Un estudio sistemático de los casos de biopiratería debería ser dispuesto por la Reunión de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, que es el órgano que tiene a su cargo el deber de velar por la defensa de la diversidad biológica y del conocimiento tradicional asociado a ella.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial y la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales deberían estudiar y proponer sistemas de monitoreo tendientes a identificar y denunciar los casos de biopiratería.

La FAO y el FIDA deberían asumir la responsabilidad de revisar los casos de abusos registrados contra los agricultores y productores rurales en esta materia.

Las patentes que puedan involucrar germoplasma que es del dominio público bajo los términos del acuerdo de 1994 entre el Grupo Consultivo de Investigación Internacional Agrícola (CGIAR) y la FAO, deberían ser investigadas sin dilación para asegurar la integridad de la reserva pública excluida de la propiedad intelectual.

Las comunidades locales y pueblos indígenas deberían ser estimulados y asistidos para el registro internacional de sus conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos domesticados desde antiguo por ellos mismos. Tal registración debería operar inhibitoriamente respecto de las solicitudes de patentamiento u otro modo de apropiación privada.

Tales recursos deberían ser expresamente excluidos de la esfera de acción del WTO/OMC TRIP’s.

Los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales deberían dedicar serios y urgentes esfuerzos a estudiar el impacto y los efectos que la propiedad intelectual sobre los recursos genéticos y su conocimiento asociado podrían ocasionar sobre el desarrollo de las economías y culturas locales, y difundir las leyes y cuestiones involucradas, antes de gestionar y permitir los contratos de acceso a los mismos.

El conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos ha sido gestado y practicado ancestralmente por los pueblos indígenas, y no es apto para ser protegido por derechos de propiedad intelectual vigentes, ni por sus características ni por su naturaleza comunitaria, por ello debería ser desarrollado -con el apoyo de las modernas tecnologías- en beneficio y de acuerdo con la gestión de quienes lo proveen y de la sociedad en general.