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Introducción:Al
comenzar la década de 1980, el tema de la legitimación ambiental no había
sido abordado por nuestra doctrina jurídica ni llevado a nuestros tribunales
como un tema distinto de la legitimación en general. Nuestras
facultades de derecho nos educaron en el precepto básico del derecho al
proceso, pero también sabíamos que uno de sus límites obvios era que el juez
solo emite su sentencia en presencia de una causa. Los
especialistas en derecho ambiental conocían y comentaban las dificultades que
el requisito del "standing to sue" oponía al afán de los grupos
ecologistas por accionar judicialmente en defensa de intereses ambientales. Ninguna
duda expresaron en 1980 los jueces ni los de la Corte Suprema respecto a la
legitimación de Ricardo Quesada cuando entabló juicio para que la
municipalidad porteña cesase el corte de árboles en la Plaza Grand Bourg. Poco
después, un reclamo del activista ambiental Juan Schröder para evitar la caza
de unos pingüinos fue rechazado en primera instancia por falta de legitimación.
Consintió el fallo, pero buscó el desquite con un reclamo similar. Esta vez
para oponerse a la captura de 14 toninas overas. Su abogado, Alberto Kattan se
presentó conjuntamente con él por parte y el Estado demandado consintió el
fallo de primera instancia en lo contencioso-administrativo que había acogido
el amparo. Un
fallo dictado en esas condiciones no hubiera sentado jurisprudencia en la
materia, porque tampoco había ninguna jurisprudencia sobre la materia que
pudiera cambiarse. Sin embargo su reiterada y explicada difusión generó la
creencia de que había producido un vuelco en la jurisprudencia en materia de
legitimación. Fue
comentado en muchos cursos de distintas materias en todas las facultades de
derecho y lo criticó efusivamente el administrativista Miguel S. Marienhoff que
sólo reconocía a los accionantes un interés simple desprovisto de acción. Este
singular fallo desató una cadena de acciones de amparo para postergar obras y
actividades de gran envergadura calcados sobre su esquema. Consistía en que una
persona, sin invocar un interés ni un perjuicio directo y personal pidiese se
dictase una prohibición de innovar contra una obra o actividad hasta que se
efectuara la evaluación del impacto ambiental. En algunos casos fueron
legisladores, en otro un intendente y, como tales se presentaban, pero siempre
lo hacían en su calidad de individuos y no en nombre de un cuerpo político. En
muchos casos lograban la paralización, con gran preocupación para los
inversores y beneplácito de los émulos de David que lograban la admiración pública
por su proeza jurídica. Resumen del
fallo:
Kattan,
Alberto E y otro c/ Gobierno nacional (Poder Ejecutivo) s/amparo. Nulidad de las
resoluciones S.S. P. 1942 del 13 de diciembre de 1982 y 5O S.S.P. del 3 de
febrero de 1983.
Publicaciones: ED, 105-245, LL 1983-D-575 Juzgado
de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2 cargo del Dr
Oscar Garzón Funes (firme). Fecha:
10/5/83 Normas
citadas: Constitución Nacional de 1853, Artículos 33, 67 incs.16 y 28. Leyes
22.421 de Conservación de la fauna, 22.344 CITES. Resoluciones
S.S. P. 1942 del 13 de diciembre de 1982 y 5O S.S.P. del 3 de febrero de 1983 La
Subsecretaría de Pesca de la Nación dictó las resoluciones S.S. P. 1942 del
13 de diciembre de 1982 y 5O S.S. P. del 3 de febrero de 1983 por las cuales
autorizó a "Sunshine International Aquarium" y "Matsushima
Aquarium" a capturar y exportar 8 y 6 ejemplares de cephacrhynschus
commersonii (toninas overas), respectivamente, entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1983. Alberto
E Kattan y Juan Schroder interpusieron acción de amparo pidiendo se prohibiese
la caza o pesca de toninas overas hasta tanto existiesen estudios acabados
acerca del impacto ambiental y faunístico que dicha caza pudiera provocar
alegando que la captura así autorizada podía resultar, de concretarse, de
importancia suficiente como para alterar el ambiente en que habitan estos
animales, su forma y expectativas de vida por falta de estudios serios sobre el
tema. La
demandada aceptó la legitimación de la actora alegando que "el interés
jurídico que en definitiva se pretende amparar no es solo exclusividad de la
parte actora, sino también de la demandada ..........mucho más interesada que
los actores en proteger el ecosistema, a peces en general y, en particular a los
delfines". Por
su parte, el sentenciante abundó en consideraciones al respecto. En los
considerandos XVII y XVII opinó que: a)
"...el interés jurídico de las personas se protege mediante acciones. Es
decir, para que se abra la vía procesal que resulte apropiada debe demostrarse
un interés jurídico". b)
"El interés simple parece ser considerado una categoría jurídica, pues,
de no ser así, no debería siquiera ser tenida en cuenta por los doctrinarios.
Pero puede ser también que siguiendo una corriente axiomática tradicional se
mencione a los intereses simples sin una razón suficientemente válida desde el
punto de vista jurídico, ya que si la doctrina se ocupa de estos intereses y
los considerara de sustancia jurídica de alguna manera deberían ser
contemplados". c)
"...que el derecho de todo habitante a que no modifiquen su hábitat
constituye ........un derecho subjetivo. En efecto, la destrucción, modificación
o alteración de un ecosistema interesa a cada individuo, defender su hábitat
constituye......una necesidad o conveniencia de quien sufre el menoscabo, con
independencia de que otros miembros de la comunidad no lo comprendan así y
soporten los perjuicios sin intentar defensas". d)
"Si se altera el aire que se respira, el agua que se bebe o la comida que
se ingiere, el afectado directo es cada uno de los potenciales perjudicados. Si
la biosfera se modifica, cada persona verá alterada su forma de vivir, su
existencia estará amenazada o reducida; no se trata de necesidades o
conveniencias públicas, se trata de cada vida afectada y de quienes dependen de
esta persona". e)
"Derecho es, genéricamente, el ordenamiento legal de una comunidad o de
una Nación. Pero si se habla de "derecho subjetivo", debe
considerarse al derecho desde un punto de vista, o con un significado diferente.
Se trata de la facultad de exigir a otro u otros una conducta determinada sea
positiva o de abstención. f)
"Según Ihering "derecho" es un interés jurídicamente
protegido; y se trata obviamente del interés humano que es fundamento y medida
de los derechos y las acciones. Es decir, derecho subjetivo es el poder
concedido por el ordenamiento jurídico, que sirve para la satisfacción de
intereses humanos (conf. Ennecerus-Kipp y Wolff citados por Borda, Guillermo en
"Tratado..." - Parte General, t. 1, p. 37). Aclara el autor citado
que, frente a los derechos subjetivos, existe un deber jurídico de otra persona
o grupo de personas que pueden ser todas las restantes del género humano como,
por ejemplo, en el caso del respeto a la propiedad, a la vida, al honor, etcétera.
En
cuanto al fondo de la litis, considera que : a)
".......la captura......puede resultar depredatoria". b)
"...antes de atrapar un animal de esta especie debe realizarse un serio y
amplio estudio ambiental que, evidentemente, no se ha producido". c)
La anulación de las autorizaciones de caza y pesca otorgadas por a Subsecretaría
de Pesca de la Nación "supone una sentencia de futuro que, por tal motivo
no resulta viable. Sin embargo. por aplicación del principio "iura novit
curia" considero - decía el juez - que puedo anular las resoluciones
permisivas que son las que han provocado la cuestión". En
consecuencia, declaró nulas las resoluciones S.S. P. 1942 del 13 de diciembre
de 1982 y 5O S.S. P. del 3 de febrero de 1983, por las cuales se autorizaba a
"Sunshine International Aquarium" y "Matsushima Aquarium" a
capturar y exportar 8 y 6 ejemplares de cephacrhynschus commersonii,
respectivamente, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1983. Comentario:
Como
la propia demandada aceptó expresamente la legitimación de la parte actora y
consintió el fallo de primera instancia, no puede decirse que haya sentado
jurisprudencia en la materia. Sin
embargo generó la fantasía de que hubiera producido un vuelco en la
jurisprudencia en materia de legitimación. Fue
comentado en muchos cursos de distintas materias en todas las facultades de
derecho del país, citado en casos jurisprudenciales, algunos transcriptos en el
anexo y motivó una copiosa doctrina (Entre otra: Marienhoff Miguel S.:.,
Delfines o toninas y acción popular, ED 105-244, Nuevamente acerca de la acción
popular. Prerrogativas jurídicas. El interés difuso, ED-106-922 y La
legitimación en las acciones contra el Estado, LL 1986-C-899 y. Acad.Nac. de
Ciencias Morales y Políticas, XV, 1986;Cano, Guillermo J., Un hito en la
historia del derecho ambiental argentino, LL, 1983-D-568. Ambos
actores continuaron accionando judicialmente y exhortando a la defensa de
valores ambientales. Alberto E Kattan como abogado hasta su temprana muerte en
1983. El
fallo no sentó jurisprudencia, pero logró el mismo o mayor efecto que si la
hubiera sentado. Copyright © elDial.com - editorial albrematica |
