ÍNDICE
A.
Áreas terrestres y acuáticas
1.
Público
2.
Privado
3.
Comunidades indígenas
B.
Áreas marinas
1.
Aguas jurisdiccionales
C.
Colecciones "ex-situ"
|
A.
|
Áreas terrestres y acuáticas
|
1. Público
1.a.
Transferencia de tecnología
La
República Argentina cuenta con normas tanto a nivel nacional como
provincial que, al regular las relaciones que se desarrollan en el ámbito
del Derecho Público, contemplan la transferencia de tecnología
aplicada a la distribución de beneficios resultantes del acceso a los
recursos genéticos.
A
nivel nacional, en primer lugar es importante analizar la legislación
específica que regula la transferencia de tecnología en general: la
Ley 22.426 (1). Como regla general
la citada norma sujeta a sus disposiciones a todos los actos jurídicos
a título oneroso que tengan por objeto principal o accesorio, la
transferencia, cesión o licencia de tecnologías por personas
domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que esos actos
tengan efectos jurídicos en la Argentina
(2).
En consecuencia, se entiende que sus conceptos y disposiciones pueden
aplicarse en el caso de que el objeto de la transferencia sea de alguna
tecnología aplicable a algún elemento constitutivo de la diversidad
genética en general.
A
pesar de que la norma ha sido formulada en sentido genérico, y de la
interpretación expresada en el párrafo anterior, la misma no prevé
disposiciones expresas acerca de la distribución de beneficios
resultantes del acceso al uso de las tecnologías y su transferencia.
En
segundo lugar, se incluye en el análisis la Ley 24.375
(3)
que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el Convenio sobre la
Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992, dado que reconoce
expresamente la importancia del acceso a la tecnología y la participación
en la misma al declararlos como elementos esenciales en la importancia
crítica que reviste la conservación de la diversidad biológica.
En
tercer lugar, se analiza la Ley 23.582
(4)
que dispone la aprobación del Convenio para la Conservación y Manejo
de la Vicuña de Lima de 1979. Es un acuerdo multilateral celebrado
entre Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú que contempla los
aspectos de la conservación de la vicuña como alternativa de producción
económica en beneficio de la población andina y el compromiso paralelo
de su aprovechamiento en forma gradual bajo control del Estado y de
acuerdo a la aplicación de las técnicas de manejo de fauna silvestre.
Respecto
de la transferencia de tecnología, el Convenio refleja el compromiso de
las partes de prestarse asistencia técnica mutua para el manejo y
repoblamiento del recurso vicuña, y la difusión y extensión de las
acciones tendientes a la conservación y manejo de la especie.
En
cuarto lugar, se analizan dos normas nacionales que reglamentan la
actividad científica tecnológica nacional y que incluyen entre sus
disposiciones normas que reglamentan la transferencia de tecnología en
general.
Por
un lado, la Ley 23.877
(5),
que fuera sancionada para promover y fomentar el desarrollo de tecnología.
Tiene por objeto mejorar la actividad productiva del país a través de
la promoción y fomento de la transferencia de tecnología. A esos
efectos, define como tal a "los proyectos en los que ya producido
y/u homologado el desarrollo, debe pasarse de la escala piloto a la
escala industrial". La ley crea un sistema que se estructura en
base a la existencia de un núcleo central dentro del organismo a cargo
de la "Ciencia" dentro de la estructura del gobierno federal
que tipifica, selecciona y formula los proyectos de transmisión de
tecnología. Se entiende que los lineamientos generales de esta norma
son aplicables a la materia de la transferencia de la tecnología cuando
los recursos genéticos sean objeto de la misma.
La
norma analizada se complementa con el Decreto 1797/94
(6)
que crea el Programa Federal de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
Presidencia de la Nación. Dado que el programa fue creado para
funcionar dentro del Poder Ejecutivo Nacional en la estructura del
gobierno federal, la misión principal del mismo es la de asistir al
Presidente de la Nación en todos los aspectos relacionados con la
formulación de las políticas y la planificación referidas al
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la informática.
El
principal objeto del programa se basa en el traslado del resultado de
esas acciones a las diferentes agencias regionales federales con el propósito
de mejorar la calidad de vida y la productividad de las diversas zonas
del país.
El
programa debe articular un sistema que permita la transferencia de la
tecnología a efectos de superar el alto grado de obsolescencia en que
se encuentra la estructura tecnológica del sector productivo de las
distintas regiones del país.
A
nivel institucional se integra al sistema científico argentino - a través
de la incorporación a la estructura de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Presidencia de la Nación - la Dirección Nacional de
Vinculación y Transferencia de Tecnológica y el subprograma "Red
de Institutos de investigación y transferencia tecnológica".
Se
desprende del análisis que, si bien el criterio seguido por el Gobierno
Nacional para la adopción del programa es netamente economicista - dado
que la intención principal que se persigue es la de reorientar el gasto
del gobierno en el área -, se entiende que sus reglas son aplicables a
todo acto de transferencia de tecnología que se pretenda realizar con
fondos del Gobierno Nacional.
En
el orden provincial, la Provincia de Córdoba regula tanto la
transferencia de tecnología como la distribución de los beneficios por
el acceso a la misma.
En
primer lugar, se analiza la Constitución provincial que en el Capítulo
2 regula la Educación y la Cultura. Allí se otorga rango
constitucional a la protección de la Ciencia y la Tecnología y se
dispone que el Estado Provincial garantiza la participación de todas
las personas en los adelantos tecnológicos y su aprovechamiento
igualitario
(7).
Asimismo,
en el Capítulo 3 dedicado a la Ecología, se declara la autoridad del
Estado Provincial para la defensa de los recursos naturales. En su
calidad de guardián, está autorizado a regular el empleo de las
tecnologías que deban ser aplicadas al uso y aprovechamiento de los
recursos naturales
(8).
En
segundo lugar, la única norma provincial que hace referencia a la
transferencia de tecnología se encuentra dentro de la reglamentación
de la actividad de los ministerios del Poder Ejecutivo Provincial. En el
Capítulo correspondiente a la determinación de las funciones del
Ministerio de Industria y Comercio Exterior, se asigna a la Subsecretaría
de Industria la función de incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías
o transferencia de éstas.
1.b.
Participación en la investigación y reconocimiento
La
República Argentina cuenta con normas a nivel nacional y provincial que
contemplan la participación de los Estados y los particulares en la
investigación y reconocimiento aplicado al tema de la distribución de
beneficios resultantes del acceso a los recursos genéticos.
En
el orden nacional, en primer lugar se analiza la Ley 20.645
(9)
aprobatoria del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo que
la República Argentina celebrara con la República Oriental del Uruguay
en 1973.
El
Capítulo XI dedicado a la "Investigación" reconoce el
derecho de las Partes a realizar estudios e investigaciones de carácter
científico en todo el río
(10).
Esta disposición encuentra sus límites en la condición de dar aviso
previo a la otra Parte, indicando las características del estudio a
realizar. Esta facultad se completa con el derecho de cada una de las
Partes a participar en todas las fases de cualquier estudio que emprenda
la otra Parte.
La
regulación de las actividades de investigación de ambos países, se
integra con el compromiso de la realización de estudios conjuntos de
carácter científico de interés común y especialmente aquellos
relativos al relevamiento integral del río.
Esta
norma no hace especificaciones particulares respecto de los temas a ser
investigados, ante esta ausencia de regulación, se entiende que está
garantizado el derecho a la investigación de los países firmantes en
cuestiones que incluyan aspectos de biodiversidad.
En
segundo lugar, se analizan las disposiciones de la Ley 23.918 (11) que aprobó el
Convenio sobre la conservación de las Especies Migratorias Silvestres
de Bonn de 1979. Fue adoptado por la comunidad internacional una vez que
reconocieron la importancia de conservar las especies migratorias,
prestando especial atención tanto de aquéllas cuya existencia se
encuentra amenazada como de aquéllas cuyo estado de conservación sea
desfavorable.
En
ese marco, los Estados concertaron acciones respecto de las especies
migratorias amenazadas, estableciendo la prohibición de sacar a las
mismas de su ambiente natural con la única excepción de que su captura
es permitida con finalidades científicas.
Dado
el compromiso asumido por los Estados Partes y la prohibición específica
descripta en el párrafo anterior, se entiende que el Tratado en análisis
contempla la participación de los Estados en los resultados de
investigación y reconocimiento en la distribución de los beneficios
derivados del acceso a los recursos genéticos, en este caso
representados por las especies protegidas por el Convenio.
Por
último, en el orden nacional, se incluye la Ley 24.375
(12)
aprobatoria del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de
Janeiro de 1992 que, en su preámbulo reconoce como un serio problema la
falta de información y conocimientos sobre la diversidad biológica en
numerosos países de la comunidad internacional.
En
el orden provincial, la provincia de Mendoza regula la existencia de áreas
naturales y sus especies silvestres
(13).
Dado que, la regulación reconoce como sus fines principales el asegurar
la diversidad genética de las áreas de la jurisdicción provincial que
sean sometidas al régimen legal y conservar en el estado más natural
posible los ambientes ecológicos para contribuir al mantenimiento de la
diversidad biológica, considera primordial la promoción, facilitación
y apoyo de la investigación científica en cualquiera de sus formas en
las áreas naturales protegidas (14).
1.c.
Resultados de la investigación
La
República Argentina también cuenta con normas a nivel nacional y
provincial que contemplan la participación en los resultados de la
investigación aplicado a los recursos genéticos.
A
nivel nacional, la Ley 20.645
(15)
aprobatoria del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo que
celebrara la República Argentina con la República Oriental del Uruguay
en 1973 contiene preceptos sobre la materia tecnológica.
En
el Capítulo XI dedicado a la "Investigación" se reconoce el
derecho de las Partes a realizar estudios e investigaciones de carácter
científico en todo el río
(16).
Este reconocimiento mutuo de derechos entre ambos Estados encuentra sus
límites en la condición de dar aviso previo a la otra Parte, indicando
las características del estudio a realizar. Esta facultad se completa
con el derecho de cada una de las Partes a participar en todas las fases
de cualquier estudio que emprenda la otra Parte.
La
regulación de las actividades de investigación de ambos países, se
integra con el compromiso de la realización de estudios conjuntos de
carácter científico de interés común y especialmente aquellos
relativos al relevamiento integral del río.
Por
otra parte, cabe destacar la Ley 23.918
(17)
aprobatorio del Convenio sobre la conservación de las especies
migratorias silvestres de Bonn de 1979.
El
Convenio recepta el reconocimiento de la comunidad internacional de la
importancia que reviste conservar las especies migratorias, prestando
especial atención tanto de aquéllas cuya existencia se encuentra
amenazada como de aquéllas cuyo estado de conservación sea
desfavorable.
En
ese marco, los Estados concertaron acciones respecto del objeto
principal del Convenio y respecto de las especies migratorias amenazadas
establecieron la prohibición de sacar a las mismas de su ambiente
natural, con la única excepción de que su captura es permitida con
finalidades científicas.
Dado
este compromiso asumido por los Estados Partes, y al no haberse
formulado directivas específicas en contrario, se entiende que el
Tratado contempla la participación de los Estados en los resultados de
investigación derivados del acceso a los recursos genéticos, en este
caso representados por las especies protegidas por el Convenio.
La
Ley 24.375
(18)
aprobatoria del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de
Janeiro de 1992, en el preámbulo contempla la preocupación de los
Estados Partes Contratantes respecto de la falta de información y
conocimientos sobre la diversidad biológica. Ante esta situación, las
Partes consideran al hecho de compartir los resultados de las
investigaciones como una de las posibles soluciones, dado que se señala
como uno de los objetivos fundamentales del Convenio la participación
justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización
de esos recursos.
En
el orden provincial, existen normas en las provincias de Mendoza y Córdoba.
La
provincia de Mendoza al regular las áreas naturales provinciales y sus
especies silvestres
(19)
establece como uno de sus fines principales el asegurar la diversidad
genética de las áreas de la jurisdicción provincial que sean
sometidas al régimen legal. Entre las medidas que permiten el logro de
los fines se encuentra la relacionada a la conservación en el estado más
natural posible de los ambientes ecológicos para contribuir al
mantenimiento de la diversidad biológica. Para ello consideran
prioritario la transferencia de los resultados de las investigaciones
generalizables al uso de los demás recursos de la provincia a efectos
de compatibilizar los mismos
(20).
La
provincia de Córdoba cuenta con normas en la Constitución provincial,
que regulan la Ciencia y la Tecnología en el Capítulo sobre la
protección de la Cultura y la Educación. Establece una garantía de
participación de todas las personas y el aprovechamiento igualitario en
todos los adelantos tecnológicos
(21).
La norma constitucional refuerza la protección señalada estableciendo
que se deben evitar los monopolios en materia de ciencia y técnica.
Otra
referencia al tema bajo análisis se encuentra en la regulación de las
facultades de los municipios de la provincia, cuando establece que éstos
pueden celebrar convenios con todo tipo de autoridades tanto a nivel
municipal, como provincial y nacional
(22).
Respecto del carácter de estos convenios, se dispone que pueden tener
como objetivo la cooperación técnica así como la regulación de
actividades de interés común a su competencia. Dado el sentido amplio
en que se encuentra formulada la norma, se deduce que no queda excluida
la posibilidad de acordar investigaciones conjuntas con otros organismos
a efectos de participar en los resultados de las mismas. Esta disposición
se complementa con la reglamentación a posteriori a través de la Ley
8102 (23) de
Municipalidades. En el Capítulo de las disposiciones sobre las
relaciones municipales, la norma reafirma la facultad de los municipios
de celebrar convenios con otras autoridades de distintas jurisdicciones
para el desarrollo de sus objetivos señalando que, la celebración de
los mismos es la forma en que deben instrumentarse esas relaciones
respetando lo dispuesto por el art. 190 de la Constitución Provincial.
1.d.
Capacitación
La
única norma que contiene disposiciones sobre la capacitación y formación
de recursos humanos resultante del acceso de los recursos genéticos es
a nivel nacional, la Ley 24.375
(24),
aprobatoria del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de
Janeiro de 1992.
1.e.
Regalías
En
el orden nacional, la Ley 24.375 que aprueba el Convenio sobre la
Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992, es la única regulación
que contempla la distribución de las regalías derivadas del acceso a
los recursos genéticos, dado que contiene una norma que se encuentra
implícita en los objetivos del Convenio.
2. Privado
2.a.
Transferencia de tecnología.
La
República Argentina cuenta con normas a nivel nacional que regulan la
participación de las personas privadas en los actos de transferencia de
tecnología aplicada a la materia de la distribución de beneficios
resultantes del acceso a los recursos genéticos.
A
estos efectos nos remitimos a lo mencionado anteriormente, en donde señalamos
que Argentina cuenta con legislación específica que regula la
transferencia de tecnología en general
(25).
La regla general creada por esa norma sujeta a sus disposiciones a todos
los actos jurídicos a título oneroso que tengan por objeto principal o
accesorio, la transferencia, cesión o licencia de tecnologías por
personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que esos actos
tengan efectos jurídicos en la Argentina
(26).
En consecuencia, se entiende que sus conceptos y disposiciones pueden
aplicarse en el caso de que la transferencia de tecnología sea
realizado por el sector privado.
No
obstante ello, la Ley 23.877
(27)
fue sancionada con el objeto de mejorar la actividad productiva del país
a través de la promoción y fomento de la transferencia de tecnología.
La Ley dispone que solamente es aplicable a aquellas personas de
existencia física e ideal, ya sean públicas o privadas debidamente
conformadas que desarrollen actividades tecnológicas, que adhieran
voluntariamente a las obligaciones y derechos que ésta fija
(28).
Se entiende que esta norma, por sus consideraciones de carácter
general, es aplicable a la materia de la transferencia de la tecnología
cuando los recursos genéticos sean objeto de la misma, siempre que las
partes involucradas deseen acogerse a los beneficios que ella brinda.
Esta
norma se complementa con el Decreto 1797/94
(29),
mediante el cual se creó el Programa Federal de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Tecnología
de la Nación, para que asista al Presidente de la Nación en todos los
aspectos relacionados con la formulación de las políticas y la
planificación referidas al desarrollo de la ciencia, la tecnología y
la informática. La norma asigna al gobierno federal la obligación de
trasladar los resultados de esas acciones a las distintas agencias
federales regionales ubicadas en distintos puntos del país.
Si
bien el programa creado tiene como meta articular un sistema que permita
la transferencia de la tecnología, a efectos de superar el alto grado
de obsolescencia en que se encuentra la estructura tecnológica del
sector productivo de las distintas regiones del país, se desprende de
lo analizado que sus reglas son aplicables a todo acto de transferencia
de tecnología que se pretenda realizar con fondos del Gobierno
Nacional.
En
tercer lugar, se incluye en el análisis a la Ley 24.375
(30)
que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el Convenio sobre la
Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992, dado que obliga a las
Partes Contratantes a tomar medidas legislativas, administrativas o de
política que tengan por objeto lograr que el sector privado facilite la
transferencia de la tecnología pertinente para la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica. Fuera del régimen
del Convenio no existe regulación específica en esta materia.
2.b.
Participación en la investigación y reconocimiento
La
participación de los particulares en la investigación y el
reconocimiento entendido como un beneficio derivado del acceso a los
recursos genéticos está reconocido por la Ley 24.375
(31).
En el punto a. anterior, mencionamos la obligación de cada Parte
Contratante de tomar las medidas legislativas, administrativas o de política
que tengan por objeto lograr que el sector privado facilite el acceso,
desarrollo conjunto y la transferencia de la tecnología pertinente para
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.
Se entiende que estas acciones implican la participación de los
particulares en la investigación y reconocimiento entendido como un
beneficio derivado del acceso a los recursos genéticos.
En
segundo lugar se considera aplicable la Ley 23.918
(32)
que aprobó el Convenio sobre la Conservación de las Especies
Migratorias Silvestres de Bonn de 1979. En ese marco, los Estados
concertaron acciones respecto de las especies migratorias amenazadas -
objeto de protección del convenio -, estableciendo la prohibición de
sacar a las mismas de su ambiente natural con la única excepción de
que su captura es permitida con finalidades científicas.
Dado
el compromiso descripto y la inexistencia de prohibiciones al respecto
en el Convenio en análisis, se entiende que está contemplada la
participación de los privados en los resultados de la investigación y
reconocimiento como forma de distribución de los beneficios derivados
del acceso a los recursos genéticos.
3. Comunidades indígenas
La
República Argentina cuenta con varias normas tanto a nivel nacional
como provincial, que regulan las acciones que se desarrollan en el ámbito
del Derecho Público para el tratamiento de la cuestión indígena y las
comunidades locales. Sin embargo, entre las normas analizadas que
consagran las políticas oficiales en el área, no se ha encontrado
norma alguna que establezca algún mecanismo que permita el
patentamiento de los conocimientos tradicionales o de las comunidades
indígenas.
3.a.
Transferencia de tecnología
El
tratamiento de la cuestión indígena y las comunidades locales se
regula en el ordenamiento jurídico nacional a través de tres normas
fundamentales (33):
i.
de política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes,
ii.
la
Ley 24.375 aprobatoria del Convenio de protección de la diversidad biológica
de Río de Janeiro de 1992 y,
iii.
la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
de Ginebra en la 76º Conferencia Internacional del Trabajo, y del
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de América Latina y El Caribe suscrito en Madrid, España en 1992.
De
acuerdo a lo enunciado, en el punto i) se ubica a las normas generales
que establecieron políticas del mismo carácter, pero que no contienen
normas referidas a la transferencia de tecnología aplicada a la materia
bajo análisis.
En
el punto ii), donde se incluye a la Ley Nacional 24.375 aprobatoria del
Convenio de Protección de la Diversidad Biológica de Río de Janeiro
de 1992, se encuentran las recomendaciones sobre medidas a adoptar para
la conservación in situ de los recursos genéticos y específicamente
respecto del acceso a las tecnologías y la transferencia de la misma
cuando se trate de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las
comunidades indígenas y locales.
Las
normas enunciadas en el punto iii) contienen algunas disposiciones
aplicables a la materia bajo análisis. Así, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, de Ginebra en la 76º Conferencia
Internacional del Trabajo, dispone respecto de sus artesanías,
industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y
relacionadas con la economía de subsistencia de esos pueblos, que deben
ser reconocidos como factores importantes para el mantenimiento de la
cultura, su autosuficiencia y desarrollo económico. Impone a los
gobiernos la obligación de velar - conjuntamente con las comunidades -
por el fortalecimiento y fomento de estas actividades
(34).
Asimismo, los pueblos interesados pueden peticionar a los Estados la
facilitación de asistencia técnica y financiera que tenga en cuenta
las técnicas tradicionales.
El
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de América Latina y El Caribe suscrito en Madrid, España en 1992, es
considerado como un mecanismo destinado a apoyar los procesos de
autodesarrollo de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas
de la región; para ello los Estados deben adoptar como función la
provisión de una instancia de diálogo para alcanzar la concertación
en la formulación de operaciones de asistencia técnica (35).
3.b.
Participación en la investigación y reconocimiento
A
nivel nacional y en el marco de las normas generales que establecieron
las políticas indígenas y de apoyo a las comunidades aborígenes, se
encuentra el Decreto 155/89 del Poder Ejecutivo Nacional que contiene
una referencia al tema importante de destacar. Esta norma establece que
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas - que se crea como Autoridad
de Aplicación de la política nacional del área - está facultado para
elaborar y/o ejecutar en materia de salud programas de prevención y
asistencia sanitaria en las comunidades indígenas que incluyan
conocimientos y modalidades que aporte la medicina tradicional
(36),
regula la participación en la investigación de aspectos vinculados a
las comunidades aborígenes.
A
posteriori, la Ley Nacional 24.375 aprobatoria del Convenio de Protección
de la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992.
También
el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de América Latina y El Caribe suscrito en Madrid, España en 1992,
reconoce que para el logro de los objetivos el Fondo indígena debe
adoptar como una de sus funciones la de proporcionar recursos de
asistencia técnica para apoyar la formación de recursos de información
y asimismo la investigación de los pueblos indígenas y sus
organizaciones
(37).
A
nivel provincial, se menciona la norma de la Provincia de Chubut que
establece las reglas generales para las comunidades aborígenes que
habitan la jurisdicción provincial
(38).
La misma, al reconocer como objetivo la preservación de estas
comunidades y la defensa y revalorización de sus tradiciones, otorga
facultades al Instituto de Comunidades Indígenas - creado como persona
jurídica autárquica al efecto - para establecer y aplicar programas de
trabajo que respeten las costumbres indígenas, previa consulta a las
mismas
(39).
3.c.
Capacitación
A
nivel nacional y en el marco de las normas generales contenidas en el
Decreto 155/89 del Poder Ejecutivo Nacional, se faculta al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas para la asistencia a las comunidades indígenas
en el desarrollo de procesos de autogestión que les permitan alcanzar
una organización formal basada en sus tradiciones y pautas culturales
(40).
Por
otro lado, el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe suscrito en Madrid,
España en 1992, prevé que para el logro de sus objetivos el Fondo Indígena
debe adoptar como una de sus funciones la de proporcionar recursos de
capacitación y asistencia técnica para apoyar la formación de
recursos humanos y de información (41).
A
nivel provincial, la Provincia de Chubut en la norma que establece las
reglas generales para las comunidades aborígenes que habitan la
jurisdicción provincial
(42),
asigna al Instituto de Comunidades Indígenas como una de sus
atribuciones en materia de educación, la facultad de coordinar y
establecer con otras áreas de gobierno el fomento de las artesanías e
industrias rurales indígenas que preserven su autenticidad
(43).
1. Aguas Jurisdiccionales
En
el desarrollo de los temas vinculados a la distribución de beneficios
derivados del acceso a los recursos genéticos en las zonas marinas
encontramos que existen diferentes normas a nivel nacional que pueden
ser clasificadas en dos categorías bien diferenciadas:
* Normas de carácter general, que por su formulación en idéntico
sentido pueden considerarse que son aplicables al punto en análisis, es
decir tanto a las áreas comprendidas dentro del mar territorial como a
la plataforma continental y a la zona económica exclusiva. El
desarrollo de sus contenidos se omite en este capítulo debido a que
fueron analizados en profundidad en el punto 1 del presente trabajo. En
esta categoría ubicamos a las siguientes leyes:
1.
Ley 23.918
(44)
que aprobó el Convenio sobre la Conservación de las Especies
Migratorias Silvestres de Bonn de 1979.
2.
Ley 24.375
(45)
aprobatoria del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de
Janeiro de 1992.
* Normas de carácter específico, que contienen
disposiciones para cada unos de los temas. Algunas contienen
disposiciones específicas para todas las áreas comprendidas dentro de
la zona marina y otras, sólo para alguna de ellas, por lo que el análisis
de las mismas no sigue en este punto el esquema propuesto en la matriz
del trabajo.
1.a.
Transferencia de tecnología
A
nivel nacional existen diversas normas que contemplan la figura de la
transferencia de tecnología en el área. Para su análisis es
conveniente agruparlas según sus características derivadas de su
contenido:
En
el primer grupo se ubica a todas la normas específicas cuyo objeto haya
sido reglamentar la transferencia de tecnología en general. Entre ellas
encontramos:
i.
Ley 22.426
(46)
que sujeta a sus disposiciones a todos los actos jurídicos a título
oneroso que tengan por objeto principal o accesorio, la transferencia,
cesión o licencia de tecnologías por personas domiciliadas en el
exterior, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas domiciliadas en el país, siempre que esos actos tengan efectos
jurídicos en la Argentina (47).
ii.
Ley 23.877
(48)
de promoción y fomento del desarrollo de tecnología, que tiene por
objeto mejorar la actividad productiva del país a través de la promoción
y fomento de la transferencia de tecnología y su Decreto Reglamentario
1797/94
(49).
Se entiende que las reglas establecidas por estas normas son aplicables
a todo acto de transferencia de tecnología que se pretenda realizar con
fondos del Gobierno Nacional.
En
consecuencia, y como se ha explicado en el comienzo del presente
trabajo, y teniendo en cuenta que la referencia al ámbito territorial
de aplicación de ambas leyes se formula en forma amplia, se entiende
que sus conceptos y disposiciones pueden aplicarse en el caso que la
transferencia de tecnología se realice tanto dentro de la zona del mar
territorial, como la plataforma continental y la zona económica
exclusiva.
En
el segundo grupo, ubicamos a las normas generales que regulan otros
aspectos distintos a la transferencia de tecnología pero que contienen
normas relacionadas a esas actividades. Así, se ubican en ésta categoría,
las siguientes normas:
i.
Ley 23.968
(50),
que modificó el Código Aduanero estableciendo las líneas de base a
partir de las cuales se miden los espacios marítimos de la Argentina (51).
Con
la fijación de estos límites se establece la soberanía plena de la
República Argentina sobre las aguas situadas en el interior de esas líneas
de base (52).
Como
norma general dispone que en los espacios marítimos que determina la
ley, el país conserva el derecho exclusivo de construir, autorizar y
reglamentar la construcción de todo tipo de instalaciones y
estructuras, ejerciendo sobre las mismas la jurisdicción exclusiva
(53).
De acuerdo a que la norma ha sido formulada en sentido genérico y que
sus términos no han sido especificados en reglamentaciones particulares
a posteriori, de su lectura se entiende que todas las actividades de
transferencia de tecnología que tengan por objeto recursos genéticos y
que para ello utilicen los elementos mencionados en la norma y se
localicen dentro de la jurisdicción nacional establecida deberán ser
autorizadas por el Gobierno Nacional.
ii.
Ley 24.315
(54),
que contiene la aprobación del Acuerdo que regula las relaciones de
pesca del país con la Comunidad Europea. El documento establece para
las Partes la obligación de facilitar y fomentar la cooperación económica,
científica y técnica internacional para permitir especialmente los
intercambios de información sobre las técnicas y equipos de pesca, y
sobre métodos de conservación y transformación industrial del
producido de la pesca.
La
norma no hace mención al ámbito de aplicación de la misma pero sí
explícita que se logra el acuerdo porque ambas Partes son signatarias
del Convenio de las Naciones sobre Derechos del Mar, lo que permite
afirmar que es aplicable a la jurisdicción argentina en general sin
distinguir entre las distintas áreas que conforman el mar territorial,
la plataforma continental y la zona económica exclusiva.
iii.
Ley 24.543
(55),
aprobatoria del Convenio de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar
que contiene en su parte XIV normas relacionadas al "Desarrollo y
transmisión de tecnología marina".
1.b.
Participación en la investigación y reconocimiento
A
nivel nacional se encuentran las siguientes normas:
i.
Ley 20.489
(56),
que establece las bases jurídicas para reglamentar la autorización de
actividades de investigación científica y técnica que proyecten
realizar en aguas sujetas a la soberanía nacional y en la plataforma
continental argentina las personas físicas o jurídicas extranjeras u
organismos internacionales.
Con
esta norma se reconoce el derecho de los Estados ribereños de reglar
este tipo de actividades. Se basa en el principio universalmente
reconocido de permitir la realización de actividades de investigación
científica y técnica pero con permiso previo, y de tal manera que no
se produzcan daños a los recursos naturales del mar ni perjudiquen o
entorpezcan injustificadamente la explotación de los mismos, la
navegación u otros servicios u obras existentes.
La
regla general se completa con el derecho de verificar el cumplimiento de
los requisitos fijados en la autorización respectiva, así como el
tener acceso a toda la información derivada de la investigación de que
se trate, como asimismo sus resultados.
También
establece que la Autoridad de Aplicación podrá disponer la participación
en las unidades de investigación, de personal científico argentino con
instrucciones de presenciar o participar en los trabajos que se
realicen.
ii.
Ley
23.968
(57),
que modificó el Código Aduanero estableciendo las líneas de base a
partir de las cuales se miden los espacios marítimos de la Argentina.
iii.
Ley 24.543
(58),
aprobatoria del Convenio de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar
que contiene en su parte XIII disposiciones relacionadas a la
"Investigación científica marina".
1.c.
Resultados de la investigación
A
nivel nacional, se consideran aplicables las siguientes normas:
i.
i) Ley 23.968, que introdujo modificaciones al Código Aduanero a fin
de establecer las líneas de base de los espacios marítimos de la
Argentina.
Respecto
de la zona económica exclusiva esta ley establece que la Nación
Argentina ejerce derechos de soberanía a los fines de exploración de
los recursos naturales tanto vivos como no vivos. Esta regla también es
aplicable más allá de las doscientas millas marinas sobre las especies
migratorias o sobre aquellas que intervienen en la cadena trófica de
las especies de la zona económica exclusiva argentina
(59).
Por
último, dispone que en los espacios marítimos que determina la ley, el
país conserva el derecho exclusivo de construir, autorizar y
reglamentar la construcción de todo tipo de instalaciones y
estructuras, ejerciendo sobre las mismas la jurisdicción exclusiva. Por
su formulación en sentido amplio, se entiende que sus disposiciones
incluyen a todo tipo de instalaciones que se utilicen con el objeto de
investigar los espacios marítimos.
ii.
ii) Ley 24.543
(60),
aprobatoria del Convenio de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar,
contiene en su parte XIII disposiciones relacionadas a la
"Investigación científica marina" en las áreas bajo análisis.
Existe
sólo una norma a nivel nacional que contempla la regulación de las
colecciones "ex-situ" y se encuentra en la Ley 24.375 (61) aprobatoria del
Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992.
NOTAS
1. Ley
22.426: Ley de transferencia de tecnología. Sanción y promulgación:
12/3/81; Publicación: B.O. 23/3/81
2. Ley
22.426: art. 1º
3. Ley
24.375 Apruébase un Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado y
abierto a la firma en Río de Janeiro el 5/6/92" Sancionada 7/9/94;
Promulgada 3/10/94; Publicación B.O. nº 27.991 6/10/94 p. 1
4. Aprobación
del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña suscrito en la
ciudad de Lima el 20/12/79. Sancionada: 20/7/88; Promulgada: automáticamente
por art. 70 Constitución Nacional; Publicación: B.O. 31/8/88
5. Ley
23.877 de promoción y fomento de la investigación y desarrollo,
transmisión de tecnología y asistencia técnica. Sanción: 28/9/90;
promulgación 26/10/90 (por aplicac. art. 70 Const. Nac.); publicación:
B.O. 1/11/90.
6. Creación
del Programa Federal de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
Publicación B.O. nº 27.998 del 18/10/94, 1º Sección, pág. 2
7. Constitución
de la provincia de Córdoba (Sancionada el 26 de Abril de 1987): art. 64
8. Constitución
de la Provincia de Córdoba: art. 68, 2º parte.
9. Ley
20.645: Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo - Aprobación
del suscrito con la República Oriental del Uruguay en Montevideo el
19/11/73. Sanción: 31/1/74; Promulgación: 8/2/74; Publicación: B.O.
18/2/74
10. Ley 20.645: art. 57
11.
Ley 23.918: Aprobación de la Convenio sobre la conservación de
las especies migratorias silvestres de Bonn, República Federal de
Alemania el 23/6/79; sanción: 21/3/91; promulgación: 15/4/91;
publicación: B.O. 24/4/91.
12.
Ver nota 3 este capítulo
13.
Ley 6.045. Sanción: 26/8/93; Promulgación: 10/9/93; Publicación:
B.O. 18/10/93.
14.
Ley 6.045, art. 2. inc. d) y art. 5, inc. d)
15.
Ley 20.645: Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo -
Aprobación del suscrito con la República Oriental del Uruguay en
Montevideo el 19/11/73. Sanción: 31/1/74; Promulgación: 8/2/74;
Publicación: B.O. 18/2/74
16.
Ley 20.645: art. 57
17.
Ley 23.918: Aprobación de la Convenio sobre la conservación de
las especies migratorias silvestres de Bonn, República Federal de
Alemania el 23/6/79; sanción: 21/3/91; promulgación: 15/4/91;
publicación: B.O. 24/4/91.
18.
Ver nota 3 este capítulo
19.
Ver comentarios y referencias en el punto b. anterior
20.
Ley 6045, art. 2, inc. e) y art. 5, inc. l)
21.
Constitución provincial, art. 64, 2da. parte
22.
Constitución provincial, art. 190
23.
Ley 8102, art. 183 (Sanción: 5/11/91; Promulgación: 12/11/91;
Publicación: B.O. 15/11/91)
24.
Ver nota 3 este capítulo
25.
Ley 22.426: Ley de transferencia de tecnología. Sanción y
promulgación: 12/3/81; Publicación: B.O. 23/3/81
26. Ley
22.426: art. 1º
27. Sobre
esta ley ver comentarios en el punto A.1.a. del presente capítulo y
nota 15 del mismo.
28.
Ley 23.877, art. 4º.
29. Creación
del Programa Federal de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
Publicación B.O. nº 27.998 del 18/10/94, 1º Sección, pág. 2
30.
Ver referencias y comentarios citados en este capítulo.
31.
Ver referencias y comentarios citados en este capítulo.
32. Ver
comentarios y referencias en el punto A.1.b. de este capítulo.
33.
La política nacional respecto de la protección y apoyo de las
comunidades indígenas se encuentra dispersa en diferentes normas. En
primer lugar, la ley 14.932 aprobó el Convenio 107 sobre protección e
integración de las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales.
Luego se sanciona la Ley 23.302 (Sanción: 30/9/85; Promulgación:
8/11/85: Publicación B.O. 12/11/85) sobre política indígena y apoyo a
las comunidades aborígenes. Ambas normas se complementaron con la
adopción por parte del Poder Ejecutivo Nacional del Decreto 155/89
(2/2/89: Publicación: B.O. 17/2/89) que sirvió de reglamentación de
las políticas establecidas en las normas anteriormente mencionadas. Por
último, se incorporan a la política nacional tres normas de carácter
internacional, mediante la sanción de las siguientes leyes: Ley 24.071
(Sanción: 4/3/92; Promulgación: 7/4/92; Publicación: B.O. 20/4/92)
que aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76º Conferencia Internacional del
Trabajo; la ley 24.375, aprobatoria del Convenio de protección de la
Diversidad Biológica, de Río de Janeiro de 1992 (ya comentado y
referenciado en profundidad en este capítulo) y la reciente Ley 24.544
(Sanción: 13/9/95; Promulgación: 17/10/95; Publicación: B.O.
20/10/95) que aprobó el Convenio Constitutivo del fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe,
suscrito durante la II Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de
Gobierno en Madrid, España en 1992.
34. Ley
24.071, art. 23, in fine
35. Ley
24.544, art. 1º, punto 1.2., inc. a)
36.Decreto
155/89, art. 3º, inc. a)
37.Ley
24.544, art. 1º, punto 1.2., inc. c) in fine.
38. Ley
3657 De comunidades aborígenes. Normas de preservación social y
cultural. Sanción: 15/8/91; Promulgación: 26/8/91; Publicación: B.O.
30/8/91
39.Ley
3657, art. 11º, inc. a)
40.Decreto
155/89, art. 3º, inc. k)
41.Ley
24.544, art. 1º, punto 1.2., inc. c) in fine.
42. Ver
referencia en punto anterior.
43. Ley
3657, art. 11º, inc. h) in fine
44. Ley
23.918: Ver comentarios en las referencias señaladas en el punto A.1.b.
del presente trabajo.
45. Ver
referencias en notas del capítulo A.
46. Ver
comentarios y referencias en las notas al pie del Capítulo A, 1.a.
47. Ley
22.426: art. 1º
48. Ver
comentarios y referencias en las notas al pie del Capítulo A.1.a.
49.
Creación del Programa Federal de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo. Ver referencias en notas al pie de Capítulo A.1.a.
50. Ley
23.968: Aprobación de la fijación de los límites de las líneas de
base de la República Argentina. Sanción: 14/8/91; Publicación: ADLA
LI-C pág. 2851
51. Ley
23.968, art. 1º in fine
52.
Ley 23.968, art. 2º in fine
53. Ley
23.968, art. 9º in fine
54. Ley
23.415: Aprobación del acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca
marítima entre la República Argentina y la Comunidad Económica
Europea de 1992. Sanción: 20/4/94; Promulgación: 6/5/94: Publicación:
B.O. 12/5/94
55. Ley
24.543 aprobatoria de la Convenio de las Naciones Unidas sobre Derechos
del Mar. Sanción: 13/9/95: Promulgación de Hecho: 17/10/95; Publicación:
B.O. 25/10/95
56.
Ley 20.849 aprobatoria de normas para la autorización de
actividades de investigaciones científicas y técnicas por personas físicas
y jurídicas extranjeras u organismos internacionales. Sanción y
promulgación: 23 de mayo de 1973; Publicación: B.O. 14/6/73
57.
Ley 23.968: ver comentarios y referencias en notas al pie de este
capítulo
58. Ver
notas de este capítulo
59.
Ley 23.968, art. 5º in fine
60.Ver
notas al pie en este capítulo
61. Ver
referencias en notas del capítulo A.
