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Democracia paritaria en Buenos Aires: Igualdad entre mujeres y varonespor María José
Lubertino
CIUDADANIA
PLURAL Y MUJERES COMO CIUDADANAS PLENAS:
Buenos Aires cuenta,
desde la sanción de su Constitución, con uno de los cuerpos normativos más
avanzados del mundo en esta materia y, con seguridad, el más progresista de
latinoamerica. Esto es el producto de
un largo camino recorrido por el movimiento de mujeres en la Argentina y el Cono
Sur (1), pero fundamentalmente de las lentas pero firmes articulaciones de las
organizaciones feministas con las mujeres políticas y del trabajo y luchas
compartidas por estas últimas -más allá de sus diferencias partidarias-
durante más de una de década (2). Los avances colectivos
de varones y mujeres hacia la igualdad en nuestra sociedad han sido muchos desde
la recuperación de la democracia, sin embargo muchos de los derechos e
instrumentos políticos y jurídicos consagrados en la nueva Constitución sólo
se explican por la pertenencia y compromiso de varias de las propias
constituyentes al movimiento feminista (3) y por su contacto con otras
experiencias y su información pemanentemente actualizada de la legislación
comparada en esta temática (4). Así, esta Constitución
se enmarca en la línea de reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas
en el contexto de una "ciudadanía plural", donde varones y mujeres
son entendidos como sujetos heterogéneos con dimensiones e intereses diversos
(5). No se las estigmatiza como madres o esposas. Tampoco se establece un catálogo
de derechos de las mujeres como sector o corporación -porque además no lo
somos- sino que se propende a una relación realmente igualitaria de ambos géneros
en todos los ámbitos, respetuosa de las diferencias. Es decir, se pretende
establecer mecanismos que supongan avanzar hacia una democracia paritaria. Por ello se habla de
igualdad real de oportunidades y de trato tanto en el ámbito público como en
el privado, a la que se tenderá a través de "acciones positivas".
Esto supone reconocer la búsqueda de una igualdad de resultados, contestes de
que no alcanza con la igualdad formal ante la ley o la no discriminación
(art.11) ni con la igualdad de oportunidades, puesto que estamos frente a una
situación estructural de desigualdad (6), dada la falta de "igualdad de
partida o de condiciones iniciales" (Sartori). Sin embargo, no se trata
de la búsqueda de una igualdad homogeneizadora -por eso, se garantiza el
"derecho a ser diferente" (art.11)- sino de la equiparación entre
mujeres y varones. Se "equiparan", es decir, "se ponen a la
par", "se hacen pares", "se reconocen como pares", sólo
los distintos, los diferentes, los otros, los no iguales. He allí una de las
claves de la democracia: sólo es real entre los diferentes que se reconocen
pares (7). GENERO
/ PERSPECTIVA DE GENERO Y LENGUANJE NO SEXISTA:
Estos desarrollos teóricos
y sus consecuencias jurídicas son producto de los aportes que los estudios
interdisciplinarios de género y la teoría feminista han realizado en los últimos
veinte años en la observación de la construcción social en relación a ambos
sexos. Entendemos por género,
el "conjunto de características que la cultura adjudica a los hombres y
las mujeres, a la desigual posición jerárquica que les atribuye, y a la manera
en que esta relación de poderes y sus consecuencias quedan enmascaradas, de tal
modo que resultan suscriptas aún por las mismas mujeres que son quienes quedan
en lugares subvaluados y subordinados" (8). Por lo tanto, esta
Constitución en si misma supone partir de una perspectiva de género, en el
sentido de contemplar la variable antes mencionada. Un ejemplo de ello, sin
perjuicio de sus específicos contenidos normativos, lo es el propio lenguaje no
sexista. Así, la Convención
Constituyente de la Ciudad aprobó una resolución que recomendaba utilizar un
lenguaje no sexista en la redacción del texto definitivo. Esto supone un hito
histórico en el constitucionalismo argentino pues hasta ahora todas las
constituciones eran pretendidamente "neutras", utilizándose el
masculino como neutro. Lo valioso de este
debate, más allá de su resultado en el lenguaje, fue la discusión previa
sobre como las palabras son instrumento de poder y, en este sentido,
"pesan" por lo que dicen pero también por lo que omiten o excluyen.
Fue así que, compartiéndose la necesidad de visibilizar a las mujeres como
"ciudadanas plenas", se aceptó que debían utilizarse palabras
autenticamente neutras cuando existieran (por ejemplo: "juventud", en
lugar de decir "los jóvenes"; "persona" o
"personas" en lugar de "el que..." o "los que";
...) o sino expresamente referirse a "varones y mujeres", "niños
y niñas", ... cuando se quisiera englobar a ambos géneros .... Sin embargo, trató de
evitarse que la lectura de esta innovación, todavía no del todo receptada en
los usos y costumbres, se volviera farragosa. Por ello muchas veces se omitió
su utilización aunque hubiera sido congruente (por ejemplo: No se utilizó
"Los y las representantes..." al inicio del Preámbulo y, en el Libro
Segundo, todas las autoridades de la Ciudad sólo se enumeran en femenino y
masculino sólo la primera vez que aparece cada cargo). EQUIPARACION,
ACCIONES POSITIVAS Y POLÍTICAS DE IGUALDAD:
Esta Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires busca la equiparación de ambos géneros tanto en el ámbito
público, a través de acciones positivas en los planos político y laboral,
como cuanto en el ámbito privado, estableciendo igualdad en el ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos y en la familia. Se declaran derechos
paritarios de los ciudadanos y ciudadanas y se los dota de instrumentos para su
defensa –entre otros la acción de amparo (art.14) y la Defensoría del pueblo
(art.137)- pero fundamentalmente aparece obligado el Estado a incorporar la
"perspectiva de género" en todas sus políticas públicas, a formular
participativamente un "Plan de Igualdad" (art.38) y a implementar
"acciones positivas" (arts.11, 36 y concordantes). Si bien la igualdad es
un valor fundamental de las democracias modernas, en nuestros tiempos no es una
realidad plena ni siquiera en las sociedades que se consideran más democráticas.
Una de las razones más
extendidas universalmente para la discriminación es el sexo (biológico) de las
personas y el género (construido culturalmente) sobre las diferencias sexuales. Los Informes de
Desarrollo Humano elaborado por Naciones Unidas demuestran esto con datos. El
Indice de Desarrollo Humano ajustado por paridades de género muestra que
"ningún país del mundo trata a las mujeres igual que a los hombres"
(9). Según la OIT faltarían
473 años, al ritmo que marchamos, para la equiparación de varones y mujeres en
relación al poder económico y político. En el caso argentino,
cuando se considera la variable de género nuestro país cae seis lugares en el
ranking internacional de Desarrollo Humano. Esto se debe fundamentalmente a los
altos índices de mortalidad femenina por razones vinculadas al embarazo y al
parto, a las diferencias en el acceso al trabajo (seis de cada diez desocupados
y siete de cada diez subocupados son mujeres) y laborales (las mujeres perciben
sueldos entre un 27% y un 52% inferiores por el mismo tipo de tareas), ello sin
contabilizar la desigual distribución del trabajo doméstico, el 30% de las
mujeres cabeza de familia, la feminizacion de la pobreza, la violencia doméstica
y su escasa posibilidad de inserción en los lugares de toma de desiciones políticas
y económicas, aún cuando estamos equiparadas en todos los niveles educativos y
a pesar de los indudables cambios que comenzó a significar la "Ley de
Cupos" (10). Partiendo de este
contexto "la demanda de igualdad [...] genera la necesidad de un trato
desigual que toma en cuenta las diferencias" (11). Así, la equiparación a
la que el Estado se compromete deberá tender a garantizar la "igualdad de
acceso" y la "igualdad de partida" (12). No sólo la
"igualdad de oportunidades" sino la "igualdad de trato",
puesto que buscamos una "igualdad de
resultados". Es a este respecto que vienen a
colaborar las acciones positivas o afirmativas o medidas de discriminación
positiva o afirmativa. Son una "estrategia destinada a establecer igualdad
de oportunidades por medio de unas medidas que permitan contrastar o corregir
aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas
sociales. Su finalidad es poner en marcha programas concretos para proporcionar
a las mujeres ventajas concretas" (13). "Una acción
afirmativa consiste en una actuación espacífica en determinado eje temático,
planteada en el marco de las políticas públicas, y puede también ser aplicado
en la actividad privada, en empresas, instituciones de enseñanza, en
organizaciones sociales, políticas, etc." (14). Generalmente son
proyectos operativos con un plazo determinado y resultados tangibles. Son
"un medio para transformar las actitudes discriminatorias que no pueden ser
superadas simplemente con reconocimientos legales o medidas jurídicas de
igualdad ciudadana". Se hacen necesarias si se quiere alcanzar una
"igualdad de condiciones de partida", una igualdad real (15). En sentido similar las
políticas de igualdad "pueden referirse a acciones concretas encaradas
desde algún espacio estatal que apuntan a una mayor igualdad de oportunidades
en áreas o sectores específicos". Son también "el modo como el
estado decide enfrentar globalmente el problema de la desigualdad que afecta a
las mujeres. Nos referimos en este caso a orientaciones generales y acciones
combinadas en la intervención estatal respecto a esta situación" (16). Existe una variedad de
mecanismos y herramientas que los estados han comenzado a poner en marcha en
este sentido. Entre ellos, los planes de igualdad, que pueden ser tanto
nacionales, regionales o locales. "Los planes de
igualdad son un conjunto de objetivos generales, específicos y actuaciones que
el estado prevé desarrollar en un plazo determinado, que cruzan la estructura
estatal al comprometer a diferentes organismos y niveles de la administración pública"
(17). Un Plan de Igualdad es "como un Acuerdo Marco que propone un proceso
de construcción e implementación de políticas concretas orientado por imágenes
de más largo plazo" (18). Así el nuevo Gobierno
de la Ciudad deberá iniciar el debate social y participativo con las
organizaciones no gubernamentales y en cada comuna con los diferentes actores
sociales para la elaboración del "1er. Plan de Igualdad de la Ciudad de Buenos
Aires" (19). MEDIDAS
CONCRETAS Y ORIENTACIONES PARA EL PLAN:
La misma Constitución
consagra la necesidad de "acciones positivas en todos los organismos y
niveles, las que no podrán ser inferiores a las vigentes" (art.36). En las
consonancia, el Poder Legislativo debe legislar en la materia (inciso 7º del
artículo 80) y el Poder Ejecutivo debe adoptar esas medidas "en todas las
áreas, niveles jerárquicos y organismos" (inciso 28 del artículo 104). Así, el propio Estado
de la Ciudad deberá prever los mecanismos para la equiparación de varones y
mujeres en el ingreso, en materia salarial y de trato. Por ejemplo, deberá
preferir en igualdad de condiciones a la candidata o candidato del sexo
subrepresentado en el área o nivel de que trate o deberá prever "jardines
maternales" o regular licencias por enfermedad de los hijos tanto para el
padre como para la madre trabajadora. Acciones positivas
concretas también se incluyen en esta Constitución en forma explícita
referidas a la integración de las listas de candidatos para el Poder
Legislativo, las Juntas Comunales, la integración del Consejo de la
Magistratura por parte de los jueces y de los abogados y la de la lista para el
jurado de enjuiciamiento por parte de los jueces, abogados y legisladores (tal
como surge de la interpretación armónica de los artículos 36, 130, 115 y
121), la de los órganos colegiados que designa o requieren acuerdo de la
Legislatura (por ejemplo, la Procuración General, la Auditoría General, el
Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos, la integración con sus
representantes del Consejo de la
Magistratura -artículos 36, 134, 136, 139 y 115-) y en el Poder Judicial para
la integración de los tribunales vecinales y del Tribunal Superior de Justicia
(Cláusula transitoria décimo segunda, apartado e) y artículo 111). Esto significa un avance
de gran envergadura en relación a la Constitución Nacional que sólo preveía
"acciones positivas" para el Poder Legislativo y para la conducción
de los partidos políticos. Aquí también se estipula la obligatoriedad de los
partidos políticos de adoptar acciones para efectivizar el acceso de las
mujeres a los cargos de conducción, pero se agrega además para acceder
"al manejo financiero" -lo cual anticipa todo un debate sobre el
financiamiento de los partidos políticos y sobre la relación con el dinero de
mujeres y varones- y se aclara "en todos los niveles y áreas"
(art.36). Además, el Estado deberá
promover e incentivar este tipo de medidas de equiparación en las empresas
privadas, como ya hacen otros países del mundo que las declaran
"amigables" ("women friendly") cuando aceptan reorganizar
sus estructuras de personal y salarial para garantizar la igualdad entre los
sexos. La obligación del
Estado de incorporar la perspectiva de género al diseño y ejecución de todas
sus políticas públicas, con particular mención en materia educativa (art.24),
y la elaboración participativa del Plan de igualdad entre varones y mujeres
(art.38) suponen la existencia de un Area de políticas de la Mujer en la
estructura del gobierno que pueda articular transversalmente con las otras áreas
del Gabinete las metas y los compromisos para avanzar hacia la igualdad real. Existen
numerosos antecedentes en Europa y América Latina, tanto a nivel nacional como
municipal, de formulación de políticas públicas con perspectiva de género y
de elaboración de planes de igualdad, como instrumentos estatales con la
intervención de diferentes organizaciones no gubernamentales dedicadas a la temática. Entre algunas de las
indicaciones que se dan para este Plan de Igualdad figura la modificación de
los patrones socioculturales estereotipados, la promoción de las
responsabilidades familiares compartidas, la plena integración de las mujeres a
la actividad productiva, la paridad en el trabajo remunerado, facilidades para
las mujeres único sostén de hogar, la prevención de la violencia en todas sus
formas y de la explotación sexual. En otro orden de cosas,
se consagra el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como
derechos humanos básicos (art.37), lo cual viene siendo una definición de
diferentes instrumentos internacionales de Naciones Unidas, de la cual el
Gobierno Nacional ha hecho reserva desde 1994. Con lo que entendemos estar
reparando esta imperdonable omisión en materia de derechos humanos y ubicar a
nuestra ciudad a la altura del consenso mundial en el tema (20). Especialmente, y más
allá de lo establecido en el capítulo de Salud (art.21, incisos 4 y 5), se
contempla la obligatoriedad de la educación sexual (art.24), el derecho a
decidir responsablemente sobre la procreación, el número de hijos y el
intervalo entre sus nacimientos y la obligación por parte del Estado de amparar
a las niñas y adolescentes embarazadas, garantizando su permanencia en el
sistema educativo (art.38). También, en otro plano,
se establece la igualdad de mujeres y varones como progenitores, la protección
integral de la familia (art.38) y la asunción por parte del Estado de la
responsabilidad indelegable de la educación de los niños y niñas a partir de
los cuarenta y cinco días (art.24), con lo cual se completa la equiparación en
los diferentes órdenes de la vida. CONCLUSIONES:
El avance jurídico es
innegable. Aparecen "nuevos" derechos reconocidos explícitamente y
nuevos instrumentos para garantizar su efectivo ejercicio, robusteciendo la
posibilidad de construir ciudadanía por parte de las mujeres. Sin embargo, el proceso
de real equiparación de mujeres y varones seguirá su lento camino, aún por
parte del propio Estado. Dependerá principalmente del empuje del movimiento de
mujeres y de su conciencia de las herramientas a su alcance, así como también,
de la sensibilidad de género de los funcionarios y funcionarias de turno. Implementar todas estas
acciones supone y contribuye a profundizar la democracia, modernizar el Estado,
instalar la igualdad entre varones y mujeres en la agenda estatal, política y
social, comprometer a los gobiernos y lograr mayor eficiencia en la gestión de
las políticas públicas. Ello requiere una fuerte interacción entre Estado y
sociedad civil que podrá irse dando gradualmente, pero con una permanenete
tensión en estos tiempos, dados la debilidad de las políticas sociales y el
retroceso del Estado de bienestar, sumados a las faltas
de tradición en políticas de igualdad, un Estado de la Ciudad
empobrecido -y, en muchos casos, ineficiente, clientelista o corrupto- y un Area
de la Mujer con dificultades estructurales para actuar horizontalmente con las más
altas esferas del poder. A pesar de estas
complejidades, la existencia de las bases legales para producir los cambios
resulta sumamente alentadora. A partir de allí, las mujeres con conciencia de género
y los varones comprometidos con las propuestas de igualdad, dentro y fuera del
gobierno, iremos articulándonos en proyectos y realizaciones que acerquen
nuestros sueños a la realidad. NOTAS
(1) No podemos dejar de
citar los Encuetros Nacionales de Mujeres, que vienen realizándose anualmente
desde 1986 en forma autoconvocada y horizontal. También han sido decisivos los
Encuentros Feministas Latinoamericas y del Caribe, que se han desarrollo
bianualmente en distinto lugares del continente. (2) En lo que respecta a
las mujeres políticas en particular es imprescindible mencionar la importancia
nacional de la Red Latinoamericana de Feministas Políticas, constituida en 1990
en el V Encuentro Feminista de San Bernardo. Este fue indiscutiblemente el núcleo
motor de la sanción de la "ley de cupos". (Ver: Lubertino Beltrán,
María José. "Historia de la «Ley de Cuotas»" en Cuota mínima de
participación de las mujeres. El debate en la Argentina. Buenos Aires, Fundación
Friedrich Ebert, 1992. También en cuanto a la articulación de las políticas
progresistas en Sudamérica han sido decisivas las reuniones anuales del
"Foro Cono Sur de Mujeres Políticas" auspiciadas por la Fundación
Friedrich Ebert. Asunción (Paraguay), julio 1991. (3) Tal vez la última
experiencia más rica de acción conjunta del moviento feminista y las
feministas políticas haya sido el trabajo de las "Mujeres Autoconvocadas
para decidir en libertad" en 1994 para evitar que se incorporara a la
Constitución Nacional una cláusula que prohibiera definitivamente la posible
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, algunos métodos
de reproducción asistida y otros anticonceptivos. Este grupo generó fuertes
lazos de solidaridad entre las feministas políticas, varias de las que luego
resultaríamos Constituyentes de Buenos Aires. Su trabajo continua para la sanción
pendiente de la Ley Nacional de Salud reproductiva. (Ver: "Las mujeres en
la Reforma Constitucional. Logros, oportunidades y riesgos", en
"Mujeres en Política". Bs. As., Nº 4/5, Diciembre 1994 - Marzo 1995.
p.28. (4) Sin lugar a dudas el
trabajo de relevamiento realizado para las propuestas efectuadas en 1994 a la
Constituyente Nacional (Ver: Lubertino Beltrán, María José "¿Hacia una
Constitución de y para todos y todas?" en Política y Constitución. Comp.Sergio
Labourdette. Bs. As., A-Z, 1994) fueron
la base de la mayoría de los contenidos de este texto de la Ciudad. Pero
creemos que especialmente influyeron la nueva Constitución de Paraguay, la
avanzada normativa paritaria europea -especialmente las recomendaciones y
Programas de la Unión Europea (Ver: Vogel-Polsky, Eliane. "Las acciones
positivas y los obstáculos constitucionales y legislativos que dificultan la
realización en los Estados miembros del Consejo de Europa". Bruselas,
Comité Europeo para la Igualdad entre mujeres y varones, 1989) y la moderna
legislación paritaria de las ciudades alemanas (Ver: Equiparación de la mujer
en Alemania. Comp. María Rigat-Pflaum. Bs.
AS., Fundación Friedrich Ebert, 1993). Obviamente
el Plan de Acción aprobado en la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Naciones
Unidas, Beijing - 1995) dió también un adecuado marco para muchas de las
discusiones y proyectos. (5) Ver: Lubertino Beltrán,
María José "¿Hacia una Constitución de y para todos y todas?" en
Op.Cit., especialmente ps.52 a 77; Bareiro, Line. "Las recién llegadas.
Mujer y participación política" en Estudios Básicos de Derechos Humanos
IV. San José (Costa Rica), Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996;
Mouffle, Chantal "Feminismo, ciudadanía y política democrática
radical" en Debate Feminista ("Política, trabajo y tiempos) Nº 7. México,
marzo 1993; "La construcción de la ciudadanía desde las múltiples
identidades de las mujeres" Coord. Bareiro, Line. Lima (Perú), Foro de
ONGs. sobre la Mujer Beijing ´95, 1995; Provoste, Patricia. "Mujeres
populares y Estado: Entre la tradición y la ciudadanía" en La Construcción
de las mujeres en la política social. Santiago (Chile), Instituto de la Mujer,
1995; Jelin, Elizabeth. "Las mujeres y la cultura ciudadana en América
Latina". Bs.
As., UBA-CONICET, marzo 1996; Jones, Kathleen.B. "Ciudadanía desde una
perspectiva política femenina" (Citizenship in a Woman - Friendly Policy)
en Journal of Women in Culture and Society, vol.15, Nº4, 1990. (6) Ver especialmente el
desarrollo histórico y las características jurídicas de la igualdad de trato
en Vogel-Polsky, Eliane. Op.Cit. ps. 5 a 10. (7) Ver: Amorós Puente,
Celia. Mujer, participación, cultura, política y Estado. Bs. As., Ediciones de
la Flor, 1990. (8) Ravazzola, Cristina.
"Las mujeres y la terapia familiar. La difícil inclusión del contexto Género
en las terapias contextuales", en Sistemas Familiares, Año 6, Nº2. Bs.
As., 1990. Ver también: Fernández, Ana María. La mujer de la ilusión.
Bs.As., Paidós, 1992 y Mujeres en la imaginación colectiva. Una historia de
discriminación y resistencia. Bs.As., Paidós, 1992; Cuarto coloquio
interdisciplinario de Estudios de Género. Bs.As., UBA, 1994. (9) PNUD. Informe de
Desarrollo Humano desde la perspectiva de género. 1995. (10) Ver: Lubertino
Beltrán, María José. "Strategies
used by Women for gaining more political power in Argentina" in Women
Shaping Democratic Change. Bonn, Friedrich Ebert Stiftung, Octubre 1992. (11) Astelarra, Judith.
"La igualdad de oportunidades como condición de la democracia
moderna" en Encuentro Internacional Políticas de Igualdad de
Oportunidades. Santiago
(Chile), SERNAM, 1994. ps. 27-40. (12) Sartori, Giovanni.
Elementos de teoría política. Madrid, Alianza Editorial, 1992, ps.89-99. También,
el capítulo XII "La igualdad" en su Teoría de la democracia 2: Los
problemas clásicos. Bs.
As., REI, 1991. (13) Fundación
Friedrich Ebert y Centro de Documentación y Estudios. Cuota mínima de
participación de mujeres. Discusión y resoluciones del P.S.O.E..
Asunción (Paraguay), 1991, p.11. (14), (15), (16) y (17)
Martínez, Ofelia y Soto, Clyde. "Políticas y Planes de igualdad de
oportunidades: aspectos introductorios" en Grupo Igualdad. Igualdad:
Derecho de todas las mujeres. Obligación del Estado. Asunción (Paraguay), CDE
y Fundación Friedrich Ebert, 1996. ps. 16 a 41. (18) Todaro, Rosalba.
"Igualdad demanda nuevo papel del Estado" en Encuentro Internacional
de Políticas de Igualdad de Oportunidades. Op.cit., ps.112 a 118. (19) Ver nuestro
proyecto en mimeo. Bs.As., Fundación de Buenos Aires, 1995. (20) Ver: Lubertino, María
José. "Los derechos reproductivos en la Argentina" en Segundo Taller
de Investigaciones Sociales en Salud Reproductiva y Sexualidad. Bs.As.,
CENEP/OMS-CEDES-AEPA, mayo 1996 y Mujeres Autoconvocadas para decidir en
libertad. "La libertad de decidir sobre el propio cuerpo". Bs.As.,
agosto 1996. María José
Lubertino
v
Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires por la U.C.R. - Vicepresidenta
de la Comisión Redactora e integrante de las Comisiones de Declaraciones,
Derechos y Garantías y de Políticas Especiales. v
Presidenta del Consejo de la Mujer del Gabinete de la Opsición de la
U.C.R. y del Instituto Social y Político de la Mujer (ONG autónoma y
pluralista). v
Abogada (U.C.A., Medalla de Oro 1983), Diploma Superior en Ciencias
Sociales con especialización en Ciencia Política (FLACSO, 1986) y Profesora
regular asociada en Derecho, UBA.
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