris dictio del Tribunal –sin la executio, reiteramos- a la de
un órgano de justicia estatal).
En el compromiso arbitral, cada una de las
partes designó un árbitro y se puso en manos de los dos árbitros
seleccionados la elección del tercero. En cuanto a este tercer árbitro, la
condición estipulada por las partes era que debía ser especialista en derechos
reales y encontrarse dentro de la nómina de árbitros del Tribunal.
Merece destacarse que quienes integraron el
Tribunal son reconocidas figuras del Derecho Civil y Ambiental argentino, con
una larga trayectoria y autoridad jurídica (Doctores Lidia María Rosa Garrido
Cordobera, Ana Raquel Nuta y Eduardo Antonio Pigretti).
Se expresó, además, que la cuestión por
resolver por el Tribunal era "la caracterización como real o personal y en
consecuencia la continuidad o extinción de la servidumbre ambiental que
relaciona o relacionaba los campos (…)".
Se pactó una multa para el caso del incumplimiento de los actos indispensables
para la realización del compromiso arbitral y se renunció al recurso de
apelación. Asimismo, se pactó una jurisdicción para la eventual ejecución
del laudo y/o para la ejecución de alguna medida cautelar, si fuera necesaria.
La renuncia al recurso de alzada era un
requisito facultativo de las partes. Sin embargo, esto no implicaba que no
pudieran interponerse recursos de aclaratoria o nulidad si hubiese existido
alguna falta esencial en el procedimiento.
En marzo de 2002, el propietario del fundo
sirviente presentó la demanda ante el Tribunal solicitando la extinción de la
servidumbre ambiental. Su estrategia estuvo
dirigida a que el Tribunal determinara que la servidumbre era personal pues, de
esta forma, ésta se habría extinguido (Art. 2972)
con la mera transmisión del dominio por parte del propietario anterior a la
Fundación (Octubre 2001).
Uno de los argumentos presentados por el
demandante se basó en la afirmación de que las restricciones de la servidumbre
estuvieron sustentadas en la apreciación subjetiva del primer dueño del fundo
dominante, quien la constituyó a su arbitrio y para su personal
aprovechamiento. Por lo tanto, enajenado el inmueble a la Fundación, el
demandante sostenía que la servidumbre no podía continuar porque esos
criterios, al ser subjetivos, no tenían la entidad suficiente para conformar el
componente inherente de una servidumbre real, es decir, el beneficio, la
utilidad o la ventaja que un fundo debe proporcionar a otro. El demandante basó
este argumento en el precedente jurisprudencial que establece que “corresponde
a los jueces el examen de los títulos y análisis de los hechos para
determinar, según las circunstancias de cada caso, si puede o no admitirse la
existencia de una servidumbre real”. Asimismo, dicho decisorio expresaba que
no resultaba suficiente lo establecido en las escrituras de servidumbres pues
“no bastará a este efecto ni la calificación que las partes hagan del
derecho estipulado ni los antecedentes que resulten del título: será preciso
investigar los hechos y ver si concurren los diversos requisitos que las
servidumbres reales exigen”.
Otro argumento apeló al tradicional
criterio que atribuye al Estado competencia privativa y excluyente en la tutela
del ambiente. El demandante sostuvo que el reconocimiento del carácter real de
la servidumbre ambiental, y por ende su carácter perpetuo, debían considerarse
como una intromisión de los particulares en la esfera del Poder Público. En
efecto, afirmó que la constitución de una servidumbre ambiental a perpetuidad
comportaría el riesgo de que los criterios personales, "por vía de esta
serie de actos privados" [léase la servidumbre], vinieran a sustituir caóticamente
el criterio rector y perpetuo del bien común en materia ambiental, que “es
una potestad propia e indelegable de la Autoridad [léase Estado] en materia tan
indudablemente pública”. Este argumento estuvo basado en la interpretación
que el demandante hizo del artículo 41 de la Constitución Nacional,
entendiendo que sólo la Nación y las Provincias tenían la facultad de dictar
reglas públicas en cuestiones ambientales pero “no los particulares a los que
sólo reconoce como beneficiarios y colaboradores”.
Por último, la demanda objetó que como el
plan de manejo de la servidumbre era modificable cada diez años (cláusula
tercera del contrato de servidumbre), y por lo tanto, no había sido registrado
junto con la servidumbre, había quedado excluido de la publicidad indispensable
del régimen registral inmobiliario por lo que se generaba así una
incertidumbre jurídica para el propietario del fundo sirviente, ya que “esta
precariedad [carácter mutable] no se compadece con la permanencia que
caracteriza a las servidumbres reales”.
Ante la necesidad de responder a la demanda
y teniendo en cuenta el carácter novedoso de la servidumbre ambiental en el país,
la Fundación recurrió a la experiencia en el tema de tres reconocidas
organizaciones latinoamericanas. Así, PRONATURA de México facilitó una copia
certificada y autenticada de la Ley Nº62 Estatal de Protección Ambiental del
Estado de Veracruz. Por su parte, el Instituto de Derecho y Economía Ambiental
de Paraguay (IDEA) y el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales
de Costa Rica (CEDARENA) colaboraron con informes jurídicos realizados por
abogados de las instituciones y con el aporte de legislación sobre la materia,
todo lo cual constituyó una invalorable ayuda de carácter probatorio.
Los argumentos de la defensa se basaron esencialmente en los siguientes puntos:
a) que la legitimidad de los individuos para defender la integridad del medio
ambiente, en este caso vía una servidumbre ambiental, se sustenta en el derecho
humano fundamental a la calidad de vida,
enraizado en los derechos a la vida y a la salud,
anterior a su condición de administrados por el Estado; b) que las ventajas que
el fundo sirviente le proporciona al dominante son objetivas y se materializan
en servicios ambientales tales como el panorama que se disfruta de una propiedad
a la otra, el mantenimiento sin contaminación de los cursos de agua
compartidos, la calidad del aire, el mantenimiento de los ciclos biológicos
naturales, la prevención de procesos de contaminación y/o desertificación de
los suelos, etcétera; c) que el hecho de ser la servidumbre un contrato privado
no implica que sus fundamentos tengan un carácter arbitrario; d) que el carácter
perpetuo de la servidumbre encuentra su fundamento en dos principios rectores
del derecho ambiental: la equidad intergeneracional (sustentabilidad de los
recursos naturales) y el principio preventivo (y su variante, el principio
precautorio); e) que el plan de manejo del sitio sólo reglamenta la
implementación de las restricciones conocidas en el contrato y no innova
respecto de ellas y que, además, constituye una forma de pago periódico de la
servidumbre ya que indica al propietario del predio sirviente la forma en que
puede explotar su propiedad con el mayor provecho económico sin transgredir las
cláusulas del contrato.
La defensa afirmó que la actividad privada
en materia de conservación ambiental encuentra su legitimación en el derecho
de los individuos a un medio ambiente sano, que es un derecho humano
fundamental, y más aun, es el presupuesto de los demás derechos, por la íntima
vinculación del medio ambiente con la calidad de vida en general.
Por lo tanto, la conservación de la diversidad biológica no es una atribución
privativa y excluyente del Estado, sino que también puede ser ejercida por cada
individuo.
En tal sentido, se sostuvo que, antes que
ejercer un acto arbitrario de su voluntad como individuo, el titular de dominio
que constituyó la servidumbre se valió de las posibilidades que el Código
Civil le ofrecía para adquirir los derechos que le permitían mantener, para sí
y para sus sucesores, las aptitudes biológicas y escénicas que le
proporcionaba el fundo sirviente. Asimismo, se manifestó que ello constituía
el ejercicio armónico de un derecho fundamental a un medio ambiente sano,
obviamente adecuado a las regulaciones de la legislación y todo ello en
protección de su tierra, que es el lugar en donde el hombre desarrolla
esencialmente su vida.
Este derecho fundamental coloca a cada
sujeto en una posición autónoma en el ámbito del sistema de tutela, ofreciéndole
la posibilidad de utilizar los medios de defensa atribuidos al particular -esto
es, los institutos del derecho privado- para la conservación de un bien como el
ambiente, sobre todo ante la insuficiencia que, al menos, hasta el momento, ha
mostrado la actividad estatal en la materia.
Se destacó además que “de las acciones de los particulares, mediante los
instrumentos del derecho privado [léase en este caso la servidumbre] aunque sea
indirecta y parcialmente, puede derivar una eficaz tutela para la
colectividad”.
Por otra parte, se alegó que el objetivo
de la perpetuidad, obtenido a través del carácter real de la servidumbre,
pretendió dar respuesta a los dos principios rectores de la conservación
mencionados anteriormente. En primer lugar, se buscó garantizar, en la mínima
escala del área protegida por la servidumbre, que las generaciones venideras
tengan acceso a iguales oportunidades que las presentes, a fin de lograr una
calidad de vida digna. En segundo lugar, se procuró implementar, en una etapa
precoz, una estrategia preventiva contra daños que podrían ser irreversibles.
Ambos principios se contraponen a la supuesta pretensión egoísta y subjetiva
imputada por la parte demandante.
Por último, con relación a la supuesta
infracción al régimen inmobiliario argentino producida por la modificación
periódica del plan de manejo, la defensa apuntó que éste último no innova
con respecto a la introducción de nuevas restricciones, sino que viene a
reglamentar únicamente la implementación de las ya establecidas en el contrato
originario de la servidumbre. La modificación del plan de manejo cada diez años
comporta disponer de un instrumento que permita adecuar las restricciones al
estado de los conocimientos sobre conservación en cada época. Esto debería
traducirse, por un lado, en productos o procedimientos cada vez más inocuos
para el equilibrio ecológico del área y, por otro, en un beneficio para el
propietario del fundo sirviente, quien no se vería sometido así a
prohibiciones que el avance científico haya tornado innecesarias.
En septiembre de 2002, el Tribunal emitió
su fallo sin hacer lugar a la demanda de extinción de la servidumbre. Allí,
ratificó la denominación otorgada a la servidumbre como servidumbre ambiental
y coincidió con lo que sostuviera la defensa, en el sentido de que esta
denominación estaba amparada por la atipicidad inherente al derecho real de
servidumbre por el artículo 3000 del Código Civil argentino. Recordemos, a su
vez, que el Registro de la Propiedad Inmueble había ratificado esta denominación
al inscribirla como servidumbre real ambiental.
El dictamen del Tribunal desarrolló dos
cuestiones: a) el análisis de la escritura de constitución de servidumbre, la
que consideró contenía suficientes elementos para ser calificada de real y no
de personal;
b) el rechazo de los argumentos estatistas de la demanda por entender que la
servidumbre, aplicada a la conservación de los recursos naturales, incorpora a
nuestra legislación un novedoso instrumento en el que, en definitiva, confluyen
armónicamente el derecho privado y el derecho público.
En primer lugar, el fallo sostuvo que, para
ser personal, una servidumbre “debe pactarse expresamente a favor de quien es
el titular del fundo dominante”. En este caso, la escritura de constitución
no consignaba que la utilidad o ventaja que otorgaba la servidumbre beneficiara
a una persona en particular. Además, destacó que la escritura contenía
expresamente una cláusula de condición excluyente para la eficacia de la
transmisión. Dicha cláusula consistía en el otorgamiento de un poder especial
irrevocable a favor de quien resulte titular del fundo dominante confiriéndole
facultades para que, en nombre y representación del titular del fundo
sirviente, "exija la validez, la eficacia y extensión de la servidumbre
frente a terceros que por cualquier motivo la cuestionaren". En efecto, el
Tribunal resaltó que, si dicha cláusula era “condición excluyente para la
eficacia de la transmisión”, no cabía duda de que la servidumbre era real
pues en la misma se hacía referencia, no a un propietario en particular, sino a
todos los que resultaran serlo en el futuro.
En segundo lugar, el Tribunal rechazó los
argumentos del demandante, quien había sostenido que la servidumbre ambiental
venía a “sustituir de hecho y para siempre, por vía de esta serie de actos
privados [las servidumbres] (…) la potestad propia e indelegable de la
Autoridad [el Estado] en una materia tan indudablemente pública como es la
tutela del medio ambiente”. En este punto, el laudo introdujo una perspectiva
inédita respecto del alcance del derecho de servidumbre ambiental, sacando a la
luz una dimensión inadvertida de este instituto: la coincidencia de las esferas
pública y privada a propósito de la conservación del medio ambiente. En este
sentido, expresó el Tribunal que el interés que la servidumbre ambiental
protege “se rige [ciertamente] por el derecho privado pero también por el
derecho público pues en el caso de que esté en juego el derecho ambiental, el
interés que se resguarda es general y no particular, es decir, que no se
resguarda [únicamente] el derecho del titular del fundo dominante sino algo más
importante como es el interés público”. Con relación a esto, el Tribunal
fue más allá y asimiló por medio de un paralelismo el fundo dominante al
interés general, alegando que “existe un fundo dominante y un fundo
sirviente, pero lo dominante es el interés general que deviene de toda la
estructura del derecho ambiental”. Por ello también, la
facultad que tiene el propietario del fundo dominante de exigir al titular del
fundo sirviente el cumplimiento de las inacciones (obligaciones de no hacer o
respetar), coincide con “la común utilidad pública”, ya que el
“aprovechamiento” inherente a la servidumbre “interesa a toda la
colectividad o sociedad” al punto, expresa el fallo, que la sociedad podría
“exigir idéntico cumplimiento”. El laudo finaliza concluyendo que
“indudablemente nos encontramos con un instituto particular donde confluyen el
derecho privado, a través del Código Civil, y el derecho público”.
La parte demandante acató el fallo, y quedó
así firme la servidumbre.
La servidumbre ambiental constituida por
Fundación Neuquén en el paraje Las Lagunas de Epulaquen probablemente sea la
primera servidumbre de estas características en el país. La demanda entablada
por el nuevo dueño del fundo sirviente, sin duda, ha convertido a éste en un
leading case. Indirectamente, el litigio ha puesto a prueba aspectos de la
institución de la servidumbre que -a pesar de ser conocidos- no habían sido
contemplados en todo su alcance, y ha revelado otros que resultaron innovadores
en el ámbito del derecho ambiental.
Entre los aspectos más relevantes del
laudo arbitral se puede destacar, por un lado, el haber reconocido jurídicamente
la posibilidad de constituir servidumbres ambientales de carácter real y a
perpetuidad en Argentina – y delimitado sus elementos constitutivos
esenciales- y, por el otro, el haber puntualizado, con la fuerza jurisprudencial
de un fallo, que el aprovechamiento o la utilidad emanados de un contrato
privado (la servidumbre) coinciden con la utilidad pública que beneficia a la
comunidad. En rigor, y por las circunstancias ecológicas particulares del lugar
en el que el proyecto se lleva a cabo, este aprovechamiento se traduce en una
ampliación de hecho del ejido de la Reserva que, gracias al esfuerzo económico
del emprendimiento privado, queda aumentado a perpetuidad en 144 hectáreas.
Obviamente, esto sucederá siempre y cuando la Reserva sea manejada con
idoneidad, de acuerdo con las pautas hoy conocidas de conservación de los
recursos naturales.
Finalmente, la aplicación de este
instrumento señala los itinerarios ulteriores que podrían recorrerse para
ampliar el ejido de reservas y otras áreas naturales de estas características,
si los planes generales de manejo así lo establecieran.-
Carta Documento 17/10/01 de la Fundación
al nuevo propietario del fundo sirviente. “Me dirijo a Ud. en mi carácter de
apoderada de Fundación (...) con el propósito de comunicarle que mi mandante
ha adquirido con fecha 16/10/01 (...) la propiedad de 50 hectáreas ubicada en
la Provincia de Neuquén, Departamento Minas, Matrícula (…), fundo dominante
del campo de vuestra propiedad, Matrícula (…), Departamento Minas, que es el
fundo sirviente en la servidumbre real ambiental que los relaciona. Por lo tanto
le invito a ponerse en contacto con nosotros a fin de coordinar las acciones que
surgen como consecuencia de los derechos y obligaciones que nos ligan en virtud
de la mencionada servidumbre, augurando desde ahora la más cordial de las
relaciones. (...).
Carta Documento del nuevo propietario del
fundo sirviente a la Fundación. 19/10/01. ”Me dirijo a Uds. Con el propósito
de poner en vuestro conocimiento que desconozco el pretendido carácter real de
la servidumbre ambiental por el que se encontrara gravado el fundo de mi
propiedad (Matricula…, Dpto Minas). En efecto, cuando adquirí este terreno lo
hice en el entendimiento de que se encontraba gravado con derecho real de
servidumbre ambiental pero de carácter personal, esto es a favor del titular
del fundo dominante y no a favor del fundo dominante como tal. Por lo demás, el
tipo de restricciones con las que se encontraba gravada mi propiedad no son
compatibles con un carácter real en la relación entre fundo dominante y fundo
sirviente. Mal podría concebirse a una propiedad como proporcionando ventajas
ambientales a otra propiedad. Por el contrario, esas ventajas sólo pueden ser
proporcionadas a los seres humanos y no a las cosas en cuanto tales. En
consecuencia, rechazo vuestra “invitación” a sentar las pautas de una
futura relación con fundamento en la servidumbre ambiental que relaciona a los
fundos de nuestra propiedad pues esa relación quedo extinguida (...) y por lo
tanto los compelo a abstenerse a ingresar a mi propiedad con el propósito de
monitorearla o defenderla de la intromisión de terceros o cualquier otra excusa
bajo apercibimiento de iniciar las acciones civiles o criminales
correspondientes”.
COMPROMISO ARBITRAL: FUNDACIÓN NEUQUÉN
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y (…). ACEPTACIÓN DE CARGO: DRES.
(…). En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a
cuatro de noviembre de dos mil uno, COMPARECEN. (…). INTERVIENEN. (…)
EXPRESAN: PRIMERO Que en los términos del artículo 740 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, Fundación Neuquén para la Conservación de la
Naturaleza y (…) vienen a comprometer la resolución de las diferencias
respecto a los asuntos que infra se relacionan, ante el "Tribunal de
Arbitraje General y Mediación del Colegio de Escribanos de la Capital
Federal" con sede en Adolfo Alsina 2280, piso 2º de la Ciudad de Buenos
Aires. SEGUNDO. Las partes declaran conocer el Reglamento del Tribunal de
arbitraje y acuerdan someterse a sus estipulaciones, firmando una copia del
mismo que como anexo se agrega al presente. También se anexa la nómina de
secretarios y la tabla de aranceles por actuación ante dicho Tribunal y
honorarios de árbitros y secretario, declarando las partes conocerlas y
aceptarlas. TERCERO. Las partes, en virtud de la facultad que les otorgan los
artículos 8, 29, 30 y 31 del Reglamento, designan como árbitros: Fundación
Neuquén para la Conservación de la Naturaleza al doctor Eduardo A. Pigretti;
la otra parte (…) a la doctora Lidia María Garrido Cordobera; ambos árbitros
aceptan su designación. CUARTO. Las partes, de conformidad con lo estipulado en
el artículo 8 del Reglamento del Tribunal, acuerdan dejar librado al criterio
de los árbitros designados el nombramiento de un tercer árbitro, manifestando
como únicas condiciones que el/la profesional elegido/a posea especial versación
en materia de derechos reales y que figure la nómina de árbitros referida en
el artículo 2 del Reglamento del Tribunal. QUINTO. La cuestión que será
sometida a arbitraje es la caracterización como real o personal y en
consecuencia la continuidad o extinción de la servidumbre ambiental que
relaciona o relacionaba a los campos ubicados en la provincia del Neuquén en el
Departamento de Minas como fundo dominante (…) y fundo sirviente (…),
propiedad respectivamente de la Fundación Neuquén para la Conservación de la
Naturaleza y de (…) y que originariamente se constituyera por escritura (…).
SEXTO. En caso de que alguna de las partes dejare de cumplir con los actos
indispensables para la realización de este compromiso arbitral, será pasible
de una multa de dólares estadounidenses (…) a favor de la parte que se vea
perjudicada por dicho incumplimiento. SÉPTIMO. Las partes renuncian al recurso
de apelación, no así al de aclaratoria o nulidad. Renuncian asimismo a la
facultad de recusar sin causa, incluso en sede judicial de tener que acudirse a
ella. OCTAVO. Cualquiera de las partes podrá solicitar ante los tribunales de
justicia ordinarios las medidas cautelares que estimare procedentes. Serán
competentes a los fines de solicitar dichas medidas y/o de tenerse que ejecutar
el laudo arbitral, los tribunales ordinarios con competencia en materia civil de
la Ciudad de Buenos Aires, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdicción, incluso el federal. NOVENO. Las partes constituyen domicilios
especiales a los fines de este compromiso arbitral en: Fundación Neuquén para
la Conservación de la Naturaleza en (…) DÉCIMO. Las partes acuerdan respetar
las pautas interpretativas estipuladas en la cláusula sexta del contrato de
servidumbre que por este acuerdo se somete a arbitraje. En prueba de conformidad
se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y
fecha ut supra indicados.
Folio (…).Constitución de Servidumbre
ambiental: (…) a favor de (…). Escritura Número (…). En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a dieciséis de julio de dos
mil uno, ante mi, escribano autorizante, COMPARECEN: por una parte (…); y por
la otra (…). INTERVIENEN: en ejercicio de sus propios derechos; y EXPRESAN:
(…) PRIMERO: Que (…) es titular de una fracción (…) SEGUNDO: Que (…) es
titular de una fracción de campo (…). TERCERO: Con fundamento en los artículos
2970, 2971, 2977, 2998, 3000, 3005 y concordantes del Código Civil las partes
CONSTITUYEN DERECHO REAL DE SERVIDUMBRE AMBIENTAL REAL sobre la totalidad del
predio descripto en el Apartado primero, en adelante denominado FUNDO SIRVIENTE
y en favor del predio descripto en el Apartado segundo, de aquí en más
denominado FUNDO DOMINANTE. Se realiza esta operación por el PRECIO TOTAL y
convenido de (...), que (...) abona en dinero efectivo y en mi presencia. El
titular del fundo sirviente da recibo total de lo cobrado en el acto de esta
escritura, transmite el derecho real de servidumbre real; y se obliga por evicción
y saneamiento de acuerdo con el régimen del Código Civil. La finalidad,
objeto, duración y demás condiciones relevantes que regulan este contrato se
relacionan a continuación: CLAUSULA PRIMERA (CAUSA): La causa fin de este
negocio jurídico es la preservación a perpetuidad de las ventajas ecológicas,
escénicas y estéticas que en la actualidad el fundo sirviente proporciona al
fundo dominante. Su cumplimiento se realizará a través de la conservación
sustentable a perpetuidad de los recursos suelo, minerales, aire, paisaje, agua
- en todos sus estados- y las distintas formas de energía existentes en el
fundo sirviente. Asimismo y por estar ligados en forma inescindible con los
mencionados en primer término, se incluye la conservación de los recursos
flora y fauna. CLAUSULA SEGUNDA (OBJETO): Teniendo en cuenta que en el fundo
sirviente, en época estival, se desarrollan actividades ganaderas bovinas, las
restricciones de uso que gravarán la propiedad persiguen el propósito de
compatibilizar la conservación del potencial natural del fundo sirviente con
una explotación rural que se sujete a pautas de producción sustentable. En tal
sentido, queda expresamente prohibido en el predio: 1) Talar, desmontar o
extraer cualquier especie de flora nativa. 2) Edificar más de 300 metros
cuadrados. Estas edificaciones, en su caso, no deberán afectar el paisaje que
se disfruta desde el fundo dominante y su ubicación, materiales, diseño y
colores quedarán supeditados a lo que determine el plan de manejo al que se
hace referencia en la cláusula tercera punto b). Hasta la realización de dicho
plan de manejo queda prohibido levantar cualquier tipo de construcción. 3)
Cambiar y/o mover suelos. 4) Usar el terreno para agricultura o cualquier tipo
de cultivo. 5) Dragar humedales o cuerpos de agua. 6) Realizar actividades
extractivas de los materiales que el Código de Minería denomina como de
Tercera Categoría. 7) Realizar cualquier actividad que contamine la tierra, el
agua y/o el aire tal como la quema de pastizales o la fumigación con productos
agroquímicos de consecuencias perjudiciales o desconocidas. 8) Introducir
especies animales o vegetales no nativas. 9) Ingresar, circular y/o estacionar
vehículos automotores de ningún tipo en el área. 10) Colocar estructuras
publicitarias tales como carteles y otros. Los indicadores para prevenir las
acciones incompatibles con esta servidumbre deberán ajustarse a las características
que reglamente el plan de manejo referido. 11) Enterrar o quemar desechos
industriales, humanos o animales. 12) Realizar cualquier actividad ganadera,
excepto que se trate de ganado bovino y no supere las doscientas cabezas. 13)
Construir alambrados fijos para separar parcelas interiores. Sólo estará
permitido el uso de boyeros eléctricos y las clausuras temporarias con
alambrado que respondan a la necesidad de restauración de vegetación u otros
recursos, o a actividades de investigación y educación ambiental con las
limitaciones ya expuestas. Se entenderá como compatible con el pastoreo de
ganado la apertura y/o limpieza de los regueros que distribuyen las aguas que
este fundo recibe de su lindero Norte, propiedad de la Provincia. 14) Dentro de
las facultades que la legislación pertinente deja al arbitrio de los
particulares, se establecen las siguientes restricciones de caza y pesca: a) la
pesca deberá efectuarse con devolución de las piezas atrapadas y solamente con
el procedimiento de mosca con anzuelos sin rebaba; b) estará prohibido cazar,
herir o matar animales silvestres nativos excepto por razones científicas o
educativas y siempre que cualesquiera de estas especies - terrestres o acuáticas-
no se conviertan en plaga que afecte a otras especies de la fauna y/o flora o
que atenten contra el equilibrio del ecosistema de la zona. CLAUSULA TERCERA
(DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES): Propietario del fundo dominante: a)
Derechos: Tendrá derecho a ingresar al fundo sirviente, en forma personal o a
través de terceros expresamente autorizados, con el objeto de verificar el fiel
cumplimiento de los términos de esta servidumbre, hasta seis veces por año
calendario. El ingreso podrá realizarse previo aviso por medio fehaciente al
propietario del fundo sirviente, con una anticipación no menor a 48 horas hábiles.
Durante dichas inspecciones él, sus representantes y/o dependientes podrán
recorrer toda la extensión de la propiedad del fundo sirviente para verificar
el cumplimiento en forma cabal de todos los términos de este contrato y
recopilar toda la información o muestras que sean necesarias para ese fin.
Asimismo él, sus representantes y/o dependientes podrán utilizar todos los
medios que deseen para estas labores, siempre y cuando la utilización de los
mismos sea acorde con un manejo adecuado de los recursos que por este contrato
se protegen. Sin perjuicio de lo expuesto, el propietario del fundo dominante
y/o sus dependientes podrán ingresar en cualquier momento al fundo sirviente
con el propósito de contrarrestar el accionar de quienes con su conducta dañaren
los recursos objeto de protección de este contrato, notificando luego, en forma
inmediata posterior a que dicho suceso hubiese acaecido, al propietario del
fundo sirviente. b) Obligaciones: El propietario del fundo dominante deberá
hacer cumplir fielmente los términos del presente, ejerciendo las facultades y
activando los procedimientos de que dispone, tomando a su cargo los costos que
dicha tarea demande, inclusive los administrativos y/o judiciales. No podrá
interferir en las actividades que el propietario del fundo sirviente desarrolle
en su propiedad en tanto éstas no menoscaben los términos del contrato.
Gestionará con recursos propios o de terceros la realización dentro del plazo
de un año a partir de la fecha, de un Plan General de Manejo (PGM) a cargo de
una institución de renombre y/o de profesionales idóneos. El PGM reglamentará
en forma específica cada una de las restricciones aquí instrumentadas, sin
perjuicio de la inmediata vigencia de las mismas. Seis meses antes del
vencimiento del plan de manejo, el propietario del fundo dominante deberá
encargar la confección de uno nuevo. Sin embargo, vencido el término del
mismo, éste seguirá teniendo vigencia hasta la realización del que lo supla.
Sin perjuicio de ello, el propietario del fundo dominante podrá, durante la
vigencia de esta servidumbre, gestionar la realización de nuevos planes de
manejo. Propietario del fundo sirviente: a) Derechos: Disfrutar y disponer de su
propiedad en todo cuanto no haya sido limitado por los términos de este
contrato. Requerir el auxilio del propietario del fundo dominante, sus
representantes y/o sus dependientes a fin de hacer cumplir frente a terceros las
estipulaciones contractuales. Ser informado por el propietario del fundo
dominante sobre quienes serán las personas encargadas de controlar en todo
momento el cumplimiento de este contrato frente a terceros, reservándose la
facultad de impugnar la persona seleccionada. No podrá entenderse esta facultad
como una forma de obstaculizar en los hechos el efectivo ejercicio del derecho
de control permanente de que goza el propietario del fundo dominante. Tendrá
derecho a que sus opiniones sean tenidas en cuenta al momento de la elaboración
de los PGM y en caso de que no sean seguidas, que en el mismo se especifiquen
las causales. Asimismo, en caso de que el propietario del fundo dominante no
encargara la confección de un nuevo plan de manejo a su vencimiento, el
propietario del fundo sirviente podrá encargarla a una institución de renombre
y/o de profesionales idóneos, a costa del propietario del fundo dominante, con
más los daños y perjuicios que esto le ocasione. Esta facultad también la
tendrá en caso de que el propietario del fundo dominante no realizara el primer
plan de manejo en la fecha estipulada. b) Obligaciones: Tiene la obligación de
respetar las restricciones que pesan sobre el fundo de su propiedad, manteniendo
todas las responsabilidades que le corresponden como titular de dominio del
inmueble, entre ellas el pago de los impuestos ya sean municipales, provinciales
y/o federales. Asimismo, se someterá a todas y cada una de las restricciones y
pautas de uso que surjan de los PGM por elaborarse. No será responsable, sin
embargo, de realizar u oponer eventualmente los actos, acciones y/o recursos
judiciales que correspondan para hacer cumplir frente a terceros las
restricciones de este contrato por ser esa obligación incompatible con el
instituto jurídico regulado. Sin perjuicio de ello -a su única y exclusiva
opción y ante la inactividad manifiesta o imposibilidad de hecho del
propietario del fundo dominante- tendrá facultad de hacer respetar frente a
terceros dichas restricciones pudiendo repetir del propietario del fundo
dominante exclusivamente los gastos y costas que dicha acción demande (no
pudiendo reclamarse una compensación por el hecho mismo de realizar las
actividades mencionadas, ni consecuentemente, en tal caso, podrá reclamársele
por el eventual resultado adverso que en definitiva obtenga de las acciones de
tal índole que interponga). CLAUSULA CUARTA (PODER ESPECIAL IRREVOCABLE): El
propietario del fundo sirviente otorga poder especial irrevocable, durante toda
la vigencia de la servidumbre que por este contrato se constituye, a favor del
propietario del fundo dominante y a los eventuales futuros propietarios del
mismo para que en su nombre y representación ejerzan todas las acciones
administrativas y judiciales de defensa de la posesión del fundo sirviente a
terceros cuando el ejercicio de la acción confesoria que regula el Código
Civil (o la que en el futuro la suplantare) no resultare suficiente. Asimismo,
dicho poder se entenderá otorgado para defender la validez, eficacia y extensión
de este contrato frente a terceros que por cualquier motivo lo cuestionaren.
Además se extiende para exigir el cumplimiento de las normativas ambientales
como así también peticionar y obtener reparación del daño y/o las
indemnizaciones a que eventualmente diera lugar la actividad de las
concesionarias de servicios públicos o el Estado mismo, en el caso de que éste
prestara dichos servicios en forma directa. En las sucesivas transmisiones de
dominio del fundo sirviente -en tanto la servidumbre que aquí se constituye no
se haya extinguido-, el otorgamiento de este poder en los términos precedentes
será condición excluyente para la eficacia de la transmisión. CLAUSULA QUINTA
(RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS): En el caso de que cualquiera de las
partes considerara que ha habido un incumplimiento total o parcial de los términos
contractuales debido a diferencias sobre su validez, interpretación, aplicación,
ejecución o cumplimiento, la resolución de dicha controversia deberá ser
sometida en forma obligatoria a mediación. El mediador deberá tener actuación
habitual o permanente en la República Argentina y será elegido de común
acuerdo entre las partes. El plazo para elegir al mediador será de quince días
hábiles a contar desde la primera notificación fehaciente de cualquiera de las
partes sobre el pretendido incumplimiento. De no haber acuerdo en el mencionado
plazo sobre la elección del mediador, o si la mediación fracasara, la disputa
la resolverá el "Tribunal de Arbitraje General y Mediación del Colegio de
Escribanos de la Capital Federal" con sede en Adolfo Alsina 2280, piso 2 de
la Ciudad de Buenos Aires, o el que en el futuro haga sus veces. Una copia del
Reglamento de este tribunal -cuyo contenido las partes declaran conocer-, se
adjunta como anexo de esta escritura. También se anexa la nómina de árbitros
y secretarios así como los aranceles por actuación ante el mismo, reconociendo
las partes que las mismas podrán variar sin que ello sea obstáculo para la
plena virtualidad de esta cláusula compromisoria. Cualquiera de las partes,
antes de la intervención del mediador o del Tribunal Arbitral, o pendiente la
resolución de cualquiera de éstos, podrá solicitar ante los tribunales de
justicia ordinarios las medidas cautelares que estimare procedentes. Serán
competentes a los fines de solicitar dichas medidas, demandar la constitución
del tribunal arbitral en los términos del artículo 742 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación y/o de tenerse que ejecutar los acuerdos o
laudos arbitrales, los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires con
expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder, incluso el
federal. Ambas partes renuncian recíprocamente a la facultad de recusar sin
causa en sede judicial. Las partes constituyen domicilios especiales a los fines
de este contrato en los indicados al principio como propios; en ellos serán válidas
todas las notificaciones, judiciales o extrajudiciales. CLAUSULA SEXTA (PAUTAS
INTERPRETATIVAS Y DEFINICIONES): En la realización de este negocio jurídico
las partes tienen especialmente en cuenta los principios establecidos en el artículo
41 de la Constitución Nacional que en forma ineludible guiarán su interpretación.
Asimismo acuerdan que en caso de actuación de un mediador o un tribunal
arbitral, cualquiera de estos deberá aplicar en su tarea, indefectiblemente y
por lo menos, los principios: precautorio, de buena fe, de eficacia, de reparación
al estado anterior del daño causado y de economía y celeridad procesal. La
referencia para evaluar el estado actual del fundo sirviente -y evaluar los
eventuales incumplimientos de este contrato- estará dado por la descripción
realizada en el documento “Línea de Base (Estado de Situación) del fundo
sirviente para constitución de Servidumbre ambiental” que se adjunta a esta
escritura y las fotografías del fundo sirviente tomadas en el mes de enero de
2001 que también se adjuntan. El concepto de "conservación
sustentable" a los efectos del presente contrato comprende la restauración
de los recursos mencionados a su estado natural originario, cuando la acción
del hombre los hubiese modificado o degradado. Por "plaga" deberá
entenderse lo que la autoridad pública o el PGM califiquen como tal. La frase
"razones científicas o educativas" tendrá una interpretación
restrictiva; sólo podrán entenderse por tales las actividades que sean de práctica
corriente en la materia de que se trate. CLAUSULA SEPTIMA (PROHIBICIÓN DE VENTA
A PERSONA DETERMINADA O DETERMINABLE): El propietario del fundo sirviente en
ningún caso podrá transferir el dominio de su propiedad al propietario del
fundo dominante. El propietario del fundo dominante se obliga a no adquirir el
dominio del fundo sirviente bajo ninguna circunstancia, incluso en caso de venta
en pública subasta por orden judicial o administrativa. Tampoco podrán ambos
propietarios vender sus heredades simultáneamente a una misma persona. EL
ESCRIBANO AUTORIZANTE HACE CONSTAR: a. Que se expidieron los certificados de
dominio e inhibiciones, por el Registro de la Propiedad Inmueble, el (...)con
los números (...), de cuyo contenido declaran estar impuestas las partes de
esta escritura, mediante los que respectivamente se cerciora: que el dominio de
los fundos sirviente y dominante se encuentra inscripta en la forma relacionada,
libre de otros derechos reales, medidas cautelares, restricciones, prevenciones,
y afectación a regímenes de leyes especiales; y que no existen inhibiciones
por el nombre de los comparecientes, que le impidan disponer en jurisdicción
nacional. (...) b. Que con los demás certificados administrativos producidos y
boletas de pago se acredita que el fundo sirviente no adeuda impuestos, tasas,
servicios y/o contribución de mejoras inmobiliarios tanto en el orden
provincial como municipal. c. que tratándose de un acto de disposición de un
bien propio, y declarando el titular del fundo sirviente que no se da en el
mismo supuesto alguno de los previstos en la segunda parte del art. 1277 del Código
Civil, no es requerible el consentimiento de su cónyuge para el acto jurídico
que aquí celebra. d. Que a los efectos fiscales las partes declaran fijar en
(…) peso el valor de cada unidad dólar. e. CERTIFICADO DE BIENES
REGISTRABLES: Que no corresponde la exhibición del Certificado de Bienes
registrables por no superar la valuación fiscal del inmueble, el monto
establecido por la legislación vigente.- f. Que NO CORRESPONDE la presentación
de la Previa Conformidad de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad,
conforme la resolución 205/95 y la nota de la citada comisión que así lo
dispone de fecha 7 de junio de 2001 que agrego a la presente. LEIDA que les fue
por su elección, se ratifican de su contenido y firman por ante mí, doy
fe.(...)
NOTAS:
