Este
capítulo trata sobre la relación jurídica entre la biodiversidad,
conforme a su encuadre físico y geográfico, los diversos actores
humanos y las relaciones de propiedad y uso sobre los recursos genéticos,
especies y ecosistemas involucrados.
ÍNDICE
A. Áreas terrestres y acuáticas
1.
Regímenes de Derecho Público
2.
Regímenes de Derecho Privado
3.
Comunidades indígenas y locales
B.
Áreas Marinas
C.
Colecciones "ex-situ"
|
A.
|
Áreas terrestres y acuáticas
|
Consideraciones generales
El
presente trabajo distingue inicialmente entre las nociones de soberanía
y propiedad en cuanto a su contenido jurídico, como las características
que definen las potestades sobre las cosas. En el sentido primero,
"soberanía" es un concepto propio de derecho público,
mientras que "propiedad" atañe al derecho privado. Resulta
claro, sin embargo, que los derechos de propiedad reconocidos a los
particulares, derivarán en todos los casos de los ordenamientos jurídicos
vigentes en el ámbito o espacio físico, dentro del cual, el estado
ejerce su poder de imperio o "soberanía".
1. Regímenes de Derecho Público
1.a.
Soberanía
En
la matriz elaborada para la evaluación de la implementación del
Convenio de Biodiversidad se contemplaba diferenciar entre "Soberanía"
y "Propiedad". Se ha abordado la cuestión referida a los
derechos de propiedad en el acápite 1.1.2., considerando que el
concepto de soberanía propiamente dicho atañe a las relaciones jurídicas
entre estados con plena entidad de derecho internacional. Como
consecuencia de estas consideraciones, surge que toda aplicación o
derivación jurídica del Convenio frente al derecho interno de
Argentina, es al igual que en los demás países que conforman el
presente estudio, una resultante necesaria de aquella definición de
soberanía, por la cual Argentina ejerce facultades en el ámbito geográfico
comprendido en el mismo. Las distinciones en lo que a espacios físicos
se refiere, en especial los espacios marítimos, surgen de la plena
vigencia del derecho internacional consuetudinario o convencional, ya
que Argentina ha ratificado el Convenio sobre el Derecho del Mar
(Montego Bay, 1982).
1.b.
Propiedad
Tal
como se indicara, se utiliza solamente el término "soberanía"
en aquellos casos que derivan de la aplicabilidad de acuerdos y
convenios internacionales en los cuales la figura de soberanía resulta
más apropiado. Cuando se trata de bienes públicos o privados del
Estado, se utiliza la denominación del derecho administrativo
correspondiente para cada caso. Argentina, al igual que la mayoría de
los demás países del subcontinente sudamericano, se enrola, en lo que
al concepto de propiedad se refiere, en la tradición romana del
"dominio" o derecho de propiedad abarcativo de la totalidad de
potestades sobre el uso, goce y disposición de los bienes. Estos
derechos, integrados por los llamados "ius utendi, ius fruendi y
ius abutendi", en la concepción moderna se ven moderados por el
concepto de armonización con otros derechos en lo que puede denominarse
el "ejercicio razonable" del derecho de propiedad. La noción
de ejercicio razonable ha sido receptada por el límite positivo de la
figura del abuso de derecho del Código Civil (art. 1071). La mayor
parte de las restricciones razonables sobre el pleno goce de los
derechos de propiedad, se encuentran abordadas en otros sitios del
presente trabajo. Las mismas son consecuencia de las facultades
regulatorias en lo que respecta a un razonable uso del derecho de
propiedad. Estas facultades genéricamente integran el denominado
"poder de policía".
La
Constitución Nacional
El
texto de la Carta Magna, no reconoce expresamente derechos o relaciones
de propiedad, privada o pública, sobre los recursos genéticos, sino
que estatuye una jerarquía de tutela que servirá para fundar actos
legislativos y eventualmente administrativos que puedan enmarcar o
encauzar a los derechos ejercidos por particulares. Así, la Constitución
reformada en 1994 hace expresa mención a la protección de la
diversidad biológica en la redacción del nuevo artículo 41, párrafo
2, "...Las autoridades proveerán a la protección de este
derecho...a la preservación del patrimonio natural y cultural, y a la
diversidad biológica...".
El
Código Civil (Ley 340)
El
Código Civil de Argentina, sancionado en la segunda mitad del siglo
pasado y reformado sustancialmente en 1968, contiene los preceptos básicos
para el reparto y asignación de los derechos de propiedad sobre las
cosas, tanto en cuanto a los bienes del dominio privado como para los
bienes del dominio público, sin perjuicio de las regulaciones que sobre
esta última se establezcan a partir del derecho administrativo.
Así
el artículo 2339 establece que las cosas pueden ser bienes públicos
del Estado general que forma la Nación, o de los Estados particulares
de que ella se compone, según la distribución de poderes hecha por la
Constitución Nacional; o son bienes privados del Estado general o de
los Estados particulares. Esta primera división reviste importancia por
cuanto el carácter de bien público o privado del Estado, sea este
nacional o provincial, surge del destino o afectación para la utilidad
común.
Son
bienes públicos ubicados en áreas terrestres y aguas continentales,
conforme al artículo 2340, entre otros: "inc. 3) los ríos, sus
cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra
agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés
general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del
ejercicio del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas
subterráneas, en la medida de su interés y con sujeción a la
reglamentación; inc 4) las playas del mar y las riberas internas de los
ríos... inc 5) los lagos navegables y sus lechos...inc 6) las islas
formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de río o
en los lagos navegables, cuando ellas no pertenezcan a particulares; inc
7) las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública
construida para utilidad común;...inc 9) las ruinas y yacimientos
arqueológicos y paleontológicos de interés científico..".
El
artículo 2342 reviste importancia por establecer cuáles son los bienes
del dominio privado del Estado general y de los Estados particulares. La
enumeración surge del carácter subsidiario del dominio del Estado en
caso de ausencia de dueño o poseedor, conforme a la doctrina del
dominio eminente, cuya titularidad la ejercía históricamente el
soberano y en su reemplazo actual, el Estado.
Así
son bienes privados del Estado, entre otros:
·
Las tierras sin dueño
·
Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y sustancias fósiles
(no se refiere al derecho de los superficiarios (1))
·
Los bienes vacantes y los de las personas que mueren sin herederos.
·
Los muros, plazas de guerra, puentes y ferrocarriles, así como los
bienes adquiridos por el Estado por cualquier título.
Ley
de Fauna 22.421
La
ley de fauna silvestre declara de interés público a la conservación
de la fauna. El artículo 2 de dicha norma establece que en las
reglamentaciones que se impongan en virtud de la ley de Fauna, se debe
"respetar el equilibrio entre los diversos beneficios económicos,
culturales, agropecuarios, estéticos y recreativos... dando debida
prelación a la conservación como criterio rector de los actos a
otorgarse".
Ley
de Bosques 13.273 (texto ordenado Decreto 710/95)
La
Ley de bosques declara de interés público la defensa, regeneración y
ampliación de los bosques, así como la promoción del desarrollo e
integración adecuada de la industria forestal (artículo 1).
La
ley forestal clasifica a las formaciones boscosas en las siguientes
categorías, según el artículo 7:
·
Protectores
·
Permanentes
·
experimentales
·
Montes especiales
·
De producción
De
mayor interés para la protección de la diversidad biológica resultan
las primeras tres categorías.
Son
bosques protectores aquellos que sirven, entre otras funciones
mencionadas por la ley, para proteger el suelo, caminos, costas marítimas
de la erosión albergar y proteger a las especies de flora y fauna cuya
existencia se declare necesaria.
Son
bosques permanentes aquellos que integran los parques nacionales,
provinciales o municipales; o aquellos en que existieran especies cuya
conservación se estime necesaria.
Los
bosques experimentales son aquellos que se designan para el estudio de
especies forestales indígenas y los bosques artificiales destinados a
estudios de aclimatación y naturalización de especies indígenas y exóticas
(artículo 10).
El
régimen de protección a los bosques clasificados según el artículo 7
es aplicable tanto a las formaciones forestales en tierras del dominio público
o privado del Estado como a los bosques en tierras de particulares.
Ley
20.645 - Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo
Este
acuerdo con la República Oriental del Uruguay establece que las islas
que emergen en el Río pertenecerán a una u otra parte conforme a lo
establecido en el Tratado. La isla Martín García está destinada a ser
exclusivamente usada como reserva natural para la conservación de la
fauna y flora autóctonas, bajo jurisdicción de la Argentina (artículo
45). Cabe destacar que en este caso, se seguirá la regla general
respecto al carácter dominial de las islas emergentes: en virtud del
artículo 2340 del Código Civil, tratándose de islas en cursos de agua
navegable, pertenecerán al Estado.
Ley
18.590 - Tratado de la Cuenca del Plata
Es
un acuerdo general que contempla fines conservacionistas muy amplios. El
artículo 1, inc c) se refiere a la "... preservación y el fomento
de la vida animal y vegetal...".
Ley
22.428 de Conservación de Suelos y Decreto Reglamentario 681/81
La
norma declara de interés general la conservación de los suelos,
facultando a las autoridades locales para declarar zonas de conservación
de suelos, siempre que se cuente con técnicas de comprobada adaptación
y eficiencia para la región.
Ley
23.919 - Convenio relativo a los humedales de importancia internacional
especialmente como hábitat de aves acuáticas. (Convenio de Ramsar
1971)
El
artículo 1 del Convenio define a los humedales "como las
extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de
agua, sean éstos de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea
baja no exceda de seis metros".
El
artículo 2 del Convenio pone a cargo de cada estado contratante, la
obligación de preservar zonas designadas como humedales a los efectos
de su preservación, sin perjuicio de retener sus derechos soberanos.
Ley
4.084 - Régimen de importación de semillas y especies vegetales y sus
Decretos Reglamentarios
Esta
norma tiene casi un siglo de antigüedad y con sus sucesivas
modificaciones reglamenta la importación de vegetales y semillas.
Esta
reglamentación fija así la obligatoriedad de un control sanitario
previo a la importación de cualquier semilla o vegetal. El régimen
regulatorio entiende por vegetal a las plantas, rizomas, bulbos tubérculos,
raíces, tallos, hojas, flores, frutos secos, etc... "que pudiera
ser portador de cualquier plaga para la agricultura en general o sus
derivados".
Es
claro que esta norma no mira a la protección de recursos genéticos
tanto como el control fitosanitario de plagas perjudiciales para el
agro, lo cual es razonable atento al momento en el cual fue dictado la
Ley.
Ley
24.375 - Aprobación del Convenio para la Protección de la Diversidad
Biológica
Argentina
es parte del mencionado Convenio, aplicándose por lo tanto todas las cláusulas
de dicho instrumento. Resulta de interés para el sistema de derechos de
propiedad y tutela estatal sobre las áreas terrestres, lo establecido
en el artículo 8 (Conservación in situ). El Convenio otorga un amplio
mandato para la protección de la biodiversidad más allá de los límites
del sistema de áreas protegidas en sí.
2. Regímenes de Derecho Privado
2.a.
Derechos de propiedad
La
Constitución Nacional
La
Constitución Argentina, en su redacción de 1994, mantiene la tutela al
derecho de propiedad en su artículo 15, al igual que la garantía para
la propiedad intelectual. Por extensión este precepto otorga un marco
de protección para el resto de las normas jurídicas referidas a la
cuestión.
El
Código Civil (Ley 340)
El
artículo 2342 establece que: "Son susceptibles de apropiación
privada entre otros:
1.
Los
peces de los mares interiores, mares territoriales, ríos y lagos
navegables, guardándose los reglamentos sobre la pesca marítima o
fluvial..
2.
Los
enjambres de abejas...
3.
Las
piedras, conchas, u otras sustancias que el mar arroja, siempre que no
presenten signos de un dominio anterior..
4.
Las plantas y yerbas que vegetan en las costas del mar, y también las
que cubrieren las aguas del mar o de los ríos o lagos, guardándose los
reglamentos policiales".
La
regla básica de reparto de los derechos de propiedad se encuentra
enunciada en el artículo 2347: "Las cosas que no fuesen bienes del
Estado o de los Estados, de las municipalidades o de las iglesias, son
bienes particulares sin distinción de las personas que sobre ellas
tengan dominio, aunque sean personas jurídicas".
El
Título II del Libro Tercero del Código Civil regula las formas de
ejercicio del derecho de propiedad. El Título IV y V del mismo libro
regulan las formas de creación de los derechos reales, entre los cuales
revisten mayor importancia para este estudio, el dominio, el usufructo y
el uso. Así el Título V se refiere a las formas de adquisición del
dominio.
El
artículo 2527 establece que "Son susceptibles de apropiación por
la ocupación, los animales de caza, los peces de los mares y ríos y de
los lagos navegables; las cosas que se hallen en el fondo de los mares y
ríos y de los lagos navegables, como las conchas y corrales, etc.; y
otras sustancias que el mar o los ríos arrojan, siempre que no
presenten señales de un dominio anterior,... los animales bravíos o
salvajes y los domesticados que recuperen su antigua libertad".
Resulta
claro que el Código Civil omite toda referencia a la biodiversidad,
atento a la época en la cual fue redactado. No obstante esto, el Código
Civil, como verdadera fuente de las instituciones jurídicas argentinas,
será perfectamente aplicable como marco para las nuevas modalidades de
derechos de propiedad, uso y aprovechamiento que se pueden concebir
sobre los recursos genéticos, especies y acaso ecosistemas.
Decreto
691/81 - Reglamentación de la Ley 22.421 (Ley de Fauna)
Este
Decreto Reglamentario añade algunas concepciones a la norma básica de
fauna, de particular interés para las áreas privadas afectadas al uso,
goce y propiedad de la fauna. Tal es el caso de dos modalidades de
afectación de la propiedad privada a los fines de la conservación de
la fauna.
El
artículo 5 contempla la creación de santuarios de fauna, que podrán
funcionar en predios estatales (reservas de vida silvestre o
equivalente, conforme a la legislación de parques nacionales o
provinciales) o en terrenos privados. De igual manera, el artículo 20
contempla la creación de "cotos de caza" con esquemas de
manejo racional.
El
artículo 28 de la reglamentación permite promover el aprovechamiento
comercial de la fauna silvestre, evitando toda liberación incidental o
accidental de dichas especies, mediante criaderos.
Si
bien la reglamentación no se refiere específicamente a la protección
de la diversidad biológica, estas instituciones podrán servir como
herramientas de utilidad en la investigación o conservación "in
situ".
Ley
20.247 - Ley de semillas y creaciones fitogenéticas
Esta
norma tiene como objeto "...la promoción de una eficiente
actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los
productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren
y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas" (artículo
1).
A
los efectos de garantizar estos derechos de propiedad, se crea un
Registro Nacional de Propiedad de Cultivares para tutelar los derechos
de los creadores o descubridores de nuevos cultivares (artículo 19).
Los
artículos 20 y 21 regulan el procedimiento para el reconocimiento de
los derechos sobre los cultivares, siendo estos derechos considerados
como "bienes" en los mismos términos y con los mismos
alcances que los derechos reconocidos en el Código Civil. El derecho
reconocido mediante esta norma sigue similares lineamientos que la
legislación en materia de propiedad intelectual. (Ver también la
reglamentación del Decreto 2183/91).
Ley
24.376 Convenio UPOV (Unión para la Protección de los Obtentores
Vegetales)
El
objeto de este Convenio, tal como lo señala el artículo 1 es el
reconocimiento y garantía de los derechos de propiedad de los
obtentores de variedades vegetales nuevas. Los Estados pueden reconocer
a estos derechos de propiedad mediante patentes de marca o invención u
otro título de protección particular (artículo 2).
El
Convenio es aplicable a todo tipo de géneros botánicos o especies (artículo
4). Este Convenio viene a completar y perfeccionar, conforme a las prácticas
internacionales vigentes, el derecho de los obtentores vegetales,
reconocido en la Ley de Semillas (Ley 20.247).
Decreto
590/95 - Reglamentación de la Ley de Patentes, Ley 111, Ley 24.572
El
Decreto en cuestión reglamenta la Ley de Patentes sancionada en
concordancia con el Acuerdo de GATT-TRIPS. Resulta importante señalar
que no se considera patentar a las plantas y a los animales y los
procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción (artículo
4).
El
artículo 13 establece los requisitos formales para la obtención de una
patente. Cabe destacar que el artículo 17, contempla la situación del
patentamiento de microorganismos, en cuyo caso se deberá depositar la
cepa en una institución autorizada para ello y reconocido por el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
2.b.
Derechos de uso
La
Ley de Fauna 22.421
Esta
norma establece restricciones para el uso y aprovechamiento de las
especies de fauna, sus productos y subproductos (artículo 4), al igual
que la importación, introducción y radicación de ejemplares vivos,
semen, embriones, huevos y larvas que pudieran alterar el equilibrio
ecológico (artículo 5). En virtud de la misma norma queda prohibida la
introducción de "productos y subproductos, manufacturados o
no" de las especies de fauna autóctona cuya caza, tenencia,
comercio, etc. se hallan vedadas en toda la región de su hábitat
natural (artículo 7). También se restringe la introducción de
especies de animales silvestres en cautiverio. Queda claro que la
legislación de fauna, tanto en lo que respecta a su régimen de
propiedad, como a las reglamentaciones en cuanto a su uso, modifica
sustancialmente lo establecido en el Código Civil.
Decreto
Reglamentario 691/81
En
este caso son aplicables las consideraciones respecto a los derechos de
propiedad en cuanto al establecimiento de santuarios, cotos de caza y
criaderos de fauna. La sección II de la reglamentación distingue entre
cotos privados y públicos, debiendo estar registrados como tales.
Ley
13.273 (texto ordenado Decreto 710/95)
Es
aplicable a los predios particulares, lo establecido en la Ley forestal
ya mencionada en cuanto a los aspectos de derecho público. El régimen
de la ley establece restricciones al uso de los particulares en el caso
de encontrarse sus montes y bosques clasificados como protectores o
permanentes (obligación de comunicar a la autoridad cualquier
modificación en el terreno, obligación de manejo conforme a esquemas
de manejo, etc.).
Ley
22.428 de Fomento para la Conservación de Suelos
El
artículo 1 de esta norma declara de interés general la acción privada
y pública tendiente a la recuperación de la capacidad productiva de
los suelos. El artículo 4 fomenta la formación de consorcios
voluntarios para la conservación de suelos. Los productores que la
integran podrán beneficiarse con las medidas de fomento previsto en la
Ley y en su reglamentación. Asimismo, el artículo 5 fija como objetivo
el fomento a la conservación del suelo, así como la difusión de las
normas conservacionistas.
Ley
24.375 - Aprobación del Convenio para la protección de la Diversidad
Biológica
Tal
como se señaló anteriormente, existen preceptos del Convenio que
afectan el ejercicio de los derechos de propiedad y uso por parte de los
particulares (artículo 8). No existen sin embargo, reglamentaciones
concretas aún que emanen directamente del Convenio, o que se encuentren
fundadas en dicho instrumento.
3. Comunidades indígenas y locales
A
los efectos de considerar los tres componentes de la matriz temática
utilizada para la investigación, se ha unificado su tratamiento.
Constitución
Nacional
La
Carta Magna reconoce en su nuevo texto (artículo 75, inc 17), la
preexistencia de las etnias de los pueblos indígenas argentinos.
Faculta al Congreso de la Nación, en forma concurrente con las
legislaturas provinciales a legislar en materia de posesión y propiedad
de las tierras que tradicionalmente ocupan, asegurando su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales.
Ley
24.071 - Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Los
artículos 1 y 2 de este Convenio se aplican a los pueblos considerados
indígenas, cuando conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
El
artículo 2 fija como obligación de los gobiernos el desarrollo de políticas
y acciones coordinadas con miras a proteger los derechos de esos pueblos
y garantizar su identidad, "...incluyendo medidas que promuevan la
plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres
y tradiciones y sus instituciones".
Este
Convenio viene a reforzar similares preceptos incluidos con jerarquía
constitucional. Cabe destacar, sin embargo, que este Convenio no llega a
establecer obligaciones concretas con respecto a los conocimientos
tradicionales en materia de protección de la biodiversidad, como
tampoco hace referencia a las garantías respecto de los regímenes
comunales de propiedad y tenencia de tierras. La Constitución Nacional
avanza mas allá de lo previsto en el Convenio en este sentido.
Ley
24.544 - Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe
Este
Convenio es más una declaración de principios e intenciones que un
instrumento que fija obligaciones concretas. Crea un fondo para fomentar
la cooperación científica y técnica entre miembros de la Cumbre
Iberoamericana de Madrid de 1992.
Decreto
155/89 (reglamentación de la Ley sobre política indígena)
El
artículo 3 de este Decreto faculta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI) para ejecutar programas cuya finalidad sea entre otras, la de la
adjudicación, uso y explotación de tierras, al igual que la promoción
agropecuaria, forestal, minera, industrial y pesquera. El inciso e)
faculta a dicho organismo para la elaboración y ejecución de planes de
mensura y adjudicación en propiedad y explotación de tierras. Igual
facultad amplia está contenida en el inciso h) del artículo 4.
La
propiedad de las tierras así adjudicadas, según el artículo 21, no es
susceptible de ser embargada, arrendada o sujeta a otro tipo de
restricción, sin previa autorización del INAI. La propiedad y
explotación de las tierras deberá tener en cuenta los usos y
costumbres de explotación de las tierras que sean propias de cada
comunidad (artículo 23).
En
este sentido y siguiendo con la doctrina constitucional ya descripta, señalamos
que algunas provincias han adoptado legislación acorde. La Provincia
del Chubut, por ejemplo, establece en la Ley 3657, Título II, que los
asentamientos indígenas se realizarán en tierras fiscales,
"atendiendo en lo posible a la posesión actual o tradicional de
las tierras" (artículo 5).
No
se contempla específicamente la propiedad de los recursos genéticos en
tierras indígenas. En tal sentido, el precepto constitucional retiene aún
mayor peso en cuanto al reconocimiento de las formas tradicionales de
propiedad comunitaria.
Ley
24.375 - Aprobación del Convenio para la Protección de la Diversidad
Biológica
Es
aplicable el inciso j) del artículo 8 que reconoce a los indígenas el
respeto por sus conocimientos y prácticas "...que entrañen
estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica". Cabe destacar
que esta obligación del Convenio, contiene el resguardo por la soberanía
de los Estados contratantes, estableciendo que estos derechos se
realizarán "con arreglo a su legislación nacional".
Se
ha adoptado por abordar en forma integral la regulación aplicable a los
espacios marinos, por resultar difícil escindir en cada caso las
implicancias para cada uno de los espacios considerados en la matriz de
análisis, es decir diferenciando entre el Mar Territorial; la
Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva.
Como
regla general y en virtud de los preceptos correspondientes de derecho
internacional, Argentina ejerce derechos soberanos sobre los recursos de
la zona económica exclusiva. Los derechos de propiedad otorgados a
particulares emanan de esta potestad soberana. En el caso de los
recursos minerales u otros sobre el fondo marino dentro de la ZEE o en
el lecho de la plataforma continental en su caso, los derechos de
propiedad surgen de las pertinentes concesiones o permisos. Tratándose
de recursos vivos, el régimen de pesca difiere del tradicional concepto
de "res nullius" que revestía el recurso vivo en el derecho
civil. Esta apropiación dominial por parte del Estado Nacional surge de
la Ley 18.502 sobre pesca, a la cual nos remitiremos. Para gozar del
derecho de propiedad derivado de la apropiación en los términos del Código
Civil, art. 2512, referido a la apropiación de peces y animales que se
encuentren en "mares o ríos navegables" sujeto a la
jurisdicción argentina, deberá obtenerse, por lo tanto, el
correspondiente permiso.
Ley
24.375 - Aprobación del Convenio para la Protección de la Diversidad
Biológica
El
Convenio menciona al espacio marítimo en el artículo 2 al definir a la
diversidad biológica como la variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, "incluidos entre otras cosas, los ecosistemas
marinos". Fuera de esta noción, el Convenio como herramienta jurídica
se ve complementado con las normas específicas que rigen la protección
de los recursos vivos del mar.
Ley
23.968 - Ley de Líneas de Base
Esta
norma viene a receptar, aún con anterioridad a la aprobación formal
por parte de Argentina del Convenio sobre el Derecho del Mar, los
contenidos esenciales del derecho internacional en materia de jurisdicción
nacional sobre el mar.
Esta
Ley constituye una modificación a la legislación vigente (Ley 18)
respecto a las líneas de base para la medición de los espacios marítimos.
Las aguas comprendidas dentro de las líneas de base forman parte de las
aguas interiores de la Argentina (artículo 2).
A
partir de las líneas de base, se extiende el mar territorial hasta una
distancia de doce millas (artículo 3). En este espacio, el estado
ejerce soberanía plena sobre le mar, el espacio aéreo, el lecho y el
subsuelo.
Argentina
ejerce su "poder jurisdiccional" hasta las 24 millas medidas
desde las líneas de base, pudiendo prevenir y sancionar las
infracciones a las leyes sanitarias, fiscales, aduaneras, etc. (artículo
4).
La
Zona Económica Exclusiva se extiende hasta las 200 millas desde las líneas
de base. En esta zona el país ejerce derechos soberanos para los fines
de la exploración y explotación, conservación y administración de
los recursos naturales, "Tanto vivos como no vivos", (artículo
5). El párrafo segundo de este artículo extiende el ejercicio de los
derechos nacionales a los recursos más allá de las doscientas millas,
sobre las especies migratorias, o sobre aquéllas que intervienen en la
cadena trópica de las especies de la ZEE argentina.
El
artículo 6 fija la extensión de los derechos argentinos sobre la
plataforma continental, comprendiendo el lecho y el subsuelo de las áreas
submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo
largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde
exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de
doscientas millas, medidas a partir de las líneas de base.
Finalmente,
cabe destacar la importancia de la facultad que posee Argentina como
ribereño soberano, a los efectos de regular todo lo atinente a
instalaciones y estructuras dentro de los espacios marítimos señalados
(artículo 9).
Ley
17.500 - Ley de Pesca
La
Ley de pesca establece en el artículo 1 que los recursos vivos
existentes en las zonas marítimas bajo soberanía argentina, son
propiedad del Estado Nacional, "...el que podrá conceder su
explotación conforme a la presente ley y su reglamentación". No
existe referencia a la protección de la diversidad biológica por
tratarse de una norma antigua. Cabe señalar que la Ley 18.502 modificó
el alcance de esta norma respecto a los recursos vivos ubicados en la
franja sometida a jurisdicción provincial.
Ley
18.502 - Ley sobre Jurisdicción Marítima Nacional
Esta
norma estipula la jurisdicción provincial marítima hasta las tres
millas medidas desde las líneas de base, quedando el mar territorial
restante bajo jurisdicción exclusiva de la Nación. Esta norma ha
recibido cuestionamientos en cuanto a su validez constitucional. La
jurisprudencia de la Corte, hasta la fecha ha avalado la posición
provincial restringida, sin perjuicio de reclamos reiterados de las
provincias con litoral marítimo en el sentido de ampliar la jurisdicción
sobre los espacios marítimos.
La
relación dominial entre la Nación y las respectivas Provincias
litorales, se encuentra modificada a partir de la reforma constitucional
de 1994 que garantiza, en virtud del artículo. 124, el dominio a las
provincias sobre sus recursos naturales. Como consecuencia de esto,
existe considerable incertidumbre respecto a los límites entre ambos órdenes
respecto a los derechos sobre los recursos vivos.
Ley
24.543 - Aprobación de la Convenio del Derecho del Mar
La
Ley 23.968 ya mencionada incorporó con anterioridad a la aprobación
por parte de Argentina del Convenio de Montego Bay, los conceptos
esenciales del derecho internacional en materia de los espacios marítimos.
Son
varias las provisiones del Convenio con implicancias para el ejercicio
de derechos soberanos en los espacios marítimos. Así, por ejemplo, una
de las consecuencias de los derechos soberanos de los ribereños es la
prohibición de realizar actividades de investigación para los buques
que gocen del paso en tránsito sin permiso del ribereño (artículo
40).
Estas
estipulaciones sustentan los diversos regímenes de derecho interno que
crean y otorgan derechos de propiedad a los particulares.
También
reviste importancia como reflejo del mandato ambiental del Convenio, lo
establecido en la Parte XII sobre Protección y preservación del medio
ambiente, y la prohibición de introducir especies extrañas (artículo
196).
Otras
provisiones específicas son:
Para
la Zona Económica Exclusiva:
·
La determinación de las capturas mínimas (artículo 61)
·
La utilización de los recursos vivos (artículo 62)
Para
la Plataforma Continental:
·
El ejercicio de "derechos soberanos" sobre la plataforma
continental para la explotación y exploración de recursos naturales
(artículo 77).
Ley
21.673 - Creación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP)
El
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero tiene la
finalidad de formular y ejecutar programas de investigación en materia
de recursos vivos del Mar Argentino (artículo 2). El INIDEP es el
organismo técnico encargado de determinar las capturas máximas
permisibles de recursos vivos. Sobre la base de estos dictámenes se
otorgan los permisos de pesca comercial a particulares.
Decreto
2236/91 - Regulación del régimen de permisos de pesca
Los
permisos de pesca otorgados por la Secretaría de Agricultura Ganadería
y Pesca (SAGyP) para el Mar Argentino, la ZEE y el Talud continental,
deberán contemplar los límites de captura permisible para cada especie
conforme lo estipule el INIDEP.
Resolución
1111/88 - Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (SAGyPA)
Esta
norma regula todo lo atinente a los programas de investigación sobre la
explotación de los recursos vivos del Mar Argentino.
Decreto
2183/91 - Reglamentación de la Ley de Semillas 20.247
Este
Decreto viene a complementar los requisitos formales para obtener el
reconocimiento de los derechos de propiedad sobre las especies vegetales
o de semillas originales. Si bien no hay una mención explícita a la
conservación "ex-situ", resulta claro que los procedimientos
y formalidades establecidos serán aplicables a estos emprendimientos en
la medida que se procure registrar especies o variedades nuevas. El artículo
6 señala las funciones amplias que posee el Servicio Nacional de
Semillas, que son abarcativas de las actividades de conservación
llevadas a cabo en lugares fuera de su hábitat. La Autoridad de
Aplicación tiene amplias facultades para firmar convenios con
organismos oficiales nacionales, provinciales o municipales, como también
con organismos privados.
Decreto
590/95 - Reglamentación de la Ley de Patentes 111 y Ley 24.572
Tal
como se señalara, en cuanto a los derechos de propiedad sobre los
descubrimientos realizados en materia de especies vegetales o
microorganismos, el artículo 17 obliga al descubridor a depositar el
microorganismo en una institución autorizada a tal efecto por el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Este trámite se efectúa en
aquellos casos que el descubrimiento no sea conocido ni disponible públicamente.
Resulta claro que esta provisión reconoce el papel de la conservación
"ex-situ", aunque no en una función
"conservacionista".
Resolución
389/86 de la SAGyP - Reglamentación sobre la Ley de Semillas
Esta
norma reglamentaria de la Ley de Semillas 20.247 de la SAGyP establece
las pautas a seguirse para la producción, comercialización e
introducción de semillas forestales.
El
Capítulo 1 de la norma en cuestión establece diversas categorías de
establecimientos, de los cuales tres revisten interés como herramientas
para la conservación "ex-situ". Estos son:
·
Huerto semillero fiscalizado. Son los establecimientos que obtienen
cultivares o creaciones fitogenéticas con la finalidad de proveer tal
material a otros establecimientos para su multiplicación.
·
Semillero multiplicador fiscalizado. Son establecimientos que proceden
a la reproducción y multiplicación de cultivares obtenidos de huertos
o semilleros.
·
Rodales semilleros. Son los establecimientos que poseen árboles
"porta-granos", destinados a proveer el material para la
propagación y multiplicación de plantas, constituyéndose en bancos
proveedores de esas semillas.
Resolución
156/87
Esta
resolución viene a complementar a la Resolución 389/86, en cuanto a la
calidad de las plantas y semillas difundidas. El reglamento contemplaba
una instancia de concertación entre el Instituto Forestal Nacional (IFONA)
y el Servicio Nacional de Semillas. Actualmente el IFONA se encuentra
disuelto.
Ley
24.375 - Aprobación del Convenio para la Protección de la Diversidad
Biológica
Es
aplicable lo establecido en el artículo 9 del Convenio. No existen
normas reglamentarias específicas al respecto.
NOTAS
|
1.
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En
el régimen vigente, la propiedad minera del subsuelo es
diferente de la propiedad civil. De allí la denominación de
propiedad superficiaria de esta última
|
