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El daño ambiental en la Corte
Suprema Argentina
Por Mariana Valls de Rossi
1. El caso
La Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA)[1]
demanda a YPF y otras empresas exploradoras y explotadoras de
hidrocarburos[2]
en la Cuenca Neuquina -Ríos Negro y Colorado- a:
(a)
Realizar las acciones necesarias para la recomposición del
daño ambiental colectivo causado por la actividad en las
áreas de la cuenca, hasta la total desaparición de los
agentes contaminantes del suelo, del aire y del agua
superficial y subterránea; la reposición a su estado anterior
de las áreas deforestadas con el objeto de revertir el
proceso de desertificación causado.
(b)
Constituir el fondo de compensación ambiental previsto en la
ley del ambiente art. 22 y acreditar la contratación del
seguro de cobertura por actividades riesgosas para el medio
ambiente.
(c)
Hacer cesar las acciones dañosas hacia el futuro.
(d)
Reparar de los daños y perjuicios colectivos ocasionados.
Invoca como derecho: (a) Los artículos 41 y 43 de la
Constitución Nacional. (b) La ley 25675 de presupuestos
mínimos ambientales; (c) La ley 25688 de presupuestos mínimos
de aguas; (d) La ley 24375 ratificatoria de la convención de
Biodiversidad; (e) La ley 24295 ratificatoria del Convenio
sobre Cambio climático; (f) La ley 24.701 ratificatoria del
convenio de Lucha contra la desertificación.
Cita como terceros a: (a) Las provincias de Buenos Aires, La
Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro; (b) La Nación a través
de sus Secretarías Energía y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable; (c) El Defensor del Pueblo.
2. EL FALLO
La sentencia de Corte del pasado 13 de julio se expresa a
favor de:
(a)
Su competencia originaria en razón de las personas, ya que
son citados como terceros el Estado Nacional y varios Estados
provinciales.
(b)
La citación como terceros del Estado Nacional -a través de la
Secretarías de Ambiente y desarrollo sustentable de la Nación
y la de Energía- y de los Estados de las provincias de Buenos
Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
(c)
La citación como tercero del COFEMA, en virtud de las
competencias atribuidas por los artículos 17, 18, 23 y 24 de
la ley 25675.
Por su lado, la sentencia no hace lugar a los siguientes
pedidos:
(a)
La vía del amparo, ya que por las medidas probatorias
necesarias se hace imprescindible “un marco procesal más
extenso” como el que ofrece la vía ordinaria.
(b)
La medida cautelar de no innovar que solicita el cese de la
actividad dañosa, pues entiende que otorgarla sería
equivalente a prejuzgar respecto del fondo de la cuestión que
deberá probarse en el juicio ordinario.
(c)
La medida cautelar que solicita se acredite la contratación
del seguro que manda el artículo 22 de la ley 25.675[3],
dando la misma razón que en el punto anterior: identificación
con el objeto de la demanda y, considerando que ello no haría
a la sentencia de ejecución ineficaz o imposible (art. 230,
inc. 2 CPCCN). Al desestimar este pedido, sin embargo,
establece que lo requerido no corresponde por ahora, por la
vía de medida cautelar, pero deja abierta la posibilidad de
resolver como medida posterior dentro del juicio ordinario
que se abre, la acreditación de la contratación del seguro
por parte de las petroleras.
(d)
La aplicación del principio precautorio que establece que la
falta de información o de certeza científica no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
para impedir la degradación del medio ambiente (art. 4 de la
ley 25675).
(e)
La identificación de las empresas petroleras instaladas en la
cuenca por parte del estado, deberá ser la demandante quien
identifique con precisión y exactitud a que personas
jurídicas les atribuye la responsabilidad de los hechos que
denuncia (art. 330, incs. 2 y 3 del CPCCN.
(f)
La citación como tercero del Defensor del Pueblo, por no
fundamentar adecuadamente el pedido.
3. UNA disidencia MÁS AMBIENTAL
Tres jueces de la Corte, Doctores Juan Carlos Maqueda,
Eugenio Zaffaroni y Roberto Vázquez en disidencia, difieren
respecto del criterio de la mayoría en tres puntos
sustanciales del fallo que reflejan una interpretación más
profunda de la nueva ley de presupuestos mínimos de
protección ambiental y una comprensión más acabada de las
instituciones ambientales y sus particularidades.
(a) La obligación de contratar un seguro ambiental
En cuanto a la acreditación de la obligación de contratar un
seguro ambiental de entidad suficiente para hacer frente a
las posibles obligaciones ambientales que derivaren de su
actividad (art. 22 de la ley 25.675), el fallo en disidencia
entiende justificadamente que ello no se identifica con el
objeto de la demanda y hace lugar a la medida cautelar
solicitada en ese punto, intimando a las demandadas para que
en el plazo de 10 días acrediten el cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 22 de la citada ley.
En ningún lugar del fallo ni en su disidencia se cuestiona la
falta de reglamentación de la medida para entender que la
misma no es operativa. En su caso la falta de reglamentación
posibilitará a las empresas demandadas una mayor flexibilidad
en la contratación del seguro, no exigiéndoseles un tipo de
seguro particular ni un monto o una prima determinada,
siempre que cumplan con la ley de seguros y el requisito,
para nada menor, de que éste tenga entidad suficiente para
afrontar la “recomposición del daño que su tipo pudiere
producir” (ley 25.675, art. 22).[4]
La disidencia, fundamenta su opinión fundamentalmente en el
principio precautorio, desestimado en el fallo por la
mayoría, así como en los fundamentales principios de
responsabilidad y prevención, todos ellos integrantes del
derecho ambiental internacional y de la buena práctica
ambiental, recogidos más recientemente en la ley 25.675, art
4.
(b) La posibilidad de solicitar información para ampliar el
universo de demandados
También encuentra pertinente el pedido de Oficio
para que se informe
el detalle de empresas dedicadas a la exploración y
explotación de hidrocarburos en el área de la Cuenca
Neuquina. Al respecto manda librar oficio a la Secretaría de
Energía de la Nación y a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, al mismo tiempo que ordena el
traslado de la demanda a las empresas individualizadas en la
demanda.
Este pedido de información también encuentra fundamento en el
derecho de acceso a la información contemplado en la misma
ley del ambiente (art. 16 a 18) y en la nueva ley de acceso a
la información pública 25.831, también presupuesto mínimo de
protección en los términos del artículo 41 de la CN.
Este inteligente mecanismo, solicitado en la demanda,
posibilita la identificación de la pluralidad de sujetos
presuntamente causantes de la contaminación, muchas veces
difícil o imposible para el damnificado, a quienes
históricamente se los ha llamado “difusos” por la complejidad
en su identificación e individualización.
Esta flexibilidad requerida es propia del proceso ambiental,
ha sido muy analizada en la doctrina[5]
y claramente establecida por el artículo 32 de la ley 25.675
al establecer que “el juez interviniente podrá disponer todas
las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los
hechos dañosos en el proceso a fin de proteger efectivamente
el interés general.”
La denegatoria del pedido de información es contraria a la
legislación sobre información vigente y, perjudica al núcleo
de damnificados, a través del ocultamiento de la información
que debe ser pública y accesible. A la vez ésta decisión de
mayoría también beneficia injustamente a quienes no han sido
identificados por la demandante frente a las empresas
individualizadas. Un elemental criterio de justicia, si no se
encuentra un motivo suficiente en los alcances de las normas
vigentes citadas, debería revertir este criterio restrictivo.
(c) La comparecencia esencial del Defensor del Pueblo como
tercero
Para finalizar, la ilustrada disidencia, considera esencial
la citación del Defensor del Pueblo como tercero a comparecer
en el juicio, y no dejarla librada a su comparecencia
voluntaria como resulta del Fallo de la mayoría.
El Defensor del Pueblo además de las facultades que le
atribuye la Constitución Nacional (art. 86) es uno de los
legitimados expresamente por el artículo 30 de la ley 25.675
–además del afectado y de las ONG- respecto de las acciones
dirigidas a obtener la recomposición del daño ambiental
colectivo. El mismo artículo en su párrafo final limita su
actuación en defensa del daño ambiental colectivo, una vez
que uno de los legitimados expresamente, como resulta en este
caso por parte de los afectados representados por la ONG
ASSUPA, deduce la demanda. Además del eventual efecto
erga omnes que la sentencia pueda tener de acuerdo a lo
previsto por el artículo 33 in fine[6].
4. Conclusión
Este fallo preliminar de la Corte es solo el comienzo de la
discusión sobre uno de los principales temas que incorpora la
nueva ley del ambiente 25.675, el régimen de responsabilidad
aplicable respecto del daño ambiental colectivo. De este modo
la jurisprudencia de la Corte, así como los tribunales
inferiores lo han hecho antes respecto de la causa Municipio
de Magdalena c/ Shell en 2002 y otros casos con montos
reclamados inferiores[7],
irán marcando el camino de la ley en los aspectos aun no
reglamentados.
El alcance que se otorgue a la “recomposición” y la decisión
final en materia de la contratación de seguros ambientales
por parte de las empresas, sentarán una importante
jurisprudencia[8]
en base a la cual las empresas deberán adecuar su acción, su
cálculo de costos y su gestión a futuro.
[1] Con el patrocinio de
los doctores Jorge Franza, Alberto Bianchi y Eduardo
Mertehikian, entre otros.
[2]
Según la fuente El Santacruceño del 27.09.04 son
las empresas petroleras Petrobrás; Plus Petrol, Chevron,
Gas Medanito, Hidenesa Hidrocarburos de Neuquén, Pioneer
Natural Resource, Capex, Astra Capsa y Petrolera Santa Fe.
[3]
Artículo 22
Seguro ambiental y fondo de restauración:
Toda persona física o jurídica, pública o privada, que
realice actividades riesgosas para el ambiente, los
ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá
contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente
para garantizar el financiamiento de la recomposición del
daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el
caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de
restauración ambiental que posibilite la instrumentación
de acciones de reparación.
[4] Pronto se ampliará
este tema en un artículo de la autora específico al
respecto.
[5] Goldenberg y
Cafferatta en Daño Ambiental, problemática de su
determinación causal, Abeledo Perrot, 2001, pág.., entre
muchos otros.
[6] “La Sentencia hará
cosa juzgada y tendrá efecto
erga omnes, a excepción de que la acción sea
rechazada, aunque sea parcialmente por cuestiones
probatorias.”
[7] SUBTERRANEOS DE BUENOS
AIRES SOC. DEL ESTADO c/ PROPIETARIO ESTACIÓN DE SERVICIO
SHELL CALLE LIMA ENTRE ESTADOS UNIDOS E INDEPENDENCIA s/
daños y perjuicios". Expte. N° 244.003. Segunda instancia:
1/10/1999
"Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y
Contribuyentes c/ ENRE - EDESUR s/ cese de obra de
cableado y traslado de Subestación Transformadora", la
CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA (Buenos Aires) -
SALA II - 08/07/2003. [8] Por el monto reclamado y por la jerarquía del tribunal decisor.
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