Programa Pan Americano de Defensa y Desarrollo de la Diversidad Biológica, Cultural y Social - asociación civil

Equidad y solidaridad

 

Arriba • Procedimiento ante la C P Intal • Una política de la memoria • Territorio Wichí • Patentar Indios... • Derechos económicos básicos • Equidad y solidaridad • El juego del ultimátum • F.S.M. Conclusiones

 

 

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Equidad, carácter contributivo y solidaridad  (*)

Por Walter F. Carnota

 

I - DE LA SEMANTICA A LA ONTOLOGIA CONSTITUCIONAL

 

Plantearse, dentro de nuestra dolorosa realidad cotidiana, la solidaridad, la contribución y la equidad en la materia previsional, bajo el prisma que la Constitución Nacional impone, obliga “ex ante”, a realizar ciertas precisiones terminológicas para así estar en mejores condiciones de aventar desinteligencias conceptuales.

El gran mal argentino actual del incumplimiento de las normas jurídicas generales, como la Constitución, los tratados y las leyes, o individuales, como las sentencias y los contratos, no sólo se explica por factores del entorno ambiental. Centralmente, hay en nuestro medio una “devaluación de la palabra”, que torna propicia la existencia de múltiples discursos sobre un mismo fenómeno.

Dos de los vocablos que aquí nos convocan : “solidaridad” y “equidad”, son prueba acabada de tal uso bastardo del lenguaje.

En marzo de 1995, se promulgó la trístemente célebre “ley de solidaridad previsional”. Ya en ese entonces, denunciamos la trampa semántica que tal denominación encerraba. En efecto, dijimos por entonces (1) que “la concepción de solidaridad que anima a la ley...no es la tradicional que se ha barajado en esta disciplina. Históricamente, en seguridad social la solidaridad importó una concepción ‘inter-generacional’: los actuales trabajadores activos sufragaban con su aporte a los pasivos, y así sucesivamente. Por el contrario, la solidaridad aquí mentada se circunscribe pura y exclusivamente al universo de los presentes jubilados”.

Otro tanto ocurre con la “equidad”, de aquilatada raigambre tanto histórica como filosófica (la “epikeia” griega y la “aequitas” romana).

La equidad remite a la justicia del caso concreto, a mitigar el rigorismo de una solución general y omnicomprensiva que prescinde del dato individual.

Para desenmascarar estas perversiones en el uso de los vocablos, debemos recurrir a la interpretación constitucional, etapa previa a la del control o inspección de constitucionalidad (2), mecanismo que torna operativo al principio de supremacía constitucional (3).

La Constitución no va a definir por sí misma estas nociones. Pero la norma de base nos va a suministrar el contexto, el marco y el ámbito donde estas ideas deben moverse, y descartar otros escenarios hermenéuticos alternativos.

 

 

II - ¿HAY UN PROGRAMA CONSTITUCIONAL SOCIAL?

 

Una de las principales falacias del discurso jurídico economicista (“law and economics”) ha sido pretender que el texto constitucional es indiferente o neutro a un determinado programa social.

Ya la Constitución originaria de 1853-1860 contenía un orden económico determinado, representado fundamentalmente por el ideario alberdiano de la prevalencia de las libertades económicas clásicas. La famosa norma del ex art. 67 inc. 16 (actual art. 75 inc. 18), rotulada por la doctrina como “cláusula del progreso”, es -en este sentido- emblemática.

Podemos afirmar, entonces, que ya la Constitución histórica contenía una “constitución económica”, es decir, un modo de ordenación de los recursos humanos y materiales del Estado.

Craso error es argüir que el constitucionalismo clásico era aséptico en punto a las relaciones económicas. La pretendida neutralidad escondía “per se” una toma de posición.

El agregado del art. 14 bis realizado en 1957 (4) configuró la aceptación de un “constitucionalismo social de mínima”, que encima aparecía impugnado inicialmente por los defectos formales de dicha revisión constitucional, que hizo caso omiso -al darse en época “de facto”- del mecanismo consagrado por el art. 30.

Hubo, y es lícito rendir homenaje en tal sentido, valiosos aportes de parte de los autores (5) tendientes a convalidar, desde lo sociológico y desde lo axiológico, al precepto de marras.

Precisamente, una de las grandes contribuciones de la empresa reformista de 1994 fue tomar como punto de partida o de arranque al art. 14 bis, y mejorarlo con disposiciones que entendemos complementarias (art. 75 incs. 19, 22, 23 y cc., C.N.). 

 

III - LA DISQUISICIÓN SOBRE LA MOVILIDAD PRESTACIONAL

 

Como se recordará, el enunciado del art. 14 bis nos habla de “jubilaciones y pensiones móviles”.

Precisamente, una de las líneas argumentales de la Corte Suprema de Justicia en la causa “Chocobar” (sentencia del 27 de diciembre de 1996, Fallos:319:3241) fue invocar las cláusulas de los documentos internacionales de derechos humanos dotados de jerarquía constitucional, para relativizar el concepto de movilidad, lo cual despertó la crítica científica (6).

Pero otro de los pretextos empleados fue la ausencia de definición del concepto de movilidad en sí mismo. Si bien lícito es reconocer la textura abierta del precepto, las referencias que la mayoría de “Chocobar” trae a colación son fragmentarias y aisladas. Ya dijimos en su oportunidad (7) que “si bien, entonces, de la gramaticalidad del segmento ‘jubilaciones y pensiones móviles’ no se desprende directamente el método a seguir para alcanzarla, la discusión de los constituyentes indica que se tuvo en cuenta decisivamente el factor costo de vida para su inclusión. Volvemos a repetir que no fueron referencias aisladas, sino que articulaban el pensamiento de la Comisión respectiva. Estos señalamientos fueron con posterioridad redondeados por la jurisprudencia de la Corte que delineó el principio de la razonable proporcionalidad”.

A partir de “Chocobar”, el Alto Tribunal desacopló o desenganchó el haber de pasividad, con el correlato que había existido en la actividad. Declaró en soledad la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 24.463 en cuanto los índices fijados por la autoridad administrativa se habían revelado estáticos, y los sustituyó por una elaboración porcentual de neto corte pretoriano.

Pero, lo más grave del caso, es que a partir de “Heit Rupp, Clementina” (sentencia del 16 de septiembre de 1999, Fallos:322:2226), el Tribunal entendió que quedaba en manos del Congreso el establecimiento de la movilidad en los términos del segundo párr. del art.7 citado.

La inmovilidad verificada a partir de marzo de 1995 ha llevado a algunos tribunales a declarar la inconstitucionalidad por omisión, debido a la mora en que incurrió el Congreso por espacio de más de siete años (8).

 

IV - EL IMPACTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994

 

Si alguna duda cabía acerca de una estructuración de un régimen socio-económico de la Constitución bajo la vigencia de la Constitución primigenia, la misma fue efectivamente disipada con la actuación y el resultado de la Asamblea Constituyente de Santa Fe-Paraná de 1994.

Dentro de nuestra literatura especializada, ha sido Germán J. Bidart Campos quien ha insistido en los últimos tiempos con particular énfasis (9) en la existencia de dicho sistema socio-económico.

Esquemáticamente, diremos que este autor ha procurado demostrar que la hacienda pública no es una isla dentro del universo jurídico, sino que sus previsiones se hallan sujetas a determinadas pautas constitucionales.

 

Bidart Campos asigna trascendencia a los diversos incisos del art. 75, que versa sobre las competencias congresionales. En especial, subraya la ligazón existente

entre el inc. 8 con el inc. 2, relativo a la potestad tributaria. Así, en este último precepto, encontramos parámetros en cuanto a la coparticipación federal de impuestos, cuyas notas singulares -entre otras- van a estar dadas por la equidad, la solidaridad y el grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio. Esas pautas, expresa Bidart Campos, se filtran por expreso reenvío a la ejecución presupuestaria.

Ello sirve para comprender, en la materia específicamente previsional, que mecanismos tan bizarros y exóticos como la apodada “excepción de falta de recursos” contemplada por el art. 16 de la ley 24.463 deben siempre respetar las debidas prioridades constitucionales (10).

Y también ello debe ayudar a comprender que las nociones de solidaridad y de equidad no se agotan en una visión puramente financiera, que las desnaturaliza hasta vaciarlas de contenido. Ambas ideas (solidaridad y equidad) se imbrican en el proyecto social de la Constitución reformada en 1994. El contenido que se les asigne a esos conceptos no puede desgajarse de un plan constitucional que en un plano vertical se encamina hacia la optimización de los derechos sociales, y no a su efectiva destrucción.

 

V - SOLIDARIDAD Y EQUIDAD HORIZONTALES 

 

Repárese que las aludidas coordenadas de solidaridad y de equidad en materia previsional no sólo funcionan en un eje vertical, es decir, según la calidad de la prestación que otorgue el sistema de seguridad social.

Nuestros temas, asimismo, son aptos o idóneos para ser analizados en clave horizontal, o sea, teniendo en cuenta la dimensión territorial o espacial del Estado.

Partimos del presupuesto ineludible de la forma federal de Estado, consagrada de manera explícita por la Constitución Nacional (arts.1, 5, 31, 121  y cc.). El reconocimiento de esa tipología estatal, lejos de constituir una fórmula vacía de contenido práctico, conlleva enormes implicancias concretas.

Una de esas concreciones se visualiza a la hora de tener que analizar la temática de las cajas previsionales provinciales y profesionales. En efecto, una lectura estática del art. 14 bis podía llevar a la errónea postulación de la eventual centralización administrativa de la seguridad social, dado que la regla en examen parece diferir a la legislación la opción respecto de “entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica”.

Podía parecer, entonces, que quedaba en manos del órgano Congreso disponer una u otra manera de plasmar la organización administrativa de la seguridad social. Reforzaba la interpretación “unitaria” la redacción agregada al ex art. 67 inc. 11 por la misma reforma de 1957, al facultar al Legislativo Nacional el dictado del “Código del Trabajo y de la Seguridad Social”. Sin perjuicio del significativo silencio que guardaba sobre el punto el ex art. 108 constitucional , daba la impresión que una política pública previsional nacional podía válidamente ser ejercitada por un solo ente con alcance para todo el territorio argentino.

Durante los debates de la Convención Constituyente de 1994, se planteó la necesidad de preservar a los organismos provinciales y profesionales de la previsión, para que quedasen claramente delimitados los roles de los diversos niveles de gobierno en esta cuestión.

En tal sentido, en junio de 1994, en el seno de la Comisión de Competencia Federal se advirtió con claridad esta problemática. La convencional constituyente por Córdoba Blanca L. Roqué, presidenta de este II Congreso Argentino de Previsión Social, manifestó que devenía imprescindible “reafirmar constitucionalmente las facultades que ya tienen las provincias, que de alguna manera han sido convalidadas por la jurisprudencia y por las respectivas constituciones provinciales para establecer sistemas de previsión social”. La legisladora constitucional bregó, además, por las cajas de profesionales, en cuanto resulta “conveniente proteger a través de estas disposiciones constitucionales la vigencia de estas instituciones, que tienen una larga trayectoria en la República a partir del año 1920 aproximadamente, con la creación de las cajas forenses de la provincia de Buenos Aires y distintas cajas de profesionales a lo largo y ancho del país hasta el presente, que han dado realmente pruebas de ser verdaderas instituciones de protección y de asimilar para sus beneficiarios el verdadero concepto de la seguridad social”.

El lenguaje constitucional utilizado en el nuevo art. 125 significó, como bien puntualiza la profesora Gelli, el hecho de que “ante las políticas privatizadoras en materia de seguridad social que se desarrollaron en la República Argentina en la década del ´90, las provincias y la ciudad de Buenos Aires lograron asegurar el mantenimiento de sus

organismos de atención de aquellos fines así como las llamadas Cajas de jubilaciones de los profesionales” (11).

Ello no excluye, claro está, las articulaciones que demande tanto el incipiente derecho de la integración, como el federalismo de concertación.

Han sido precisamente los autores oriundos de esta Provincia, de la pluma de constitucionalistas de la talla de Pedro J. Frías y de Antonio María Hernández (h), quienes pacientemente han elaborado esta noción del federalismo concertado (12), que incluso encontró consagración normativa en el art. 16 de la Constitución provincial de 1987  (13).

 

VI - ¿OTRA  NUEVA REFORMA PREVISIONAL  MAS?  

 

Por medio del dictado del decreto 1934/02 (B.O., 1-X-02, p.3),, el poder ejecutivo nacional decidió establecer, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, una Comisión Especial para la Reforma del Régimen Previsional.

A nadie escapa que otra reforma previsional requiere de una vasta legitimidad política (de difícil logro en un tiempo de transición como el actual),, puesto que está destinada a la regulación estructural de las relaciones sociales y no para la coyuntura cotidiana.

Por lo demás, el decreto nombrado es ciertamente poco claro, dado que por un lado en uno de sus fundamentos se evoca la existencia de consenso social suficiente sobre la problemática en cuestión (así, en su primer considerando), mientras que por otro se convoca al flamante ente a que arrime apoyo a la iniciativa, generando consensos sobre algo que se daba por supuesto (consids. cuarto y quinto, ídem).

Al inicio del decreto, se habla de un consenso para modificar al régimen previsional , “que lo torne más eficiente, equitativo y solidario, en el marco de los principios generales de la Seguridad Social”.

La Secretaría de Estado de Seguridad Social ha manifestado en sentido concordante la necesidad de elevar el debate en este rubro, convirtiendo a la Seguridad Social en “cuestión de Estado”, escuchando a todos los sectores involucrados. También se ha insistido con la extensión de la cobertura (“universalidad”, “integralidad”), sobre los apuntados pilares de equidad y solidaridad. Todo ello es altamente compartible.

 

VII - LINEAS DIRECTRICES DE LOS DOCUMENTOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

 

Empero,, la norma también alude a tomar como punto de partida  las elaboraciones de la Oficina Internacional del Trabajo (sic) y de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, cuyos diagnósticos configurarán “base objetiva para el inicio de los trabajos”de la Comisión..

Cabe señalar, de comienzo, que los documentos emanados de organismos internacionales tienen un valor jurídico importante.

En lo que a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere, recordemos que hubo voces durante el proceso de revisión de 1994  -como la del convencional Pedro Kesselman- que bregaron sin éxito a favor de la “jerarquía constitucional” de sus tratados.

Más allá de este criterio de máxima, es de tener en cuenta que, a la luz de las prescripciones del nuevo art. 75 inc 22 C.N., todo tratado  (aunque no sea de derechos humanos, y sin tener raigambre suprema por no darse los requisitos contenidos en la norma) por el hecho de ser tal tiene predominio por sobre la ley interna.

Se finalizó así con una ardua polémica de nuestro derecho judicial acerca de cuál dispositivo prevalecía, tomando como referencia al precedente de Fallos:315:1492.

Obviamente, los informes y recomendaciones de la OIT distan mucho de ser tratados. Pero, a criterio de algunos, estos reportes pueden llegar a constituir “soft law”, es decir, un derecho de menor eficacia pero en alguna medida vinculante (14).

A mediados de año, la aludida OIT (por su lado, la O.I.S.S. produjo un informe orientado centralmente hacia la recaudación previsional) elaboró un documento, bajo el título de “Diagnóstico Institucional del Sistema Previsional Argentino y pautas para enfrentar las crisis”.

Nos detendremos en el reporte de la OIT dado que contiene reflexiones que estimamos de interés para este abordaje constitucional previsional.

De comienzo, diremos que sus consideraciones y conclusiones distan bastante -a nuestro modesto juicio-  de respetar el modelo constitucional existente en nuestro país sobre la materia.

Se sostiene, por ejemplo, a la hora de evaluar la litigiosidad en los asuntos previsionales, que hay una postura (nucleada en las asociaciones de jubilados y en los abogados previsionalistas) que propugna (como si fuera censurable) que “los jueces deben aplicar la ley” (sic). Postula una autodenominada “posición crítica”  -en coincidencia con la Secretaría de Estado de Seguridad Social y la Administración Nacional de Seguridad Social- que giraría básicamente sobre estos ejes: a)indefinición de la movilidad prestacional en la “breve referencia” que efectúa sobre el punto el art. 14 bis; b) los jueces competentes son “laboralistas no expertos en Seguridad Social” que han demostrado un “sesgo favorable” a los jubilados y en contra del régimen; c) se ha aplicado la ley “de manera estricta y rígida”;d) hay una diferenciación entre el jubilado de altos ingresos que puede afrontar los gastos del patrocinio judicial, y quienes no lo pueden solventar; e) no se suelen imponer las costas a los peticionarios, entre otros argumentos. Termina señalando esta parte del informe que en los últimos tiempos se han suscitado “nuevas reclamaciones”.

En materia de organismos previsionales provinciales, se va a propiciar una “progresiva unificación, homologación e integración al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones o su reforma para hacerlos viables a largo plazo”, dado que el objetivo es “reducir las diferencias notables entre los haberes del SIJP con los haberes de las provincias transferidas, así como de los regímenes privilegiados y especiales, estableciendo un tope máximo

para todos los regímenes previsionales existentes en la nación y las provincias”.

Se concluye que en la medida en que no se adopten las acciones por las que aboga en el respectivo capítulo financiero, no se podrá “resolver el problema de la erosión de las prestaciones y su poder adquisitivo”, lo cual dependerá en bastante grado de un “proceso sólido de recuperación económica”.

Hemos extractado solamente las porciones relevantes a la temática de este panel, sin perjuicio de destacar que el meollo del referido informe se vincula con el arduo problema del financiamiento de la seguridad social.

De todos modos, consideramos que el tema de la movilidad prestacional no se soluciona con críticas indiscriminadas hacia la administración de justicia, que en la propia confesión de estos expertos no ha hecho otra cosa que “aplicar la ley” (como si fuera ello incorrecto), o en acentuar el ya existente proceso de desfederalización entre nosotros.

No se puede dejar de coincidir en la proclamada necesidad de sanear las cuentas del sistema, o de evitar las profundas distorsiones que exhibe el mismo.

Pero el análisis realizado parece prescindir de la forma republicana de gobierno, uno de cuyos pilares es la división de los poderes del Estado, y de la forma federal del mismo.

Se plantea críticamente el apego estricto a la ley, y un hipotético prejuicio en favor del reclamante, en homenaje al paradigma de la “realidad económica”.

¿Hubiéramos estado mejor si la “ley” no se hubiese aplicado? ¿A qué “ley” nos referimos? Hace nueve años que se van produciendo sucesivas reformas legislativas (leyes 24.241, 24.463), innumerables proyectos y diseños

legislativos, todos bajo el mismo tono, techo ideológico y línea argumental, y no se logra evitar la tan omnipresente litigiosidad.

Ya lo dijimos el año pasado en este mismo foro: la litigiosidad en seguridad social es “autoinducida” (15). 

Son las agencias previsionales quienes de manera “jurídicamente creativa” tendrán que ir remediando la explosión de juicios previsionales (16), pero ello no se podrá lograr nunca -a nuestro modesto ver- apartándose de la Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes (17).

Plantear la equidad y la solidaridad dentro de un sistema  que ha sufrido las hemorragias de la capitalización, de las transferencias de Cajas y de la reducción de aportes y contribuciones es una verdadera falacia. La solidaridad y la equidad deben registrarse de cara a la sociedad en su conjunto y dentro de las jerarquías axiológicas que la Constitución manda y ordena.

La hacienda pública no se autovalida, sino que deberá estar en función de los parámetros axiales fijados oportunamente por el poder constituyente (18). Sólo así habrá equidad y solidaridad dentro de un esquema contributivo.

 

 

 

N O T A S  

 

(1):Así, cuando el art.1, inc.1, de este cuerpo legal indica que “Los sistemas públicos de previsión de carácter nacional son sistemas de reparto asistido basados en el principio de solidaridad”. Conf. Carnota, Walter F., “Ley de Solidaridad Previsional Comentada”, Buenos Aires, 1995,   p. 15

 

(2):Para Bidart Campos, “tanto cuando en función de control

constitucional se desemboca en la decisión de que una norma infraconstitucional es inconstitucional, cuando en el caso de que se declare conforme a la constitución, se ha realizado interpretación constitucional, en el plano superior de la constitución y en el inferior de la infraconstitucionalidad”. V.:Bidart Campos, Germán J.,”Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, tomo I-A, Buenos Aires, 2000, p. 394.

 

(3):V.:Gelli, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina Comentada”, Buenos Aires, 2001, p.256, quien argumenta que el control se deriva de una interpretación de los arts. 31 y 116 C.N. Sobre el carácter “implícito” de este procedimiento, ver Bianchi, Alberto B., “Control de Constitucionalidad”, tomo I, Buenos Aires, 2002, p.29. .

 

(4):Bien se ha hecho alusión de que la norma del art. 14 bis fue  “una suerte de transacción entre una tendencia partidaria de mantener la redacción original de la Constitución y otra que deseaba una nueva formulación institucional” y que importó “la concreción de una confluencia reformista, pero no revolucionaria”. Conf. Sagüés, Néstor P., “Constitucionalismo Social”, en AA.VV., “Tratado de Derecho del Trabajo” (Antonio Vázquez Vialard, Director), tomo II, Buenos Aires, 1982,p. 770.

 

(5):En esa línea ver, por ejemplo, Bidart Campos, Germán J.,  “Principios constitucionales del derecho del trabajo (individual y colectivo) y de la seguridad social en el art. 14 bis”, en T.y S.S. 1981-484.

 

(6):Por ejemplo, Carnota, Walter F., “ ‘Chocobar’: Una muy opinable doctrina en relación con los documentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”, en Revista Contextos núm.1, Buenos Aires, 1997, p. 363 y ss.; Abregú, Martín , quien llega a calificar al prisma hermenéutico aquí usado por el Tribunal como “interpretación bastarda”, conf. su “Introducción”, en Abregú, Martín y Courtis, Christian, “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales”, Buenos Aires, 1997, p. 20 y ss..;Gelli, María A., “Constitución...”, op.cit., p 122., quien agudamente allí no deja de advertir el perfil netamente paradojal del pronunciamiento, en la medida en que “los tratados de derechos humanos, ingresados para otorgar una mayor protección han servido, en este caso, para restringir el alcance de los derechos jubilatorios”.

 

(7):V.:Carnota, Walter F.,”¿Es la movilidad previsional un concepto constitucionalmente indeterminado? (Lecciones de la Teoría Constitucional después de ‘Chocobar’”, en E.D. 175-898.

 

(8):Cámara Federal de la Seguridad Social Sala II,, “Gómez Librado, Buenaventura”, sentencia del 15 de julio de 2002, publicada en “Revista de Jubilaciones y Pensiones” XII-410,   bajo nuestra glosa, “La inconstitucionalidad por omisión en materia previsional”, íd., ps. 313/314.

 

(9):La bibliografía de este autor sobre el punto ha sido copiosa y extensa en los últimos años. Así, ver Bidart Campos, Germán J., “El orden socioeconómico en la Constitución Nacional”, Buenos Aires, 1999;ídem, “El orden socioeconómico, la Constitución y los derechos humanos”, en AA.VV., “La Constitución Real (Enfoques Multidisciplinarios)”, Buenos Aires, 2001, p. 25; ídem, “La Constitución Económica (Un esbozo desde el derecho constitucional argentino)”, en “Cuestiones Constitucionales” (Revista Mexicana de Derecho Constitucional), número 6, México, enero-junio de 2002, p.3, y también en J.A., número especial, 5 de junio de 2002, p.2. 

 

(10):V.:Bidart Campos, Germán J., y Carnota, Walter F., “Economicismo, Constitución y Seguridad Social”, en “La Ley” 1997-D-226.

 

(11):V. :Gelli, María Angélica, “Constitución...”, op. cit, p. 760.

 

(12):V:Frías, Pedro J., “El proceso federal argentino (De la decadencia a la recuperación)”, Córdoba, 1988, p. 26, entre otros. Para una noción aproximada en el derecho constitucional comparado actual, véase Cameron, David, y Simeon, Richard, “Intergovernmental Relations in Canada:

The Emergence of Collaborative Federalism”, en “Publius” (The Journal of Federalism), vol.32, núm.2, Eastron, primavera de 2002, p. 49 y ss.

 

(13):V.:Frías, Pedro J. y otros, “La Constitución de Córdoba Comentada”, Buenos Aires, 2000, p.18.

 

(14):O sea, un derecho prácticamente “sin mordiente” (“with no bite”).

(15):V. Carnota, Walter F., “La litigiosidad previsional autoinducida como disvalor constitucional a rectificar”, pomencia oficial presentada al Ier. Congreso Argentino de Previsión Social, Libro de Ponencias, Buenos Aires, 2001, p.5.

 

(16):V.:Carnota, Walter F., “Las acciones de clase en el procedimiento previsional”, en L.L. 2001-D-1202.

 

(17):V.:Nino, Carlos S., “Un país al margen de la ley”, Buenos Aires, 1992; Hernández (h), Antonio María, “Las emergencias y el orden constitucional”, Buenos Aires y Santa Fe, 2002.

 

(18):Esa línea parece haber seguido el Alto Tribunal en “Tobar, Leonidas” (sentencia del 22  de agosto de 2002). Conf. Carnota, Walter F., “La remuneración del sector público como propiedad constitucionalmente protegida”, en L.L. Suplemento Especial del 27 de agosto de 2002, p. 1 y en D.T. 2002-B-1852; ídem,. “Acotar las emergencias”, en www.eldial.com, suplemento del 27 de agosto de 2002; Bidart Campos, Germán J.,”La Corte enseña que la política económica está por debajo de la Constitución”, en L.L. Suplemento de Derecho Constitucional, 18 de octubre de 2002; Palacio de Caeiro, Silvia B., “Las emergencias económicas ¿Custodios o verdugos del orden constitucional y de la sociedad argentina?, en L.L. Columna de Opinión, 18 de octubre de 2002, p.1. Otros critican el fallo: veáse, por ejemplo, De Pablo, Juan Carlos, “Sesgo inflacionario de la Corte Suprema de Justicia”, L.L. Columna de Opinión, 23 de septiembre de 2002, p.1.

 

(*)Ponencia Oficial presentada ante el II Congreso Argentino de Previsión Social, ciudad de Córdoba, noviembre de 2002.

   

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