El presente capítulo trata de las medidas
para la conservación y uso sustentable "in-situ" y
"ex-situ" de los recursos genéticos. Se estructura en los
siguientes temas, 1. áreas terrestres y acuáticas, 2. áreas marinas,
y 3. colecciones "ex-situ". A su vez, cada una de estas
secciones se subclasifica en temas tales como la conservación de la
flora y la fauna; medio ambiente (en general); reservas naturales;
bosques y forestación y recursos naturales.
ÍNDICE
A.
Áreas
terrestres y acuáticas
1.
Público
2.
Privado
3.
Comunidades
locales e indígenas
B.
Áreas marinas
1.
Mar territorial
2.
Plataforma continental
3.
Zona económica exclusiva
C.
Colecciones "ex-situ"
1.
Protección de especies
2.
Mitigación
3.
Fondos para la conservación
D.
Conclusiones finales sobre las medidas para la conservación
y uso sustentable de los recursos genéticos
1.
Medidas de protección de especies
2.
EIA
3.
Mitigación
4.
Fondos para la conservaición
5.
Colecciones "ex-situ"
|
A.
|
Áreas terrestres y
acuáticas
|
1.
Público
1.a.
Protección de especies
En
relación al tema de la conservación y protección de especies, es
importante señalar que la Argentina carece de una política integral
para la conservación de la diversidad biológica.
También
se ha advertido sobre la falta de informes acerca del estado de los
recursos genéticos existentes en nuestro país. En los capítulos
previos, se planteó, por un lado, el problema del acceso a la información,
sosteniéndose que sería importante e interesante que previamente a los
catálogos o inventarios sobre flora y fauna, se implementara, en la
Argentina, un sistema adecuado de acceso a la información.
1.a.1.
Conservación de la flora y fauna
Pesca
El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo otorga a la Isla
Martín García la categoría de reserva natural, exclusivamente para la
conservación y preservación de la fauna y flora autóctonas, bajo
jurisdicción de la República Argentina (1).
Con
respecto a la pesca, las partes regularán la actividad en el Río de la
Plata en relación a la conservación y preservación de los recursos
vivos. Asimismo, acordarán los volúmenes máximos de captura
permitidos por especie, que se distribuirán por partes iguales entre
los dos países, y los ajustes periódicos correspondientes cuando sea
necesario en virtud de la intensidad de la pesca. Se creó una Comisión
Técnica Mixta para estructurar planes de conservación, preservación y
desarrollo de los recursos vivos en la zona de pesca de interés común.
En
cuanto a la protección y conservación de los recursos hidrobiológicos
a nivel provincial, por ejemplo, el Código Rural de Buenos Aires
faculta al Poder Ejecutivo Provincial a suspender la actividad pesquera
y la circulación de embarcaciones, cuando ocurrieran anormalidades de
tipo físico o biológico en aguas de su jurisdicción, perjudicando el
ambiente acuático, su flora, fauna o la salud humana. La suspensión se
extenderá hasta que hayan desaparecido las causas que la motivaron. Los
permisionarios de pesca o cualquier afectado por estas medidas, no tendrán
derecho a indemnización (2).
Además,
las aguas o riberas cuya posesión se estime técnicamente necesaria
debido a una explotación atentatoria contra la mayor actividad económica
de las zonas o cuando por ejercicio abusivo de la explotación pesquera
se perjudicare la riqueza ictícola o perturbare la situación de otros
cursos de aguas, serán declaradas de utilidad pública y sujetas a
expropiación.
Conservación
de la flora y fauna
En
el Protocolo al Tratado Antártico se prohibe la captura de fauna y
flora antártica y la intromisión perjudicial perturbando la
concentración de aves y focas o dañando significativamente la
concentración de flora terrestre nativa, ya sea vuelo o aterrizaje de
aeronaves, empleo de vehículos o embarcaciones, utilización de
explosivos y armas de fuego, modificación negativa importante del hábitat,
sin contar con autorización al efecto (3).
La
autorización se otorgará con carácter excepcional para proporcionar
especímenes para estudios o información científica, usos educativos o
para hacer frente a las consecuencias inevitables de actividades científicas
no autorizadas. La misma asegurará que:
i.
no se tome más flora o fauna de la
necesaria para cumplir con los objetivos;
ii.
se exterminará sólo un reducido número
de mamíferos o aves autóctonas;
iii.
se conservará la diversidad de las especies, su hábitat
esencial y el equilibrio de los sistemas ecológicos antárticos.
Las
Partes deberán conceder singular protección a las "Especies
Especialmente Protegidas" (EEP) (4).
Sólo se autorizará a tomar una EEP para servir a un fin científico
urgente, sin amenazar la supervivencia o recuperación de las EEP o la
población local.
Para
prevenir la introducción de microorganismos, se prohibe el ingreso de
aves de corral u otras aves vivas en la Zona del Tratado Antártico (ZTA).
Previo a su empaquetamiento para consumo dentro de la ZTA, se las
inspeccionará para detectar enfermedades. Si no son consumidas en la
ZTA deberán ser retiradas o destruidas. Se veda, asimismo, el ingreso
de tierra no estéril (5).
Por
otra parte, le compete a la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable ("SRNyDS") adoptar recaudos
administrativos con respecto a la fauna silvestre: clasificación de las
especies y tratamiento de cada categoría; aprovechamiento racional;
autorización y restricción del uso y habilitación de criaderos;
concesión de licencias y permisos de caza deportiva, y sobre
transporte, comercio de ejemplares, de sus productos y subproductos, y
su fiscalización (6).
La
Autoridad Nacional de Aplicación puede prohibir el ingreso al país de
ejemplares vivos, semen, embriones, huevos para incubar y larvas de
cualquier especie que puedan alterar el equilibrio ecológico o afectar
actividades económicas (7).
Se
prohibe liberar animales silvestres en cautiverio de cualquier especie y
el ingreso al país de productos y subproductos, de especies silvestres
autóctonas cuya caza, comercialización, posesión y transformación
estén prohibidas en su hábitat natural, sin el permiso pertinente.
Se
fomentará la creación de reservas, santuarios o criaderos de fauna
silvestre autóctona con fines conservacionistas; el establecimiento de
cotos cinegéticos oficiales y privados, zoológicos y reservas faunísticas
con fines deportivos, culturales y turísticos, que podrán tener fines
de lucro y la crianza en cautiverio de especies silvestres, con fines de
explotación económica.
El
Poder Ejecutivo Nacional adoptará medidas de emergencia que aseguren la
repoblación y perpetuación de especies de fauna silvestre autóctona
en peligro de extinción o retroceso numérico, inclusive la caza del
comercio interprovincial y la exportación de ejemplares y productos.
En
principio, la exportación de todas las especies de mamíferos, aves y
reptiles vivos de la fauna autóctona está suspendida por tiempo
indeterminado, excepto las dañinas o perjudiciales y las criadas zootécnicamente
en condiciones de cautiverio. También se suspende la comercialización
en jurisdicción federal e interprovincial de ejemplares vivos de todas
las especies de fauna autóctona. Rigen las mismas excepciones que
existen respecto de la exportación (8).
Se
reglamenta la protección de la fauna silvestre y las actividades
relacionadas en jurisdicción de la Administración de Parques
Nacionales (APN). Fauna silvestre son los animales no domésticos que:
i.
viven libres e independientes del
hombre en ambientes naturales o construidos por éste, terrestres o acuáticos;
ii.
viven bajo el control del hombre en
cautividad o semicautiverio en ambientes terrestres o acuáticos, o;
iii.
los animales terrestres o acuáticos originalmente domésticos
que por cualquier circunstancia retornan a la vida salvaje (9).
La
APN puede autorizar a terceros, por razones de orden ecológico o de
manejo, a realizar actividades comerciales como la caza deportiva y de
control de especies exóticas, cautiverio, semicautiverio o cría de
especies silvestres.
Caza
deportiva es la realizada con fines y modalidades cinegéticas, sobre
poblaciones de especies exóticas sujetas a manejo. Se la autorizará
cuando contribuya a paliar las consecuencias de actividades
deteriorantes o sea conveniente para el manejo y control de la especie
y/o del área. Se deberá tener en cuenta el impacto ambiental de los métodos
de caza empleados.
La
caza de control se realiza para eliminar o disminuir las especies
introducidas o exóticas atenuando su impacto negativo sobre el medio
natural dentro de parques o reservas nacionales y monumentos naturales
por parte de APN, pero en determinados casos pueden intervenir terceros.
Los
interesados gestionarán la autorización y la APN, una vez aprobado el
proyecto presentado, reglamentará la actividad. La comercialización de
los productos podrá ser autorizada por la APN.
Finalmente,
se entiende por tenencia en cautiverio, semicautiverio o cría de
especies silvestres al confinamiento o manipulación que limite o impida
los movimientos o desplazamientos de individuos de una especie. La APN
regulará las medidas de seguridad necesarias para impedir la liberación
involuntaria o fortuita de los ejemplares bajo su jurisdicción. Debe
contar también con un registro de ejemplares en el que se deje
constancia del movimiento de los mismos para permitir la fiscalización
de individuos y productos. Asimismo, deberá informarse a la APN del
ingreso de ejemplares y su procedencia, presentando los certificados de
origen y sanitario.
En
la Provincia de Buenos Aires, con respecto a los productos de caza, se
consideran especies protegidas a aquéllas que no estén mencionadas
como aptas para la caza, por lo tanto, esto y la comercialización de
ejemplares vivos o de sus despojos o productos, está prohibida (10).
Mendoza
adhirió al régimen de la Ley Nacional de Conservación de la Fauna.
Las especies silvestres en peligro de extinción o en retroceso numérico,
deberán ser protegidas asegurando su conservación y propagación.
Incluye a las crías, huevos, nidos, guaridas, y hábitat específico.
La conservación deberá dirigirse al aumento numérico y al
mejoramiento de la especie (11).
La
Dirección de Bosques y Parques Provinciales clasificará la fauna
silvestre en:
i.
especies amenazadas de extinción;
ii.
especies vulnerables;
iii.
especies raras;
iv.
especies en situación
indeterminada y
v.
no amenazadas.
EL
Poder Ejecutivo podrá crear reservas o santuarios de fauna silvestre
cuando se estime conveniente o necesario asignar a determinadas especies
un área en la que gocen de especial protección dentro de su hábitat.
Procede a pedido de la Autoridad de Aplicación o de parte interesada.
Los particulares que deseen establecer santuarios o reservas de fauna en
campos de su propiedad deberán presentar los elementos de juicio que
justifiquen tal propuesta.
El
Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre (CITES) se refiere a la disminución de especies como
consecuencia del comercio internacional. Para determinar la protección
de las mismas, se elaboraron 3 apéndices de flora y fauna de acuerdo al
grado de amenaza que recae sobre cada una (12).
Ellos son:
i.
especies en peligro de extinción,
cuyo comercio debe estar regulado de modo estricto y autorizado
excepcionalmente;
ii.
las que, si bien actualmente no están
en peligro de extinción, pero podrían llegar a estarlo si no se
reglamentara su comercio, y las no afectadas por el comercio, pero para
las que es necesario regular su tráfico para su control; y
iii.
las especies protegidas por el derecho interno cuyo comercio
necesita ser controlado con la cooperación de otros países.
Para
las especies en peligro de extinción, se establece como condición para
su exportación la previa concesión y presentación de un permiso. Para
su obtención es necesario verificar que la misma no produzca menoscabo
a la supervivencia de dicha especie; que el espécimen no fue obtenido
violando la legislación interna sobre protección de su fauna y flora y
que el ejemplar vivo será acondicionado y transportado minimizando el
riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato. También se debe
verificar que un permiso de importación haya sido otorgado.
Para
la importación de las especies en peligro de extinción se exige la
previa concesión y presentación de un permiso, además de un permiso
de exportación o certificado de reexportación. Se otorga una vez
asegurado que la supervivencia de la especie no peligrará; que quien lo
reciba lo albergará y cuidará adecuadamente y que el ejemplar no será
utilizado para fines comerciales.
Para
obtener un certificado de reexportación, se exige la verificación de
que el ejemplar fue importado observando la legislación interna del
Estado reexportador, que un permiso de importación ha sido otorgado, y
las circunstancias de acondicionamiento y traslado del espécimen. Un
caso especial es el de la vicuña, ñandú y guanaco, dado el régimen
específico vigente en los países andinos (13).
Sanidad
Vegetal
Se define como vegetal o parte del mismo a las plantas, rizomas, bulbos,
flores, etc. y todo producto vegetal que pudiere ser portador de
cualquier plaga para la agricultura en general o sus derivados (14).
Para
ingresar vegetales o sus partes en el país, serán sometidos a una
inspección sanitaria, por la Inspección Portuaria de Vegetales (IPV)
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).
También se inspeccionarán los envases, materiales de empaque, abonos,
tierra, máquinas, etc., cuando se sospeche que los mismos son
portadores de plaga para la agricultura.
Cuando
se pretenda introducir un vegetal por primera vez dentro del territorio
argentino se lo someterá a cuarentena y quedará bajo el contralor de
la SAGPyA. Para el caso de materiales de estudio que puedan contener
plagas, se deberá solicitar una autorización previa a la SAGPyA, quien
a través de la IPV tomará las medidas necesarias para evitar la difusión
de parásitos.
Se
exigirá un certificado de sanidad de origen, en el que se dejará
constancia del buen estado sanitario de la plantación donde se obtuvo
el producto. También deberá indicar que durante los períodos de
floración y cosecha los inspectores no observaron plagas calamitosas
para la agricultura y se detallarán las características del producto.
En
algunos casos se exigirá además un certificado de sanidad embarque,
acreditando el buen estado sanitario del producto al tiempo de su
embarque. Es obligación presentarlo al pretender ingresar la siguiente
mercadería: plantas, rizomas, tubérculos, bulbos, raíces, etc.,
destinados a la reproducción; frutos, granos enteros y semillas de
cualquier clase, excepto que cuenten con el certificado para "uso
industrial exclusivo", y frutas frescas y hortalizas en general.
Por
último, cuando se importen granos y/o frutos destinados a usos
industriales se podrá, presentar un certificado para "Uso
Industrial Exclusivo" en lugar del certificado de sanidad embarque.
Deberá estar otorgado por la autoridad competente del país exportador.
En
el caso de los plaguicidas, el fin de la Ley de Agroquímicos de Córdoba,
es la protección de la salud humana y de los recursos naturales
renovables, a través del correcto empleo agronómico de los productos
químicos y biológicos. Las normas se aplican al expendio, utilización,
aplicación y almacenamiento de dichos productos. Además, obliga, a
quienes se dediquen a la aplicación de plaguicidas por cuenta de
terceros a considerar, en los tratamientos fitosanitarios:
i.
la dirección y velocidad del
viento para que la aplicación sea posible y efectiva, y
ii.
la proximidad de otros cultivos y animales para los cuales la
sustancia represente un peligro (15).
En
Mendoza, la ley de plaguicidas para uso agrícola tiene como objetivos
propender al empleo racional de los agroquímicos y de nuevas tecnologías
menos contaminantes; proteger la salud humana y los recursos naturales
renovables y evitar la contaminación de alimentos y del ambiente con
residuos tóxicos y/o peligrosos, y así preservar el equilibrio de los
ecosistemas (16).
1.a.2.
Medio ambiente
En
el Tratado suscripto con Chile sobre medio ambiente se detallan los
sectores en que las partes se comprometen a actuar en forma coordinada o
conjunta, mencionando, entre otros, la protección del medio ambiente
marino y de la diversidad biológica (17).
Con
respecto al primero, las partes se obligan a la protección y
aprovechamiento racional de sus recursos hidrobiológicos, a la prevención
y saneamiento de la contaminación proveniente de fuentes terrestres, de
siniestros marítimos y de la explotación de los recursos del lecho y
subsuelo marinos.
En
relación al segundo, las partes se comprometen a la preservación y
utilización sostenible del patrimonio fito y zoogenético. También
acuerdan la preservación y manejo adecuado de los parques y reservas
nacionales existentes y el establecimiento de nuevas áreas naturales
protegidas, con la finalidad de asegurar la protección de la diversidad
biológica "in-situ".
El
Convenio sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
apunta a la protección, rehabilitación y transmisión de dicho
patrimonio a las generaciones futuras. Para ello las partes se
comprometen a adoptar una política general que atribuya a este
patrimonio una función en la vida colectiva; a instituir servicios de
protección y revalorización del mismo; a desarrollar la investigación
científica y técnica para enfrentar las amenazas a este patrimonio; a
facilitar la creación de centros de formación para la protección y
revalorización del mismo y a adoptar las medidas jurídicas, científicas,
técnicas, etc., para conservarlo (18).
En
Mendoza la preservación del ambiente se realizará de modo integral, lo
cual incluye:
i.
la utilización racional del suelo,
atmósfera, agua, flora, fauna, gea, fuentes energéticas y demás
recursos naturales en función de los valores del ambiente;
ii.
la creación, protección y
mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de vida
silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas
hídricas protegidas y otros elementos que ameriten la sujeción a un régimen
de gestión y administración especial, y
iii.
el control, reducción o eliminación de factores, procesos,
actividades o componentes del medio que ocasionen o puedan ocasionar
perjuicios al ambiente, a la vida humana y a los demás seres vivos (19).
Mendoza
ratificó el Pacto Legislativo Ambiental, suscripto con La Rioja, San
Juan, San Luis, impulsando la implementación de formas de protección
conjuntas de los recursos naturales en ecosistemas compartidos (20).
En
Córdoba el gobierno provincial se obliga a resguardar el equilibrio
ecológico, a proteger el medio ambiente y a preservar los recursos
naturales. Su Constitución afirma el derecho de toda persona al goce de
un medio ambiente sano; el derecho a la conservación de los recursos
naturales y culturales y la preservación de la fauna. Se declaran
elementos vitales para el hombre al agua, el suelo y el aire, los cuales
gozarán de especial protección en la provincia (21).
El
Estado, además, dictará normas que aseguren la compatibilidad de la
programación física, económica y social de la provincia, con la
preservación y mejoramiento del ambiente.
Con
respecto a los recursos naturales, el gobierno provincial se obliga a
resguardar la supervivencia y conservación de los bosques; a promover
su explotación racional y correcto aprovechamiento; a propender al
desarrollo y mejora de las especies y a su reposición mediante la
forestación, salvaguardando la estabilidad ecológica.
En
cuanto a la política minera, se reconoce la autoridad del Gobierno
Federal. Incentiva la prospección, exploración y beneficio de las
sustancias minerales del territorio, realiza el inventario de sus
recursos y dicta leyes de protección del patrimonio minero.
Por
otra parte, se define el concepto de ambiente como la totalidad y cada
una de las partes de un ecosistema o sistema ecológico, interpretadas
todas como piezas interdependientes. Fragmentado con fines operativos,
también designa entornos naturales más acotados, ambientes naturales,
urbanos y agropecuarios (22).
Por
ambiente natural se entiende el conjunto de áreas naturales y sus
elementos constitutivos dedicados a usos no urbanos ni agropecuarios del
suelo, cuyo rasgo fisonómico dominante es la presencia de bosques, ríos,
lagos y otras formaciones ecológicas no explotadas.
Por
conservación se entiende el uso y manejo racional no degradante del
ambiente. La preservación es el mantenimiento del ambiente sin uso
extractivo ni consuntivo o con utilización recreacional y científica
restringida. Degradación es el deterioro de los ecosistemas y sus
componentes y del agua, aire, suelo, flora, fauna, etc., como resultado
de actividades antrópicas en el ambiente.
Se
declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa
y mejoramiento de los ambientes urbanos, agropecuarios y naturales, y
sus elementos constitutivos que mantienen la organización ecológica más
conveniente para el desarrollo de la ciencia y la permanencia de la
especie humana sobre la tierra. Para lograrlo, la provincia pretende
alentar:
i.
la utilización racional del suelo,
agua, flora, fauna, y demás recursos naturales;
ii.
la creación, protección y mantenimiento de áreas y monumentos
naturales, refugios de vida silvestre, cuencas hídricas protegidas,
etc.
Además,
debe evitarse la desaparición de los ecosistemas terrestres y acuáticos
que caracterizan ecológicamente a la Provincia, preservando áreas que
aseguren su capacidad de automantenimiento y autoperpetuación. Se
mencionan parámetros internacionales como criterios insoslayables a
seguir en la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente.
1.a.3.
Reservas Naturales
Las
Reservas Naturales Estrictas tienen por finalidad minimizar la
interferencia humana directa en determinadas áreas asegurando el
desarrollo natural de las comunidades, sus especies y los procesos ecológicos.
Corresponde al Poder Ejecutiva designar los territorios nacionales que
serán considerados como Reservas Naturales Estrictas. En ellos se
ofrecerán las máximas garantías para la conservación de la
diversidad biológica nacional (23).
El
criterio de selección de estas áreas se hará teniendo en cuenta el
valor biológico representativo de los distintos ecosistemas del país,
o en virtud de que alberguen importantes poblaciones de flora o fauna
autóctona.
Las
Reservas Naturales Estrictas tienen por objetivo el mantenimiento de la
diversidad biológica y la preservación de muestras representativas de
los principales ecosistemas regionales argentinos y la preservación
integral a perpetuidad de las comunidades bióticas y de las características
fisiográficas.
En
Chubut la regulación del sistema de conservación del patrimonio turístico
tiene por objetivo la preservación de los atractivos de principal uso o
motivación turística, colaborando con la protección de ambientes
naturales y/o culturales
La
Reserva Turística comprende a los ámbitos geográficos que se definen
para su protección en función de objetivos turísticos. El objetivo
puede ser:
i.
integral: la cobertura es natural,
cultural y de uso recreativo, o
ii.
específico: la cobertura es natural-turística o cultural-turística.
Por manejo se entiende la función de organizar, dirigir y controlar
actividades que permiten cumplir con los objetivos preestablecidos. Las
áreas de manejo son los ámbitos en que se divide una reserva. Ellas
son:
a.
de protección total con prohibición
de turismo;
b.
de conservación: poseen atractivos
relevantes, pero los visitantes no pueden permanecer en ellas fuera de
los horarios habilitados;
c.
de recreación: áreas destinadas a la permanencia de los
visitantes.
En
Mendoza la norma sobre áreas naturales provinciales y sus ambientes
silvestres tiene por fin conservar y promover el patrimonio natural
provincial en forma compatible a las necesidades de las fuentes
productivas, la producción agraria, la explotación industrial y el
turismo, de un modo sustentable, asegurando la diversidad genética (24).
Se
propone conservar ambientes silvestres destacados por su pristinidad y
representatividad biogeográfica; proteger las comunidades y especies de
flora y fauna y regular el goce de la vida silvestre; conservar paisajes
y formaciones geológicas; conservar en el estado más natural posible,
ambientes o muestras de sistemas ecológicos contribuyendo al
mantenimiento de la diversidad biológica; asegurar la existencia de
reservorios genéticos; contribuir a la conservación racional de los
ecosistemas naturales y proteger especies amenazadas.
También
se propone conservar determinados ambientes naturales sometidos a
diversos grados de transformación por el hombre, áreas con valores
culturales y naturales asociados y, proteger las cuencas hidrográficas
para asegurar la cantidad, calidad y flujo de aguas necesarias para
mantener las condiciones ecológicas de las áreas protegidas.
Con
respecto a los criterios de conservación para la administración y
manejo de ambientes, se realizará de un modo integral entre el ambiente
y sus recursos, respetando su integridad y complejidad. La conservación
de la naturaleza no sólo debe incluir a las áreas protegidas, sino que
debe extenderse más allá de ellas, procurando que los recursos de la
vida silvestre puedan llegar a ser la base de un mejoramiento en el
nivel de vida de sus habitantes.
Para
la gestión de manejo de las áreas protegidas se considerará que:
i.
el manejo implica la manipulación
activa de las comunidades de flora y fauna y la protección frente a
cambios o influencias externas;
ii.
el manejo y evaluación de los
resultados debe basarse en una investigación científica;
iii.
la investigación, planificación y
ejecución del manejo deben considerar y reglamentar los usos humanos
para los que se destinan las áreas protegidas;
iv.
el manejo se realizará en base a la estructura ecológica y las
funciones de las comunidades bióticas.
Chubut
creó el Sistema Provincial de Conservación del Patrimonio Turístico,
incorporando al mismo determinadas reservas naturales turísticas y
creando otras nuevas de objetivo integral (25).
1.a.4.
Bosques y forestación
En
Buenos Aires, el propietario de tierras forestales está obligado a la
forestación y reforestación en los bosques protectores, bajo la
supervisión de la autoridad competente, o por ésta con el
consentimiento de aquél (26).
Mendoza
se halla adherida a la Ley Nacional de Bosques 13.273. Siguiendo las
directivas de dicha ley, se declara bosque protector a todo monte espontáneo
que vegete en tierras del dominio público y privado provinciales, y
bosque permanente a todo el arbolado que vegete en parques, plazas,
paseos, calles, caminos, cauces de riego y terrenos del dominio público
provinciales (27).
1.a.5.
Recursos naturales
Minería
En 1995 se modifica el Código de Minería, introduciéndose un Título
Complementario sobre protección ambiental para las actividades de
prospección, exploración, explotación, extracción y almacenamiento
de sustancias minerales. También abarca distintos procesos, tales como
la trituración, briqueteo, calcinación, fundición, disposición de
residuos, etc., y otras que en el futuro puedan surgir de nuevas
tecnologías (28).
Además,
dichas personas serán responsables de todo daño ambiental ocasionado
por el incumplimiento de las obligaciones detalladas en el nuevo título,
ya sea que tengan lugar directamente o por terceros bajo su dependencia
o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo cause el riesgo
o vicio de la cosa. Se establece la responsabilidad solidaria entre el
titular del derecho minero y las personas por él habilitadas para el
ejercicio de ese derecho. Quien ocasione algún daño ambiental tendrá
la obligación de proceder a su mitigación, rehabilitación, restauración
o recomposición, paralelamente a las sanciones administrativas y
penales que le correspondan.
Aguas
Entre las tareas que le competen al Departamento General de Irrigación
de Mendoza se encuentra la elaboración de un plan integral que tienda
gradualmente a la utilización y manejo conjunto de las aguas
superficiales y subterráneas, para su óptimo aprovechamiento y para
evitar o prevenir la alteración perjudicial del ciclo hidrológico (29).
En
Córdoba, para la conservación de la fauna acuática, se podrá obligar
a los usuarios de aguas a construir y conservar, a su costa, escaleras
para peces y otras instalaciones que incentiven o posibiliten el
desarrollo de la fauna acuática, como condición del goce de sus
derechos (30).
Además,
se fijarán áreas de protección de cuencas, fuentes, cursos o depósitos
de aguas donde no se permitirá el pastoreo de animales, la tala de árboles
ni la alteración de la vegetación. La autoridad puede disponer la
plantación de árboles o bosques protectores y si ello causare daño a
los propietarios.
Por
aguas contaminadas se entenderá a las que por cualquier causa son
peligrosas para la salud, ineptas para el uso o perniciosas para el
medio ambiente o la vida que se desarrolla en el agua o álveos, o las
que por su olor, sabor, temperatura o color provoquen molestias o daños.
En
Chubut los líquidos residuales provenientes de cualquier
establecimiento, deberán cumplir con determinados requisitos de
temperatura, pH, sedimentación, cloro, sustancias grasas, sustancias
prohibidas, previo a ser evacuados en cursos o fuentes de agua. Los
residuos cloacales, así como los lodos, residuos sólidos o semisólidos
deberán ser tratados (31).
El
Código de Aguas de la Provincia establece que las concesiones otorgadas
para eliminación de residuos de cualquier actividad que alteren las
propiedades del agua, serán personales, por un plazo de dos años y
renovables. La eliminación sólo podrá hacerse en aguas corrientes, en
acuíferos confinados no aprovechables para ningún otro uso, y en
espejos de agua, siempre que se trate de residuos orgánicos no sintéticos
y en cantidades que no superen su capacidad de autodepuración o que no
modifiquen en forma inconveniente el proceso de eutroficación.
La
Autoridad de Aplicación indicará los productos que no pueden ser
desechados por volcado o inyectado en aguas de ningún tipo y las
sustancias contaminantes y dictará normas para su manipuleo,
almacenamiento y demás procesos, a fin de reducir el riesgo de
contaminación hídrica. Puede prohibir el uso o tránsito de aquellos
productos extremadamente peligrosos.
Suelos
El Poder Ejecutivo de Chubut tiene facultades para establecer las zonas
de suelos erosionados; reglamentar sobre el mejor aprovechamiento de la
fertilidad y fijar regímenes de conservación; regular el desmonte de
la vegetación y de la explotación pastoril en el ámbito forestal;
propiciar créditos especiales para la conservación de los suelos;
adquirir los elementos y maquinarias necesarias para la aplicación de métodos
de conservación de suelos y realizar experimentación en conservación,
recuperación de pasturas naturales y manejo del agua (32).
Para
cumplir con la normativa de conservación, el Poder.Ejecutivo de la
Provincia procederá a:
i.
ejecutar el reconocimiento y relevamiento general de los suelos,
estableciendo las causas y determinando los procedimientos a seguir;
ii.
clasificar los suelos por su valor agronómico;
iii.
determinar la potenciabilidad productiva de las tierras ganaderas
y establecer el régimen agrotécnico de su aprovechamiento
conservacionista;
iv.
establecer la aptitud de las tierras para el regadío;
v.
ejecutar el relevamiento y estudio de las capas freáticas en
relación con el suelo y la explotación agropecuaria y,
vi.
estimular la acción de las entidades interesadas en la
conservación del suelo.
1.b.
EIA
1.b.1.
Conservación de la flora y la fauna
La
Autoridad de Aplicación a nivel nacional, la Secretaría de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable, deberá efectuar estudios y
evaluaciones técnicas para establecer la situación de la fauna
silvestre a los efectos de adoptar medidas de conservación, protección
y manejo. Las especies amenazadas de extinción o en grave retroceso numérico
deberán ser protegidas adecuadamente para asegurar su conservación y
propagación (33).
Similares preceptos existen a nivel provincial. Por ejemplo, la
legislación de Mendoza contiene disposiciones similares a lo
establecido en la normativa nacional (34).
La
protección comprende a los ejemplares de la especie, crías, huevos,
nidos, guaridas y hábitat específico. La conservación apuntará al
aumento numérico y mejoramiento de la especie.
La fauna silvestre se clasifica en:
i.
especies amenazadas de extinción;
ii.
especies vulnerables;
iii.
especies raras;
iv.
especies en situación
indeterminada y
v.
especies no amenazadas.
1.b.2.
Medio Ambiente
En
el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente
se exige una Evaluación Medioambiental Global (EMG) cuando de la EIA
realizada inicialmente se concluya que la actividad tendrá un impacto
de determinada duración y magnitud. La EMG describirá el proyecto, sus
alternativas y consecuencias; el estado inicial del medio ambiente y un
pronóstico de su estado futuro, en ausencia de la actividad propuesta;
los métodos e información empleada para predecir los impactos de la
actividad; la estimación de la naturaleza, magnitud y duración de los
impactos; los impactos inevitables e indirectos y las medidas de
mitigación y prevención.
El
informe estará a disposición del público, de las Partes, y del Comité
para su consulta y comentario. La actividad no podrá ser iniciada en
tanto la Reunión Consultiva del Tratado no se haya expedido al efecto,
a menos que hayan transcurrido 15 meses desde la comunicación de la EMG.
La
EMG definitiva ponderará e incluirá los comentarios recibidos. Este
documento y la decisión final serán enviados a todas las Partes para
que sean puestos a disposición del público, previo a la iniciación de
la actividad.
1.b.3.
Reservas naturales
Para
los proyectos públicos y privados a efectuarse en las áreas
administradas por APN es obligatoria la presentación de un estudio
(EIA) o informe ambiental (IA), según la incidencia de la obra en el
medio ambiente. Para proyectos de menor escala, sólo se exigirá un
informe medioambiental (IMA), el cual consistirá en un análisis de
impacto ambiental simplificado (35).
Los
proyectos viales; los servicios e infraestructura en área protegida o
su entorno; proyectos de aprovechamiento hídrico; tratamientos químicos
y cualquier otro proyecto o actividad, cuando el Directorio de la
Administración de Parques Naturales lo considere necesario por su
elevada incidencia ambiental, se sujetan a EIA.
Los
proyectos que deben someterse a un IA son: las obras menores de
aprovechamiento hídrico; la utilización de recursos naturales;
servicios e infraestructura para visitantes del área, etc..
Un
caso especial de EIA a nivel nacional en áreas protegidas es el de las
Cataratas del Iguazú (Ver Anexo II).
1.b.4.
Recursos naturales
Minería
Se obliga a las empresas a presentar un estudio de factibilidad técnico-económica
de la explotación de reservas de mineral, el cual deberá contener los
avalúos de dichas reservas. Para ello se ponderarán los siguientes
factores: las reservas medidas; las características estructurales del
yacimiento y sus contenidos útiles; la situación del mercado a servir;
la curva de explotación prevista y la estimación de la inversión
total requerida para la explotación.
Deben
además presentar, previo al inicio de las actividades, un informe de
impacto ambiental que será evaluado por la Autoridad de Aplicación,
quien se pronunciará por su rechazo o aprobación.
La
norma exige un contenido diferente del informe, según la actividad a
desarrollar. En el informe se dejará constancia de los equipos,
instalaciones, sistemas, acciones y actividades de prevención, mitigación,
rehabilitación y restauración ambiental. Además debe incluir la
ubicación y descripción ambiental del área de influencia; la
descripción del proyecto; las eventuales modificaciones sobre el suelo,
agua, aire, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural.
Aguas
Por el Convenio sobre el Derecho del Mar las partes se obligan a
observar, medir, evaluar y analizar, los riesgos de contaminación del
medio marino o sus efectos. Pueden llevarlo a cabo por si o a través de
las organizaciones internacionales competentes. Deberán, además,
mantener bajo vigilancia los efectos de cualquier actividad que
autoricen o realicen, a los efectos de determinar si las mismas pueden
contaminar el medio marino (36).
Se
exige la publicación periódica de informes de los resultados
obtenidos, los que podrán presentarse a las organizaciones
internacionales para que sean puestos a disposición del público.
Los
Estados ponderarán los efectos potenciales de las actividades
proyectadas bajo su jurisdicción, cuando existan motivos suficientes
para creer que pueden causar una contaminación importante del medio
marino u ocasionar cambios importantes y perjudiciales en el mismo.
Luego, informará el resultado de tales evaluaciones.
Hidrocarburos
Las personas o empresas a cargo de operaciones petroleras tienen la
obligación de cumplir con los procedimientos de estudios ambientales
previos y monitoreo de las obras y tareas (37).
i.
El Estudio Ambiental Previo (EAP) será preparado antes de la
perforación del primer pozo exploratorio, a fin de realizar
recomendaciones para prevenir y reducir el impacto ambiental.
El
EAP se referirá exclusivamente al área de influencia de la zona
elegida para la ubicación del pozo exploratorio. Deberá contemplar las
condiciones naturales superficiales y las del subsuelo inmediato para
prevenir o reducir el impacto ambiental.
Mientras
duren las actividades se procederá al monitoreo de las obras y tareas
de cuidado ambiental. La Autoridad de Aplicación coordinará con los
organismos provinciales el monitoreo durante la perforación. El informe
sobre el monitoreo se presentará ante la Autoridad de Aplicación al
finalizar las tareas de perforación y ensayo.
ii.
Dentro de los tres meses de constatado el hallazgo de
hidrocarburos, se deberá confeccionar un EAP del área, elaborando un
diagnóstico ambiental y con recomendaciones para la etapa de explotación.
Su finalidad será evitar o reducir el impacto que las obras puedan
tener sobre el medio ambiente. Deberá ser presentado ante la Autoridad
de Aplicación para su análisis.
Además
se deberá realizar un monitoreo anual de obras y tareas para proteger
el medio natural del área y zonas de influencia a raíz del desarrollo
del yacimiento. Se presentará un informe a la Autoridad de Aplicación
para su evaluación y posterior comentario.
iii.
Por otra parte, con relación a la ubicación de equipos,
materiales y desechos en la explanación, los operadores deberán tomar
las siguientes medidas:
·
Alterar con la nivelación la menor superficie posible para
ubicar el equipo, piletas de lodo, etc.
·
En la construcción de la represa de drenaje de lodo y "cuttings"
se debe ubicar a la misma en área de desmonte, protegiendo la zona de
explanación con un zanjado de drenaje adecuado para evitar riesgos de
llenado y desborde. Si existe riesgo de filtraciones que puedan
contaminar la calidad de las aguas subterráneas, se aconseja
impermeabilizar el fondo y bordes.
·
La ubicación de los tanques de combustibles y almacenaje de petróleo
debe contar con un recinto de contención adicional a la capacidad
requerida; también se aconseja la impermeabilización de su piso y
bordes para evitar la contaminación del suelo por derrame.
1.b.5.
Legislación provincial
Mendoza
La Ley define a la EIA como el procedimiento destinado a identificar,
interpretar y prevenir las consecuencias o efectos que, proyectos públicos
o privados, puedan causar al equilibrio ecológico, a la calidad de vida
y a la preservación de los recursos naturales (38).
Dichos
proyectos deberán obtener de la Autoridad de Aplicación una Declaración
de Impacto Ambiental (DIA). La DIA será exigida por todos los
organismos públicos con competencia en la obra o actividad. Se prohibe
la autorización y ejecución de proyectos que no cuenten con la DIA
correspondiente.
De
acuerdo al tipo de proyecto se someterá la EIA a la aprobación del
gobierno provincial o municipal.
Se someten a la autoridad provincial:
i.
la generación de energía hidroeléctrica,
nuclear y térmica;
ii.
el manejo de residuos peligrosos;
iii.
la exploración y explotación de
hidrocarburos y minas;
iv.
construcción de oleoductos, gasoductos, rutas, aeropuertos,
etc..
Se
someten a la autoridad municipal:
i.
el emplazamiento de nuevos barrios,
centros deportivos, campamentos, etc.;
ii.
intervenciones edilicias, apertura de calles y remodelaciones
viales, etc..
En
la presentación se deben identificar y valorar los efectos del
proyecto, clasificándolos en negativos o positivos; temporales o
permanentes; simples o acumulativos; directos o indirectos; reversibles
o irreversibles, etc. Se indicarán los parámetros usados en la
valoración de los efectos. Si el impacto excede el límite admisible,
se deben prever medidas de mitigación o corrección.
Córdoba
Se debe presentar una EIA cuando se considere que la actividad o
proyecto pueda degradar el ambiente. Los proyectos sólo se autorizarán
si se establecen garantías, procedimientos y normas para su corrección.
Se consideran actividades degradantes del ambiente, entre otras:
i.
las que contaminan directa o
indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna y otros componentes de
un ecosistema;
ii.
las que alteren o destruyan
individuos y poblaciones de la flora y fauna;
iii.
las que modifiquen las márgenes,
cauces, caudales y comportamiento de las aguas;
iv.
las que agoten los recursos
naturales renovables y no renovables, y
v.
cualquier otra actividad susceptible de alterar los ecosistemas y
sus componentes y la salud humana (39).
Chubut
La EIA se divide en 3 etapas: presentación del estudio de impacto
ambiental ante la Autoridad de Aplicación; participación pública, y
declaración final por la cual la Autoridad de Aplicación aprueba,
rechaza o exige modificaciones al estudio técnico (40).
Los
proyectos o actividades capaces de degradar el ambiente deben someterse
a una EIA. Se consideran tales a las que alteren o destruyan directa o
indirectamente, parcial o totalmente, la flora y fauna; las que
modifiquen las márgenes, cauces, caudales y comportamiento de las
aguas; las que alteren la naturaleza; las que agoten los recursos
naturales renovables y no renovables y cualquier actividad capaz de
alterar los ecosistemas, sus componentes y la salud humana.
El
estudio debe contener la estimación de los impactos positivos y/o
negativos del proyecto en cada una de sus etapas, especificando tipos y
cantidad de residuos y emisiones que se generaran, manejo y destino
final de los mismos.
Con
respecto a los establecimientos industriales o de cualquier otra índole,
la ley de protección de aguas, prohibe el inicio de actividades si se
carece de la aceptación previa de las instalaciones de evacuación y
depuración de efluentes por la Autoridad de Aplicación (41).
1.c.
Mitigación
1.c.1.
Conservación de la flora y fauna
Sanidad
vegetal
Se
adoptan nóminas provisorias de organismos de importancia cuarentenaria.
El Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) formará un
Comité Asesor que brinde apoyo técnico y científico permanente sobre
cuarentena vegetal. También fijará las medidas cuarentenarias
necesarias que impidan el ingreso de los organismos que figuren en las nóminas
(42).
Se estructura el procedimiento oficial para el reconocimiento de "áreas
libres" y/o áreas "liberadas" de plagas o enfermedades,
bajo la forma de protocolos.
Se
establece, además, la autorización fitosanitaria de importación,
obligatoria y previa a todo trámite comercial para los materiales de
propagación vegetal, frutas y hortalizas con el fin de establecer los
requisitos cuarentenarios exigidos.
1.c.2.
Medio ambiente
En
el Protocolo del TA sobre Protección del Medio Ambiente se considera de
capital importancia para la planificación y realización de las
actividades del TA a la protección del medio ambiente antártico, de
los ecosistemas dependientes y asociados, del valor intrínseco de la
Antártida (vida silvestre, estético y área de investigación).
Para
ello las actividades en el área del TA serán planificadas y realizadas
de modo tal que se reduzca el impacto perjudicial sobre el medio
ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados. Se
procurarán evitar también los efectos perjudiciales sobre las características
climáticas y meteorológicas y sobre la calidad del agua y del aire.
También
se evitarán cambios significativos en el medio ambiente atmosférico,
terrestre, glacial y marino; modificaciones importantes en la distribución,
cantidad o capacidad de reproducción de las especies de fauna y flora;
peligros adicionales para las especies amenazadas o en peligro de
extinción; la degradación o riesgo sustancial de degradación de áreas
de importancia biológica, científica, histórica, etc..
Las
actividades en el área del Tratado Antártico se llevarán a cabo sobre
la base de una información suficiente, que permita EIA previa. La EIA
deberá referirse al alcance de la actividad; los impactos acumulativos
de la misma; sus efectos perjudiciales; los medios tecnológicos y
procedimientos para realizar operaciones que no perjudiquen el medio
ambiente; la capacidad para prevenir efectos perjudiciales de la
actividad y para modificar los procedimientos operativos. Considerará
además, si existe capacidad para responder con prontitud y eficacia a
los accidentes.
Además
deberá realizarse una observación regular que permita la EIA de las
actividades en curso y que facilite la detección precoz de efectos
imprevistos de las mismas. Para la planificación de actividades se
otorgará prioridad a la investigación científica. Si las mismas
amenazan con provocar o provocan repercusiones en el medio ambiente y
ecosistemas dependientes, deberán ser modificadas, suspendidas o
canceladas.
1.c.3.
Bosques y forestación
Las
inversiones en obras de forestación y reforestación efectuadas en el
país, gozarán del beneficio de deducción del impuesto a las
ganancias. Se podrá deducir la suma efectivamente invertida, por costos
de implantación y los gastos de administración, financieros, de
conservación de la masa forestal y los importes de adquisición de
elementos e implementos mecánicos (43).
Los
gastos e inversiones serán deducibles únicamente en la medida de su
afectación real a la actividad promovida certificada por el Instituto
Forestal Nacional (IFONA). Podrán beneficiarse con este régimen las
personas físicas y de existencia ideal que realicen nuevas plantaciones
forestales o amplíen las existentes, según planes aprobados por el
IFONA.
El
gobierno de Córdoba debe resguardar la supervivencia y conservación de
los bosques y la reposición de las especies mediante planes de
forestación y reforestación. En cuanto a los recursos mineros, su
explotación debe ser preservada en beneficio de las generaciones
actuales y futuras, siendo los yacimientos bienes exclusivos,
inalienables e imprescriptibles de la provincia (44).
En
Mendoza cuando la construcción de obras públicas o la prestación de
servicios públicos requiera la erradicación de forestales de bosques
protectores o permanentes, el responsable de la obra o servicio tendrá
la obligación de plantar a su costa igual cantidad de plantas, previa
aprobación del plan de erradicación y plantación por la Autoridad de
Aplicación (45).
Se
le asigna a la Dirección de Bosques y Recursos Naturales Renovables la
ejecución de los planes para la protección, conservación y desarrollo
de los recursos naturales renovables, incluido el desarrollo y
administración de reservas, bosques o parques naturales provinciales (46).
1.c.4.
Recursos naturales
Minería
En Chubut es obligatorio efectuar trabajos de restauración por quienes
realizan aprovechamiento minero, cuando éstos afecten al espacio
natural. Esta carga procederá siempre que las tareas se efectúen a
cielo abierto y, en el caso de minas de interior, cuando las
instalaciones o trabajos en el exterior alteren sensiblemente el espacio
natural (47).
Previo
a obtener la autorización de aprovechamiento, el solicitante deberá
presentar ante la Dirección Gral. de Minas un plan de restauración del
espacio natural afectado por las labores, para su aprobación. El plan
proveerá información sobre la zona y su entorno, la descripción del
medio físico, socio-económico. También se referirá a las medidas de
restauración, calendario de ejecución y costo estimado. Se exige que,
al menos, se contemplen especificaciones para el acondicionamiento de la
superficie del terreno; medidas para evitar la erosión; protección del
paisaje; estudio del impacto ambiental y proyecto de almacenamiento de
residuos mineros.
Aguas
La Argentina ratificó el Tratado de la Cuenca del Plata, acordando
promover conjuntamente el desarrollo y la integración física de dicha
cuenca y sus áreas de influencia. Para ello se promoverá la
identificación de áreas de interés común, la realización de obras,
estudios, programas y la formulación de entendimientos operativos o
instrumentos jurídicos que propendan a la utilización racional del
recurso hídrico, y la preservación y el fomento de la flora y fauna (48).
También
firmó un Convenio de Cooperación con Uruguay sobre lucha contra
contaminación del medio acuático por el que se compromete a promover
la minimización de los riesgos de incidentes de contaminación a través
de acciones tendientes a aumentar la seguridad de las operaciones que
puedan contaminar el medio acuático (49).
Asimismo
se acuerda el intercambio de información y las consultas entre las
autoridades competentes sobre el diseño y operación de una red de
vigilancia de calidad del medio acuático y organismos vivos; a la
determinación de los niveles de alerta por concentración de sustancias
perjudiciales en el medio acuático o en organismos vivos y a la
delimitación de áreas críticas.
1.c.5.
EIA
En
Mendoza la reglamentación sobre EIA exige la presentación de una
manifestación de impacto ambiental. En ella se deberá señalar:
i.
las medidas previstas para reducir,
eliminar o compensar los efectos negativos y las alternativas viables;
ii.
las medidas para atenuar o suprimir
los efectos ambientales de la actividad en cuanto a su diseño y ubicación
y los procedimientos de anticontaminación, descontaminación, depuración
y dispositivos de protección del medio ambiente;
iii.
en defecto de las mencionadas, aquéllas
que compensarán dichos efectos;
iv.
el sistema de garantía del cumplimiento de las medidas
correctoras (50).
Junto
a la manifestación de impacto ambiental se deberá acompañar un
documento de síntesis, proponiendo medidas correctoras y el programa de
vigilancia para las fases de ejecución y funcionamiento.
Cuando
el impacto ambiental exceda los límites admisibles para el tipo de
actividad o proyecto, la Autoridad de Aplicación emplazará al
responsable a prever y disponer el empleo de medidas correctoras o
protectoras. De no ser posible, podrá disponer la paralización,
anulación, sustitución, clausura, demolición o destrucción de las
obras causantes de tales efectos.
En
Chubut, en la modalidad básica de presentación del estudio de impacto
ambiental, el solicitante debe elaborar un programa para mitigar o
prevenir los impactos que la obra o actividad provocará en cada etapa.
Además, realizará un balance analizando los beneficios del proyecto,
su importancia en la economía y su influencia en la modificación de
los procesos naturales (51).
En
la modalidad específica se agregarán, a las ya apuntadas, las medidas
de atenuación a implementar, las medidas de compensación, los impactos
residuales de la obra y las medidas de abandono del sitio. El programa
de abandono debe especificar:
i.
la vida útil del proyecto;
ii.
programa de restitución del área,
y
iii.
planes de uso del área al concluir la vida útil del proyecto.
1.d.
Fondos para la Conservación
1.d.1.
Conservación de la flora y fauna
En
Mendoza los fondos para conservación de la fauna se destinarán a:
i.
el estudio de la biología de la
fauna silvestre;
ii.
la creación y manutención de
refugios y santuarios para la fauna;
iii.
vigilancia;
iv.
planes de repoblación de especies
autóctonas;
v.
estudios y ensayos sobre la crianza
de especies silvestres y posibilidades de su incorporación a la cría
en cautiverio con fines de utilización comercial o industrial;
vi.
estudios sobre las especies que
perjudiquen la agricultura y la ganadería y planes de lucha destinados
a su control, y
vii.
difusión (52).
Los
fondos para la aplicación de la ley de pesca mendocina se destinarán a
un plan de fomento ictícola elaborado por la Autoridad de Aplicación.
El plan comprenderá estudios biológicos de la fauna ictícola; creación
y mantenimiento de criaderos y estaciones piscícolas; vigilancia;
planes de repoblación y reparación de los daños ocasionados por
accidentes a la población ictícola en su hábitat o desovaderos
naturales; estudios y ensayos sobre incorporación de nuevas especies de
peces; educación; adquisición de equipos de trabajo y accesorios para
labores de piscicultura (53).
En
Chubut se crea el Fondo Especial de Fauna Silvestre, destinado a
afrontar los gastos que demanden el estudio, manejo y fiscalización de
la fauna silvestre y sus actividades derivadas. El fondo se integrará
con lo producido por multas, licencias de caza, aranceles y derechos
sobre la explotación del recurso, ingresos por ventas o remates de
productos incautados, aportes, donaciones, legados y otras
contribuciones públicas o privadas (54).
1.d.2.
Reservas naturales
En
Bs. As. se crea el Fondo Provincial de Parques, Reservas y Monumentos
Naturales, constituido por:
i.
lo asignado en el presupuesto
provincial;
ii.
los aportes privados y
iii.
los derechos de entrada a los parques, reservas y monumentos
naturales (55).
Lo
recaudado se afectará a la manutención de los parques, reservas y
monumentos naturales; a material educativo; a la adquisición de bienes
necesarios para cumplir con los fines de la ley y a investigaciones.
Mendoza
creó un Fondo Permanente para la gestión y administración en las áreas
protegidas. Los recursos sólo se destinarán:
i.
a la implementación y elaboración
de planes de manejo;
ii.
creación, demarcación y
amojonamiento de las áreas naturales protegidas;
iii.
la adquisición de bienes
necesarios para cumplir la ley;
iv.
difusión de las áreas naturales
protegidas;
v.
capacitación, etc. (56)
La
Autoridad de Aplicación puede disponer la inversión de los fondos.
Deberá coparticiparse un 30% de los recursos con los municipios donde
se encuentre el área protegida.
El
Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
dispone la creación de un Fondo fiduciario (57).
Los recursos provendrán de:
i.
contribuciones obligatorias y
voluntarias de las Partes del Convenio;
ii.
aportes, donaciones, legados de
organismos públicos o privados o personas privadas, otros Estados y la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, las demás organizaciones de las Naciones Unidas,
en especial el PNUD y otras organizaciones;
iii.
intereses producidos por los
recursos del fondo;
iv.
lo obtenido de las colectas y
recaudaciones, y
v.
los demás recursos autorizados por el reglamento. Además, las
partes se comprometen a realizar un aporte bianual, en forma de
porcentaje único.
1.d.3.
Bosques y forestación
A
nivel nacional se crea el Fondo Forestal (FF) destinado a afrontar los
gastos incurridos en la defensa nacional de la riqueza forestal. Está
integrado por los siguientes recursos: el importe asignado anualmente en
el presupuesto nacional o en leyes especiales; los saldos de las cuentas
especiales que se afecten al FF; lo recaudado por gravámenes aplicados
a frutos y productos forestales naturales; el producido por la
comercialización de productos que efectúe la autoridad forestal y las
rentas de títulos e intereses de los capitales que integren el FF y
otros fondos privados (58).
La
explotación de bosques nacionales y provinciales, se gravará con
derechos de forestación y reforestación, y junto con el 50% de lo
obtenido por derechos aduaneros y de exportación o importación de
productos forestales, se afectará a los servicios de forestación y
reforestación. El organismo forestal está facultado para emplear entre
el 30% y el 15% de los recursos disponibles para la adquisición de
bosques ya explotados, bosques protectores y tierras forestales con el
fin de constituir bosques nacionales.
Buenos
Aires adhirió a la Ley Nacional 13.273 de defensa de la riqueza
forestal. Creó el Fondo Provincial de Bosques, afectado exclusivamente
para afrontar los gastos de defensa forestal. Integran el fondo los
siguientes recursos:
i.
las sumas asignadas en el
presupuesto o en leyes especiales;
ii.
los derechos y tasas creados por la
Ley 13.273 cuya percepción corresponda a su jurisdicción;
iii.
los aforos por explotación de los
bosques fiscales provinciales, multas, decomisos, indemnizaciones,
permisos, etc.;
iv.
los derechos de inspección a la
extracción de productos de bosques particulares;
v.
lo obtenido por la venta de
productos y subproductos forestales que realice la autoridad forestal;
vi.
las donaciones y contribuciones voluntarias privadas y las rentas
de títulos e intereses de los capitales que integren el fondo forestal (59).
Además,
el Código Rural de la Pcia. de Buenos Aires contiene normas similares
en cuanto a los montos que conforman el Fondo Provincial de Bosques (60). Los fondos se
destinarán a la creación y aprovechamiento de bosques fiscales
provinciales; a programas de investigación forestal; al arbolado de
caminos provinciales y al fomento de la forestación en el sector
privado.
Mendoza
también adhirió a la Ley Nacional. Se crea un Fondo Provincial de
Bosques, el cual estará integrado por aportes similares a los del fondo
nacional y de la Pcia. de Bs. As. (61).
Se
crea una cuenta especial para Investigación Forestal, que se integra
con los gravámenes que se dispongan en lo sucesivo; las sumas asignadas
en el presupuesto o en leyes especiales; las recaudaciones obtenidas por
la producción de las tierras y bosques cedidos por la SAGPyA para
trabajos de investigación, y las provenientes de la prestación de
servicios a través de los programas que financie; los aportes de los
gobiernos provinciales y municipales y otros ingresos (62).
Los
fondos de la cuenta tendrán como destino la financiación de estudios
sobre evaluación, implantación, conservación y manejo de bosques de
producción y protectores, y relativos al aprovechamiento y transformación
industrial de los productos, coproductos y subproductos forestales;
programas de extensión forestal y fiscalización de la forestación y
de los programas de explotación forestal.
Por
otra parte, los titulares de plantaciones forestales podrán constituir
un fondo de reserva forestal, en base al mayor valor que por crecimiento
de la madera en pie asigne o acepte para cada especie la Dirección
General Impositiva. Cuando dicho fondo tenga por finalidad compensar pérdidas
de explotación, la compensación no será tenida en cuenta a los
efectos del balance impositivo del impuesto a las ganancias
(63).
Si el fondo fuera utilizado para absorber el costo de la madera cortada
y vendida, dicha disminución será computable en el balance impositivo
del impuesto a las ganancias.
1.d.4.
Recursos naturales
Aguas
Chubut crea el Fondo Provincial del Agua para cumplir con los objetivos
del Código de Aguas. El fondo se integra con:
i.
las sumas asignadas en el
presupuesto provincial;
ii.
el canon de uso que abonen las
concesiones de agua;
iii.
el canon de construcción y
retribución de mejoras que gravará todas las propiedades comprendidas
en las zonas de influencia de una obra;
iv.
multas y otros recursos que asigne el gobierno provincial (64).
Suelos
Se contempla la prórroga del plazo para efectuar las inversiones de los
subsidios otorgados para planes de conservación de suelos, por razones
de fuerza mayor o caso fortuito, debido por ejemplo, a factores climáticos.
También puede tener lugar cuando lo requieran necesidades de seguridad
pública o defensa nacional.
En
Chubut se crea un Fondo Provincial de Suelos, integrado por las sumas
asignadas en el presupuesto provincial; multas; sumas percibidas por
trabajos requeridos por terceros; lo obtenido por la venta de semillas,
publicaciones, y aportes voluntarios, legados y donaciones (65).
1.e.
Subsidios
En
Mendoza se implementan planes de reforestación, que cubren las áreas
aptas de cada departamento, reemplazando los ejemplares enfermos o
irrecuperables y avanzando sobre zonas nuevas posibles de ser
forestadas. Incluye el arbolado de calles, parques, plazas y paseos (66).
Se
crea en Chubut un régimen de subsidio forestal para inversiones en
obras de forestación. Se beneficiarán quienes realicen inversiones
efectivas en plantaciones forestales de acuerdo a planes aprobados por
la Autoridad de Aplicación (67).
Se obtendrá un subsidio a la forestación, consistente en un importe
por hectárea fijado anualmente. Este régimen es compatible con el Crédito
Fiscal Nacional. Las superficies, zonas y especies a subsidiar serán
establecidas por la Autoridad de Aplicación. El subsidio será
entregado directamente al beneficiario contra la presentación del
certificado de obra aprobado por la Autoridad de Aplicación.
1.f.
Beneficios impositivos
La
norma de fomento a la forestación de Mendoza contribuye de modo
indirecto a la conservación del entorno y al aprovechamiento racional
de los recursos. Exime del impuesto de contribución directa y recargos
por ausentismo y baldío a los terrenos que posean bosques artificiales
y/o naturales con carácter inequívoco de explotación dasonómica
racional, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Forestación.
Para ello se deberá solicitar el acogimiento al régimen de dicha ley (68).
Para
gozar de los beneficios impositivos, se deberán cumplir los siguientes
requisitos:
i.
las plantaciones y/o masas
forestales responderán a un plan y un régimen silvícola técnicamente
aceptable;
ii.
los forestales deben hallarse en
buen estado vegetativo y sanitario;
iii.
la densidad de implantación
corresponderá al régimen silvícola adoptado;
iv.
los cultivos consociados deberán
constituir un aprovechamiento racional y secundario;
v.
las superficies realmente
forestadas no serán inferiores a una ha. dentro de cada propiedad y,
vi.
los bosques naturales deberán responder a la función protectora
que puedan ejercer sobre la estabilidad del suelo.
2. Privada
2.a.
Protección de
Existen
ciertos obstáculos con respecto a la protección de especies por parte
de la actividad privada. Uno de ellos es el problema del
conservacionismo como valor económico. Es difícil lograr que las
industrias argentinas introduzcan como costo el tema de la conservación.
Otro obstáculo es la falta de incentivos legales implementados por el
Estado, por ejemplo para el empleo de tecnologías menos contaminantes.
Otro
punto importante es la doble regulación y el cumplimiento eficaz por
parte de las industrias. Por un lado se debe cumplir con la legislación
sancionada por el Estado. Pero además, existe una creciente tendencia a
la autorregulación (normas ISO, BS y similares).
Además,
hacen faltan reglas claras en cuanto a la responsabilidad civil y penal
en materia de pérdidas de especies o diversidad biológica.
2.a.1.
Conservación de la flora y fauna
La
Argentina es parte del Convenio de Conservación de Especies Migratorias
Silvestres, el cual establece que se concederá especial atención a las
especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable.
Asimismo,
se reconoce la necesidad de adoptar medidas a fin de evitar que una
especie migratoria pase a ser especie amenazada. Para ello, las partes
promoverán las investigaciones sobre especies migratorias; se esforzarán
por conceder una protección más inmediata a las especies amenazadas y
procurarán la conclusión de acuerdos sobre conservación, cuidado y
aprovechamiento de especies (69).
El
objeto de los acuerdos para conservación mencionados será reponer o
mantener en estado de conservación favorable a una especie. Se deberá
indicar la especie, área geográfica, itinerario de migración,
autoridades de aplicación y procedimientos para solución de
conflictos. Para el caso particular de los cetáceos se prohibirá
cualquier acto que implique la salida de su ambiente natural, cuando esté
vedado en algún Convenio internacional.
Los
acuerdos deberán contemplar, además, exámenes periódicos sobre el
estado de conservación de la especie y de factores nocivos para la
misma; planes coordinados de conservación; investigaciones sobre dinámica
de la población y su migración; conservación y restauración de hábitats
controlando el ingreso de especies exóticas; mantenimiento de una red
de hábitats apropiados a la especie en cuestión; eliminación de obstáculos
que dificulten o impidan la migración; procedimientos de urgencia que
permitan reforzar las medidas de conservación de una especie, en caso
de que se vea seriamente afectada, etc.
Se
indica el criterio para determinar cuándo una especie podrá ser
incluida o eliminada del listado de especies migratorias amenazadas. Las
partes tienen la obligación de conservar y cuando sea posible,
restaurar los hábitats que sean importantes para preservar dicha
especie del peligro de extinción; prevenir, eliminar, compensar o
minimizar apropiadamente, los efectos negativos de actividades u obstáculos
que dificulten o impidan la migración; prevenir y limitar los factores
que amenazan a una especie, ya sea controlando la introducción de
especies exóticas, o vigilando o eliminando las que ya han sido
introducidas. Además, prohibirán la salida de una especie amenazada de
su ambiente natural, excepto cuando la captura tenga fines científicos,
esté destinada a mejorar la propagación o supervivencia de la especie
o cuando sea indispensable.
2.a.2.
Reservas naturales
Queda
vedado dentro de las Reservas Naturales Estrictas (RNE) el ejercicio de
aquellas actividades que modifiquen las características naturales del
área, que amenacen con disminuir su diversidad biológica, o que
afecten a la flora, fauna o gea. Se exceptúan las necesarias para el
manejo y control de las RNE (70).
Se
veda paralelamente el uso extractivo de los recursos naturales; la
exploración minera; la pesca, caza o cualquier perturbación de los
especímenes de la fauna silvestre y la recolección de flora u otros
objetos de interés geológico o biológico, excepto que sea
expresamente autorizado; la introducción, trasplante y propagación de
especies exóticas, como también domésticas, salvo (para el caso de
estos últimos) que sean necesarios para el manejo y control de la RNE.
También existen otras prohibiciones para aquellas actividades que
puedan generar un menoscabo para la conservación estricta.
2.a.3.
Recursos naturales
Suelos
En Chubut todo propietario, arrendatario, tenedor u ocupante de la
tierra a cualquier título tiene la obligación de:
i.
denunciar la existencia manifiesta
de erosión o degradación de los suelos;
ii.
ejecutar los planes de prevención
contra la erosión y
iii.
colaborar en la ejecución de las tareas de lucha contra la erosión
y degradación del predio que ocupa (71).
Hidrocarburos
Con respecto al reacondicionamiento de piletas y restauración de suelos
contaminados con petróleo, la Secretaria de Energía (SE) aprobó en
1992 un cronograma estableciendo criterios de prioridad y plazos para
efectuar las tareas (72).
La finalidad es la recuperación y saneamiento de las piletas
minimizando la exposición al riesgo de las aves migratorias, aves con hábitats
fijos, animales agrestes, de cría, suelos, acuíferos de superficie y
subterráneos y otros recursos cercanos.
2.b.
EIA
2.b.1.
Recursos naturales
Minería
Se exige la presentación de estudios técnicos referidos al impacto
ambiental. La misma debe efectuarse ante la Autoridad de Aplicación,
quien los elevará al organismo provincial competente para su
fiscalización conjunta.
Energía
Las empresas del sector energético están obligadas a presentar ante la
autoridad competente una EIA conteniendo las distintas alternativas
planteadas en los proyectos energéticos junto con los estudios
ambientales realizados para cada una de las etapas y un programa de
vigilancia y monitoreo ambiental (73).
2.c.
Mitigación
2.c.1.
Conservación de la flora y fauna
Sanidad
Vegetal
Cuando
se ordena la destrucción de bosques, sembrados, vegetales, sus partes,
productos, derivados de éstos o plantaciones, por infestación o
infección, sus propietarios tendrán derecho a una indemnización. El
monto se calculará teniendo en cuenta el estado en que se hallaban y
los beneficios que pudieran obtenerse de las cosas destruidas (74).
No
corresponderá indemnización cuando el ataque, por su intensidad o por
la naturaleza misma del agente productor de la infección o infestación,
debía de haber producido la destrucción o pérdida de los bosque
sembrados, vegetales, sus partes, productos, etc. Tampoco tendrán
derecho a indemnización quienes no hubieren cumplido con los trabajos
de lucha necesarios.
Para
la aplicación de las sanciones penales, en lo atinente a animales,
vegetales o agentes de cualquier origen biológico perjudiciales a la
producción agrícola, es indispensable que los mismos hayan sido previa
y formalmente declarados como plaga por la Autoridad de Aplicación (75).
Todo
propietario, arrendatario, usufructuario u ocupante a cualquier título
de predios destinados al cultivo de cereales, oleaginosos, forrajes,
cultivos industriales, hortalizas, y a la cosecha de sus productos
tienen la obligación de efectuar tratamientos sanitarios preventivos y
curativos contra las plagas que atacan dichos cultivos. Tiene la misma
carga toda persona o ente que posea granos almacenados o envases usados
en su inmueble y quienes almacenen o arrienden galpones o depósitos
para la comercialización o industrialización de los mismos.
2.c.2.
Bosques y forestación
Como
política económica para orientar a la forestación hacia las zonas
ecológicamente más aptas y coordinar la expansión forestal con la
expansión industrial maderera, se crea un sistema de crédito fiscal
para la forestación. Se intenta captar la participación de productores
grandes, como pequeños y medianos en las tareas de reforestación (76).
Por
reforestación se entiende la forestación practicada sobre un predio
que ya ha sido forestado, en el que se han talado los ejemplares de modo
tal de permitir un nuevo ciclo.
Este
régimen de incentivos se instrumenta desde el Ministerio de Economía.
2.c.3.
Recursos naturales
Minería
Existen requisitos especiales para la conservación del medio ambiente
por el cual se obliga a los nuevos emprendimientos mineros a constituir
una previsión especial anual para la prevención y subsanación de las
alteraciones que pueda sufrir el medio ambiente como consecuencia de la
actividad minera. La determinación de la previsión queda a criterio de
la empresa, pero como incentivo para que se efectivice, se permite
deducir del impuesto a las ganancias hasta el 5 % de los costos
operativos de extracción. La empresa debe comunicar anualmente a la
Autoridad de Aplicación el monto de la previsión y el efectivamente
erogado (77).
Los
importes no empleados en la prevención y restauración se restituirán
al balance impositivo del impuesto a las ganancias al finalizar el ciclo
productivo. Se considera que ésto se produce cuando se agota el
yacimiento en explotación. Sin embargo, si los trabajos se
interrumpieren totalmente por un lapso mayor a 2 años, la Autoridad de
Aplicación dará por finalizado el ciclo productivo, y el contribuyente
estará obligado a la mencionada restitución.
Suelos
Se crea un sistema de beneficios para los consorcios de conservación de
suelos. Serán beneficiarios los productores agropecuarios que integren
dicho consorcio, y realicen inversiones y gastos de conservación o
recuperación. También lo perciben los productores de los distritos no
consorciados que se hayan constituido como predios demostrativos o
conservacionistas, o los considerados como áreas de experimentación en
zonas que no estén declaradas como distritos de conservación (78).
En
cuanto a la naturaleza de los beneficios se señalan las medidas de estímulo
dispuestas por las provincias (créditos especiales y reintegros, por
ejemplo); los créditos de fomento otorgados por el Banco de la Nación
para financiar inversiones no cubiertas por los subsidios nacionales o
provinciales; y los subsidios estipulados por el Ministerio de Economía
de la Nación (ME). Estos supuestos se supeditan a la implementación de
un plan de conservación y/o recuperación de suelos aprobado por la
Autoridad Provincial de Aplicación, y crea una obligación adicional
para el productor: la de emplear todas las prácticas conservacionistas
contempladas en la planificación de manejo de suelos de su
establecimiento, incluidas las no subsidiadas.
Para
la obtención de los beneficios el consorcio debe elaborar y presentar a
la Autoridad de Aplicación, para su aprobación, un programa de
conservación y/o recuperación de suelos; un plan de inversiones y
gastos destinados a dicho programa, y una planificación de uso y manejo
de los mismos con especificación de las prácticas conservacionistas.
Las
Autoridades de Aplicación deberán elevar anualmente a la SAGPyA los
planes y programas conservacionistas aprobados, junto con el cálculo
estimativo de las inversiones que deban realizar los productores y de
los reintegros de costos previstos. En base a estos datos, la SAGPyA
propondrá al ME el Programa Anual de Promoción a la Conservación y
Recuperación de los Suelos, el cual contendrá el monto global de los
subsidios a otorgar.
2.d.
Fondos para la Conservación
2.d.1.
Bosques y forestación
Para
la defensa de la riqueza forestal las empresas, sociedades,
instituciones, y particulares podrán efectuar contribuciones
voluntarias para el Fondo Forestal. También podrán realizar donaciones
y legados, los cuales deberán ser aceptados previamente por el P.E. (79).
En
la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas se contempla la creación
de una cuenta especial, denominada "Ley de Semillas". En ella
se acreditan los fondos recaudados por aranceles, multas, donaciones y
otros ingresos y sumas que se determinen en el presupuesto general de la
Nación, y se debitan los gastos e inversiones que se realicen para el
mantenimiento de los servicios, pago de subsidios y premios (80).
Se
crea el Fondo para Investigación Forestal. La cuenta estará integrada
por las subvenciones otorgadas por los productores, industriales y
comerciantes del ramo forestal y por legados y donaciones, junto con los
fondos públicos.
3.
Comunidades locales e indígenas
3.a.
Protección de especies
Política
indígena (81)
El
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas podrá elaborar y/o ejecutar en
coordinación con la Secretaría de Salud y las provincias, programas de
prevención y asistencia sanitaria en las comunidades indígenas.
Humedales
Se los define como las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o
superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de 6 metros (82).
Cada
Estado confeccionará una lista de humedales de importancia
internacional en su territorio. Para efectuar la selección se tendrán
en cuenta criterios ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos
e hidrológicos. Las Partes tienen el derecho de realizar modificaciones
a la lista, pero deben informar de las mismas a la brevedad a la
organización o al gobierno responsable de las funciones de la oficina
permanente.
Además
deben elaborar y aplicar su planificación favoreciendo el uso racional
y la conservación de los humedales listados y fomentar la conservación
de los humedales y de las aves acuáticas, creando reservas naturales
dentro del humedal, y tomar los recaudos apropiados para su custodia.
También, se esforzarán por elevar las poblaciones de aves acuáticas
en los humedales.
1.
Mar territorial
1.a.
Protección de especies
1.a.1.
Conservación de la flora y fauna
Pesca
La Autoridad de Aplicación de Buenos Aires establecerá límites máximos
periódicos de captura por especie, así como las artes de pesca, métodos
y sistemas de pesca utilizables. Podrá, además, establecer épocas y
zonas de veda, de reserva, cupos de apropiación, delimitación de las
pesquerías y condiciones para las actividades de explotación (83).
En
Chubut se prohibe el acercamiento y/o persecución, navegación, natación
y buceo, a cualquier especie de mamíferos marinos y sus crías, en las
costas y mar de jurisdicción provincial, durante todo el año, sin la
autorización del organismo competente (84).
La
Argentina ratificó el Convenio sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la que
establece que para la introducción procedente del mar de cualquier espécimen
se requiere la concesión previa de un certificado expedido por una
autoridad administrativa del Estado de introducción. Para la obtención
del certificado se exigirá: la verificación científica por el Estado
de introducción de que la misma no atentará contra la supervivencia de
la especie; la verificación de que el ejemplar será albergado
adecuadamente y que no será empleado para fines fundamentalmente
comerciales.
El
Convenio de Focas Antárticas se aplica a las especies de lobo, elefante
y leopardo marino y diversas especies de focas. En su ámbito de
aplicación los contratantes tienen prohibido sacrificar o capturar
estos ejemplares por sus nacionales o buques de su bandera. Sólo podrán
hacerlo, como excepción, de conformidad con las disposiciones del
Convenio, en cuyo caso tienen la obligación de informar a las demás
Partes y al Comité Científico para Investigación Antártica del
Consejo Internacional de Uniones Científicas (SCAR) sobre el propósito
y contenido de los permisos y del número de ejemplares capturados (85).
De
este modo, las partes podrán otorgar permisos especiales para
sacrificar o capturar ejemplares en cantidades limitadas y de
conformidad con los principios del Convenio, siempre que cumplan las
siguientes finalidades: suministrar alimentación; investigación científica
o facilitar ejemplares como material para museos, instituciones
educativas o culturales.
Las
Partes pueden regular otras actividades como designación de áreas
especiales donde los animales no serán perturbados tales como: áreas
de caza y áreas vedadas, designación de reservas; sistemas de inspección;
tipo de herramientas e instrumentos permitidos, etc..
1.a.2.
Medio ambiente
En
el Convenio de Diversidad Biológica los suscriptores acuerdan
implementar medidas de carácter general. Entre ellas la elaboración de
estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptación de los
existentes y su integración en las políticas sectoriales e
intersectoriales (86).
1.a.3.
Recursos naturales
Aguas
En el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques las Partes se comprometen a observar las disposiciones del
Convenio a los efectos de prevenir la contaminación del medio marino
como consecuencia de la descarga de sustancias perjudiciales o de
efluentes que contengan tales sustancias, en transgresión al Convenio (87).
En
el Convenio sobre el Derecho del Mar los Estados se obligan a adoptar
las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación
del medio marino causada por la utilización de tecnologías bajo su
jurisdicción, o la introducción de especies extrañas o nuevas que
puedan causar cambios considerables y perjudiciales en el medio marino.
Asimismo, las Partes cooperarán en la formulación y elaboración de
reglas, estándares y de prácticas y procedimientos recomendados, de
carácter internacional, compatibles con este Convenio, para la protección
y preservación del medio marino.
1.b.
EIA (incluyendo impactos sociales)
1.b.1.
Diversidad Biológica
Cada
parte dictará procedimientos apropiados en los cuales se exija la EIA
de los proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos de
magnitud sobre la diversidad biológica, a los fines de evitarlos o
reducirlos al mínimo. Se estipula, en especial, que se garantice la
participación ciudadana en dichos procedimientos.
1.c.
Mitigación
1.c.1.
Conservación de la flora y fauna
Se
prohiben las siguientes actividades pesqueras en toda la Provincia de
Buenos Aires:
i.
arrojar a las aguas, de modo
permanente o periódico, sustancias nocivas para la biología marina;
ii.
interceptar peces en cursos de agua
mediante instalaciones, aparejos fijos u otros procedimientos que
atenten contra la conservación de la flora y fauna acuáticas;
iii.
introducir fauna o flora exótica,
agregar o difundir las existentes, que no sean objeto de cultivo o
crianza en cautiverio;
iv.
emplear máquinas, útiles u otros
artefactos o procedimientos de pesca, sin autorización de la autoridad
competente;
v.
pescar con embarcaciones en el
interior de los puertos artificiales;
vi.
capturar recursos pesqueros en
zonas prohibidas a la pesca o especies que no hayan alcanzado su
desarrollo comercial, y
vii.
explotar recursos pesqueros en
forma irracional (88).
2.
Plataforma continental
2.a.
Protección de especies
2.a.1.
Conservación de la flora y fauna
El
Convenio de Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos los
define como las poblaciones de peces con aletas, moluscos, crustáceos y
toda otra especie de organismos vivos, incluidas las aves (89).
Se propone como
objetivo la conservación y utilización racional de las especies. Regirán
como principios de conservación: la prevención de la disminución de
la población de cualquier especie recolectada a niveles inferiores a
aquellos que aseguren su restablecimiento a niveles estables;
mantenimiento de las relaciones ecológicas y reposición de poblaciones
disminuidas por debajo de los niveles mínimos, y la prevención y
reducción de riesgo de modificaciones en el ecosistema marino que no
sean potencialmente reversibles en el término de 2 o 3 décadas.
3.
Zona Económica Exclusiva
3.a.
Protección de Especies
Se
aplica lo expuesto sobre el Convenio Internacional para la Prevención
de la Contaminación por los Buques; Convenio sobre el Derecho del Mar;
Convenio de Conservación de Especies Migratorias y el de Conservación
de los recursos antárticos vivos.
1.
Protección de especies
La
Argentina ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica en el
cual las partes acuerdan complementar las medidas de conservación
"in-situ", a través de medidas "ex-situ".
En
Mendoza, la Autoridad de Aplicación podrá proponer la creación de
estaciones de cría de la fauna silvestre en cautiverio o semicautiverio,
para las especies que interese conservar, propagar o repoblar, o con
fines de estudio de conducta animal. Además, elaborará los planes de
suelta, repoblación o radicación de especies en áreas determinadas (90).
La legislación de Chubut contiene normas similares (91).
2.
Mitigación
Argentina
es parte del Tratado sobre Cambio Climático donde se acuerda unir
esfuerzos para lograr la estabilización de las concentraciones de gases
de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Esto
permitirá, dentro de un período razonable, la adaptación natural de
los ecosistemas al cambio climático, otorgando seguridad a la producción
alimenticia y estimulando el desarrollo sustentable (92).
Para
lograr estos objetivos, las partes proponen la protección del sistema
climático, reconociendo las diferencias entre las responsabilidades y
las capacidades de los países desarrollados y en desarrollo, y otorgar
consideración especial a las necesidades de los últimos como resultado
de la mayor carga que tendrán que sobrellevar en función del convenio.
También
la adopción de medidas de precaución integrales para prever, prevenir
y reducir las causas del cambio climático y mitigar sus efectos
adversos. La falta de certeza científica no debe ser empleada como
argumento para posponer la adopción de tales medidas cuando exista
amenaza de daño grave o irreversible.
Se
contempla la cooperación en la promoción de un sistema económico
internacional abierto que conduzca al crecimiento económico y
desarrollo sustentable de todos los países, en especial, en desarrollo.
Las medidas adoptadas no deben constituirse en medio de discriminación
arbitraria o injustificable ni en restricciones encubiertas al comercio
internacional.
En
cuanto a las obligaciones, las Partes se comprometen a la confección y
actualización de inventarios nacionales periódicos de las emisiones
antropógenas y de absorción de todos los gases de efecto invernadero
no controlados por el Protocolo de Montreal (PM); a formular planes
nacionales y regionales que contengan medidas que apunten a mitigar el
cambio climático; a promover el desarrollo, aplicación, difusión y
transferencia de tecnologías, prácticas y procesos que controlen,
reduzcan o prevengan tales emisiones.
Además
se obligan a promover la conservación y reforzamiento de los sumideros
y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el
PM; elaboración de planes para la ordenación de las zonas costeras,
los recursos hídricos y la agricultura, y para la protección y
rehabilitación de zonas afectadas por la sequía, la desertificación y
las inundaciones. También a emplear métodos nacionales de EIA para
mitigar o adaptarse al cambio climático; promover la investigación y
el intercambio de información sobre cambio climático y la educación y
participación del público.
3.
Fondos para la Conservación
El
Convenio sobre la Protección de la Diversidad Biológica establece que
las Partes se obligan a cooperar en el suministro de apoyo financiero
para la conservación "ex-situ". No obstante esto, no existen
mecanismos en funcionamiento para el financiamiento de actividades
conservacionistas en las áreas marinas, salvo lo previsto en líneas de
asistencia multilateral.
|
D.
|
Conclusiones finales
sobre las medidas para la conservación y uso sustentable de los
recursos genéticos
|
1.
Medidas de protección de especies
En
cuanto a la legislación doméstica, existe profusa normativa sobre
conservación de flora y fauna, tanto a nivel nacional como provincial.
Por un lado, se implementan medidas de protección de la fauna
silvestre, sobre creación de reservas y santuarios y regulando su caza
deportiva y de control, las que se extienden a sus productos y
derivados. También se instrumentan medidas para importación de fauna y
otras específicas para actividades relacionadas con las especies
amenazadas o en peligro de extinción.
Además,
se aplican normas sobre protección de especies migratorias, en cuanto a
las obligaciones de conservación y restauración de hábitats,
eliminando o minimizando los efectos nocivos de actividades que
obstruyan la migración. Se exige la realización de evaluaciones periódicas
sobre el estado de conservación de dichas especies, los factores
perjudiciales y su erradicación.
Argentina
es parte del Tratado Antártico, por el cual está obligada cumplir con
sus disposiciones. Entre ellas, se prohibe la toma de fauna y flora antártica,
como también, cualquier intromisión perjudicial que perturbe la
concentración de aves o dañe significativamente la flora nativa,
excepto cuando se otorgue una autorización para fines científicos. Se
veda, además, para prevenir la introducción de microorganismos, el
ingreso de aves de corral y otras aves vivas dentro de la zona antártica.
Con
respecto a la sanidad vegetal se exigen rigurosos requisitos para el
ingreso de vegetales, entre ellos el certificado de sanidad. También
existen normas sobre uso y manejo de plaguicidas para la actividad agrícola.
Se
pretende que la protección del medio ambiente sea efectuada de modo
integral.
Sobre
reservas naturales existe legislación que crea las reservas naturales
estrictas, donde se intenta minimizar la interferencia humana sobre las
especies y ecosistemas, a fin de que se desarrollen del modo más
natural posible. Se vedan ciertas actividades específicas, como por
ejemplo, la recolección de flora, la exploración minera, la pesca,
caza, o cualquier otra acción que pueda perturbar a los especímenes,
salvo cuando medie autorización de la Autoridad de Aplicación. Se
prohibe además, la introducción de especies exóticas, el uso de
sustancias contaminantes y los asentamientos humanos.
También
se contempla la creación de parques y reservas naturales, sobre todo en
las provincias de Mendoza y Chubut.
En
el capítulo sobre recursos naturales, en el área de minería se
introduce el tema del daño ambiental, estableciéndose la obligación
de quienes efectúen aprovechamientos mineros a responder por tales daños.
En cuanto a la protección del agua, los diversos códigos provinciales
al respecto, contienen diversas pautas sobre contaminación acuática,
eliminación de residuos y protección de los recursos vivos.
Con
respecto a los hidrocarburos es obligatorio para los operadores de
contratos de riesgo tanto la adopción de medidas para atenuar los
perjuicios a las actividades agropecuarias, la pesca y los mantos de
agua, como de recaudos para evitar la contaminación. También hay
requisitos específicos relativos al reacondicionamiento de piletas y
restauración de suelos contaminados con petróleo, a fin de recuperar y
sanear las piletas, minimizando la exposición al riesgo de las aves
migratorias, aves con hábitats fijos, animales agrestes, de cría,
suelos, acuíferos, etc.
2.
EIA
En
esta sección, se han descripto los procedimientos vigentes en relación
a la fauna silvestre para establecer la situación de la misma y de ese
modo adoptar medidas de conservación, protección y manejo, o su
propagación cuando se tratare de especies amenazadas o en peligro de
extinción. Esto alcanza a las crías, huevos, nidos y hábitats específicos.
Para
los proyectos a realizarse dentro de las áreas manejadas por la
Administración de Parques Nacionales (APN), es obligatoria la
presentación de un estudio ambiental. Una comisión evaluadora emitirá
su dictámen, el cual no es vinculante para el Directorio de APN, quien
se pronuncia por la aprobación o rechazo del proyecto o la proposición
de modificaciones al mismo. Esto fue lo que ocurrió en el caso de la
licitación para el área de las Cataratas del Iguazú.
También
se detalla la legislación provincial, que, en general, conceptualiza a
la EIA como un procedimiento administrativo que se divide en tres etapas
fundamentales: realización y presentación del estudio técnico de
impacto ambiental de un proyecto; participación pública y dictámen
final de la autoridad competente, aprobando o rechazando el proyecto. Es
importante aclarar que a nivel nacional no existe una ley general sobre
EIA.
3.
Mitigación
Para
la sanidad vegetal se dictan normas sobre manejo de plagas y
enfermedades, así como procedimientos para determinar áreas libres y
áreas liberadas de las mismas. También se exigen ciertos requisitos
para obtener la autorización fitosanitaria para importación de
vegetales. Además cuando exista infestación o infección de bosques,
sembrados, vegetales o sus productos, podrá exigirse la destrucción de
los mismos, otorgándose a los propietarios derecho a indemnización.
Esto no corresponderá cuando no se haya cumplido con los trabajos de
lucha contra las plagas.
Asimismo,
se aspira a evitar cambios significativos en el medio ambiente atmosférico,
terrestre, glacial y marino. También se evitarán modificaciones en las
cantidades y capacidad de reproducción de su flora y fauna, cuidando,
además, de introducir peligros adicionales sobre aquellas especies
amenazadas o en peligro de extinción.
En
relación a los bosques se contemplan determinados beneficios
impositivos para tareas de reforestación. Así, se podrán deducir del
impuesto a las ganancias, los costos de implantación, de conservación
de la masa forestal y de adquisición de maquinarias, por ejemplo.
También
se creó el sistema de crédito forestal, destinado al fomento de la
forestación por el sector privado. Para acceder al mismo se deberá
contar con un plan de forestación o reforestación aprobado por la
autoridad competente.
En
el sector minería los responsables están obligados a constituir una
previsión especial anual para la prevención y subsanación de las
alteraciones que el medio ambiente pueda sufrir como consecuencia de la
actividad. En cuanto a los suelos, se creó un sistema nacional de
beneficios para los consorcios de conservación de suelos que realicen
inversiones directamente relacionados con la conservación o recuperación
de los mismos.
Las
reglamentaciones provinciales del procedimiento de EIA, exigen entre sus
requisitos, que se especifiquen las medidas y planes de mitigación de
los impactos ambientales, al tiempo de presentación de los estudios técnicos.
4.
Fondos para la conservación
Se
han creado fondos para la conservación de la flora y la fauna. En
Mendoza, por ejemplo, están destinados a programas de investigación,
creación de refugios y planes de repoblación de especies autóctonas.
También cuenta con un fondo para fomento ictícola. En Chubut tiene por
objeto la protección de la fauna silvestre, su estudio, manejo y
fiscalización. También se han constituido distintos fondos
provinciales dedicados a la gestión y manejo de áreas naturales
protegidas o para manutención de parques naturales.
Con
respecto a la forestación se creó un fondo para defensa nacional de la
riqueza forestal, el cual está afectado a las tareas de reforestación.
La Pcia. de Bs. As. adhirió a la ley nacional de defensa de la riqueza
forestal, y destina sus fondos a tareas de investigación, arbolado público
y fomento de la forestación en el sector privado. Mendoza también
adhirió al régimen nacional.
A
nivel nacional se constituyó además un fondo de investigación
forestal cuyos recursos están afectados a la financiación de estudios
sobre evaluación, implantación, conservación y manejo de bosques de
producción y protectores, y sobre aprovechamiento industrial de sus
productos.
5.
Colecciones "ex-situ"
Como
consecuencia de la ratificación del Tratado de Biodiversidad, existe la
obligación de complementar las medidas de conservación
"in-situ" con medidas "ex-situ". Entre éstas, por
ejemplo, se exige el establecimiento y mantenimiento de instalaciones
para la conservación "ex-situ", y la investigación de
plantas, animales y microorganismos, preferentemente en el país de
origen de los recursos genéticos. Asimismo, la adopción de medidas
destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies
amenazadas y la reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en
condiciones apropiadas; la reglamentación y recolección de recursos
biológicos de sus hábitats naturales, siempre que no constituya una
amenaza para los ecosistemas o las poblaciones "in-situ".
A
nivel provincial, Mendoza dispone que la autoridad competente podrá
proponer la creación de estaciones de cría de la fauna silvestre en
cautiverio o semicautiverio, cuando interese conservar o propagar una
especie, con fines de investigación o estudio de la conducta animal. La
legislación de Chubut contiene disposiciones similares.
En
cuanto a las medidas de mitigación, por ser parte del Tratado sobre
Cambio Climático, la Argentina se ha comprometido a la adopción de
medidas de precaución integrales para prever, prevenir y reducir las
causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos.
Las
partes en el Tratado también se obligan a la confección de inventarios
nacionales periódicos de las emisiones antropógenas y de absorción de
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal. Además, tienen la obligación de promover la conservación y
reforzamiento de los sumideros y depósitos de los gases de efecto
invernadero no controlados por dicho protocolo; la elaboración de
planes para la ordenación de las zonas costeras, los recursos hídricos
y la agricultura, y para la protección y rehabilitación de zonas
afectadas por la sequía, la desertificación y las inundaciones.
NOTAS
1. Ley
20.645 Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo - Aprobación
del Tratado suscripto entre Argentina y la República Oriental del
Uruguay en Montevideo el 19/XI/73, arts. 45, 46, 54, 55 y 82 inc. e
(1974).
2. Ley
7617 Cod. Rural de la Pcia. de Buenos Aires, art. 348 (1970).
3. Ley
24.216 aprobando el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al
Medio Ambiente, art. 3, Anexo II y Apéndices A y C (1993).
4. Indicadas
en el Apéndice A del Anexo II: todas las especies del género
arctocephalus, focas peleteras, ommatophoca rossii, foca de Ross.
5. Ley
15.802 de Ratificación del Tratado Antártico, art. 9 inc. f) (1961).
6. Resolución
67/92 sobre Conservación de la Fauna de la SRNyDS.
7. Decreto-Ley
22.421/81 sobre Conservación de la Fauna, arts. 5 a 7, 19 y 20 (1981).
8. Resolución
62/86 sobre Suspensión de la comercialización de fauna, arts 1 y 2.
9. Resolución
157/91 aprobando el proyecto de reglamentación para la Protección y el
Manejo de la Fauna Silvestre en Jurisdicción de la APN, capítulos I y
II.
10. Ley
7616 de la Pcia. de Buenos Aires, Cod. Rural, art. 311 (1970).
11. Ley
4602 de Mendoza de Adhesión a la Ley Nacional 22.421 de Conservación
de la Fauna, art. 1 y Decreto 1998/82 Reglamentario, arts. 3 y 4.
12. Ley
22.344 aprobando la Convenio sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, arts II y III (1982).
13. En el
caso particular de la vicuña , se firmó un Convenio para regular su
conservación y manejo. El convenio establece que su conservación
constituye una alternativa de producción económica en beneficio del
poblador andino y su aprovechamiento debe ser gradual, bajo control
estatal estricto. Quedan prohibidas la caza y la comercialización
ilegales de la vicuña, sus productos y derivados en el territorio de
los signatarios. Se admitirá la comercialización en el caso de
alcanzar un nivel de población que así lo permita.
La argentina sancionó una Ley para la protección del ñandú y el
guanaco, en particular se prohibió la caza del ñandú por diez años
en los territorios patagónicos (hasta 1985). Con respecto a la caza del
guanaco se establece, en las provincias patagónicas, un régimen
permanente de prohibición absoluta por dos años y luego permiso por un
año, en forma alternativa.
Las prohibiciones se extienden, para el caso de ambas especies, al
apoderamiento o destrucción de sus crías, huevos, nidos o refugios
naturales, como así también al comercio, tránsito y utilización de
sus productos y subproductos. Los acopiadores y cazadores de ambas
especies deberán presentar, ante la autoridad competente provincial,
declaración jurada de las existencias en su poder a la fecha de
promulgación de esta ley.
14. Decreto
Reglamentario de la ley 4084 sobre Importación de Vegetales, arts. 1,
2, 8, 9 y 10 (1936).
15. Ley
6629 sobre Agroquímicos de la Pcia. de Córdoba, arts. 1 y 2 (1981) y
Decreto Reglamentario 4460/83, art. 9, inc. b).
16. Ley
5665 de Mendoza sobre Agroquímicos, art. 2 incs. a), b) y d) (1991).
17. Ley
24.105 Tratado suscripto con Chile sobre medio ambiente, art. 2 incs. 4
y 5 (1992).
18. Ley
21.836 aprobando el Convenio sobre Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural, arts. 4 y 5 (1978).
19. Ley
5961 de Mendoza sobre Preservación del Ambiente, art. 3 incs. b), c) y
f) (1992).
20. Ley
5963 de Mendoza ratificando el Pacto Ambiental del Nuevo Cuyo, art. 8
(1992).
21. Constitución
de Córdoba, arts. 11, 66, párr. 1, 2 y 4, 68 párr. 4 y 6 (1990).
22. Ley
7343 de Córdoba, sobre Principios Rectores, arts. 2, 3 incs. a), c),
f), g), i), l) y n), 6 y 7 (1985).
23. Decreto
2148/90 sobre Reservas Naturales Estricta, Presidencia de la Nación,
arts. 1 a 8.
24. Ley
6045 de Mendoza sobre Áreas Naturales Provinciales y sus Ambientes
Silvestres, arts. 2, incs. a) y f); 5 incs. a) al h) y j) y 7 a 10
(1993).
25. Ley
2161 de Chubut de Creación del Sistema Provincial de Conservación del
Patrimonio Turístico, arts. 1 a 3, art. 2 modificado por ley 2580.
26. Ley
7616 de la Provincia de Buenos Aires, Cod. Rural, arts. 263 y 266 (1970).
27. Ley
4609 de Mendoza sobre Bosques, arts. 1 y 2 (1981). Deroga la ley 4406.
28. Ley
24.585 modificando el art. 282 del Cod. de Minería y agregando un Título
Complementario sobre Protección Ambiental (1995).
29. Ley
4036 de la Pcia. de Mendoza sobre Aguas Subterráneas, art. 3, inc. c).
30. Ley
5589 Código de Agua de Córdoba, arts. 141, 183 y 192
31. Decreto
2099/78 de Chubut Reglamentario de la ley 1503 sobre Protección de las
aguas y de la atmósfera, arts. 26, 27 y 30.
32. Ley
1119 de Chubut sobre Conservación de Suelos, arts. 3 a 5 (1974).
33. Decreto
691/81 Reglamentario de la Ley Nacional de Fauna 22.421, arts. 1 a 4
(1981).
34. Decreto
1998/82 de Mendoza Reglamentario de la ley 4602 de Adhesión a la Ley
Nacional de Conservación de la Fauna, art. 2.
35. Resolución
16/94 Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental en Áreas de
la Administración de Parques Nacionales.
36. Ley
24.543 aprobando la Convenio de las N.U. del Derecho del Mar, arts. 204
a 206 (1995).
37. Resolución
105/92 aprobando las Normas y Procedimientos para Proteger el Medio
Ambiente durante la ETApa de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos, Anexo I arts. 1.2; 1.2.2; 3.2.3..
38. Ley
5961 de Mendoza sobre Preservación del Ambiente, arts. 26 a 29 (1992) y
Decreto 2109/94 Reglamentario del Título V sobre EIA de la ley 5961,
arts. 1, 2 y 5.
39. Ley
7343 de Córdoba sobre Principios Rectores para el Mejoramiento del
Ambiente, arts. 49, 50 y 52 incs. a), c), d) l) y m) (1985).
40. Ley
4032 de Chubut sobre EIA, arts. 2 incs. c), d), e), f), l), n); 3 inc.
d); 6 y 7.
41. Ley
1.533 de Chubut de Protección de Aguas, art.6, derogatoria de la ley
504 (1977).
42. Resolución
902/92 de la SAGyP, reglamentaria de la ley 4084, arts. 1 a 5 y Anexo I
sobre Nóminas de Organismos de Importancia Cuarentenaria para la
Argentina, Lista A1 de Plagas y Enfermedades Exóticas y Ausentes en el
País y Lista A2 de Plagas y Enfermedades de Ocurrencia Restringida en
el País; Anexo II Protocolo Argentino para el Reconocimiento de "Area
Libre" de Terceros Países y Anexo III Protocolo Argentino para el
Reconocimiento de "Area Liberada" de Terceros Países.
43. Decreto
465/74 sobre Bosques y Forestación-Inversiones y Beneficios, arts. 6 y
7.
44. Constitución
de Córdoba, art. 68 párrs. 4 y 5 (1990).
45. Ley
4609 de Mendoza sobre Declaración de Bosques, art. 3.
46. Decreto
2059/85 de Mendoza, art. 2 inc. b).
47. Ley
4069 de Chubut sobre Obligación de Realizar Trabajos de Restauración
del Espacio Natural AfecTAdo por Labores Mineras, arts. 1 a 10 (1995).
48. Ley
18.590 aprobando el Tratado de la Cuenca del Plata, art. 1 incs. b y c,
suscripto por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay (1970).
49. Ley
23.829 aprobando el Convenio de Cooperación entre Argentina y Uruguay
para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático
producidas por hidrocarburos y otras substancias perjudiciales, arts. 5
y 8 (1990).
50. Decreto
2109/94 de Mendoza, arts. 6, 7 y 25, Reglamentario de la ley 5961.
51. Decreto
1153/95 Reglamentario de la ley de EIA, anexo II pto. V y anexo III pto.
VI.
52. Decreto
1998/82 Reglamentario de la ley 4602 de Mendoza de Adhesión a la Ley
Nacional de Conservación de la Fauna, art. 82.
53. Decreto-Ley
4428 de Mendoza sobre Pesca, art. 18.
54. Decreto
868/90 de Chubut sobre Conservación de la Fauna Silvestre, arts. 121 a
123.
55. Ley
10.097 de Bs. As. sobre Régimen Regulatorio de las Reservas y Parques
Naturales, arts. 25 a 27 (1990).
56. Ley
6045 de Mendoza sobre Áreas Naturales Provinciales y sus Ambientes
Silvestres, arts. 64 a 68 (1993).
57. Ley
21.836 aprobando la Convenio sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural, arts. 15 a 18 (1978).
58. Ley
13.273 sobre Defensa de la Riqueza Forestal, arts. 47 a 49 (1948).
59. Ley
5.699 de adhesión de la Provincia de Buenos Aires al Régimen de la Ley
Nacional 13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal, arts. 1 a 3 (1952).
60. Ley
7616 de la Provincia de Buenos Aires, Código Rural, arts. 267 y 268
(1970).
61. Ley
2088 de Mendoza adhiriendo al Régimen Nacional de Defensa Forestal (ley
13.273), art. 4 (1952).
62. Ley
18.388 de Creación del Fondo Autárquico Nacional para la Capacitación
e Investigación Forestal, art. 1 (1969).
63. Decreto
465/74 sobre Bosques y Forestación-Inversiones y Beneficios, arts. 6 y
7.
64. Ley
4148 Código de Aguas de Chubut, art. 188 (1996).
65. Ley
1119 de Chubut sobre Conservación de Suelos, art. 12 (1974).
66. Ley
5753 de Mendoza sobre Plan de Reforestación, arts. 1 y 3 (1991).
67. Ley
3004 de Chubut sobre Régimen de Subsidio Forestal para Inversiones en
Obras de Forestación (1998).
68. Decreto
2987/65 de Mendoza sobre Fomento a la Forestación, arts. 2 a 6.
69. Ley
23.918 aprobando la Convenio sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres, arts. 2 y 3 (1991).
70. Decreto
2148/90 sobre Reservas Naturales EstricTAs, Presidencia de la Nación,
arts. 1 al 8.
71. Ley
1119 de Chubut sobre Conservación de Suelos, art. 6 (1974).
72. Resolución
341/93 de la Secretaría de Energía aprobando el Cronograma y Normas
para el Reacondicionamiento de Piletas y de Restauración de Suelos,
Anexo I, inc. 4.
73. Resolución
475/87 de la Secretaría de Energía sobre EIA para las obras incluidas
en el Plan Energético Nacional, art. 1.
74. Decreto-Ley
6704/63 sobre Sanidad VegeTal, art. 17.
75. Normas
de Procedimiento para Infractores al Dec.-Ley 6704/63, generalidades.
76. Ley
21.695 sobre Sistema de Crédito Fiscal para la Forestación, arts. 1,
2, 3, 4 y 6 (1977).
77. Ley
24.196 de Inversiones Mineras, art. 23 (1993). Ver TAmbién el Decreto
2686/93 Reglamentario de las inversiones mineras, art. 23.
78. Ley
22.428 de Fomento de la Conservación de los Suelos, arts. 9 a 13
(1981).
79. Id.
nota 6 del Capítulo III.
80. Ley
20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, art. 34 (1973).
81. Decreto
155/89 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes,
art. 3 inc. a).
82. Ley
23.919 aprobando la Convenio relativa a los Humedales de Importancia
Internacional, arts. 1 a 4 (1991).
83. Ley
11.477 de Pesca de la Pcia. de Bs. As., art. 12 (1993).
84. Ley
2381 de Chubut de Mamíferos Marinos, art. 1, modificado por ley 2681
(1985).
85. Ley
21.676 aprobando la Convenio para la Conservación de Focas Antárticas,
arts. 1, 2, 3 y 4 (1977).
86. Ley
24.375 aprobando el Convenio sobre la Diversidad Biológica, art. 6
(1994).
87. Ley
24.295 aprobando la Convenio Marco de las N.U. de Cambio Climático,
arts. 2 a 4 (1993).
88. Ley
11.477 de Pesca de la Pcia. de Bs. As., art. 13 (1993).
89. Ley
22.584 aprobando la Convenio sobre Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos, arts. 1, 2 y 5 (1982).
90. Decreto
1998/82 de Mendoza Reglamentario de la ley 4602 de Adhesión a la Ley
Nacional de Conservación de la Fauna, arts. 42 y 43.
91. Ley
2940 de Chubut sobre Conservación y aprovechamiento racional de la
fauna silvestre, art. 1 (1987).
92. Ley
24.295 aprobando la Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático,
arts. 2 a 4 (1993).
